Rescate de Grecia: un callejón sin salida

“Para superar una situación potencialmente catastrófica, evidente por el hecho de que Grecia necesita imperiosamente un segundo plan de rescate, el ministro alemán de Economí­a, Wolfgang Schí¤uble, ha propuesto que los tenedores de bonos griegos prorroguen su vencimiento durante siete años. La sugerencia ha excitado el debate institucional. Bruselas y el BCE solo son partidarios de un aplazamiento si los titulares de la deuda lo aceptan voluntariamente.”

La realidad es que Grecia, los aíses de la eurozona y el BCE se han quedado sin opciones. Los planes de rescate, tal como están formulados, son un fracaso: obligan a políticas económicas restrictivas que obstaculizan el crecimiento económico, imponen plazos perentorios para volver a la estabilidad presupuestaria y comprometen a los países rescatados a pagar intereses próximos a los de mercado. Además, provocan conflictos políticos de cierta virulencia, puesto que los ciudadanos se niegan a aceptar recortes en servicios básicos. Por eso era urgente, ya desde finales de 2010, que tales condiciones fueran modificadas; urgencia que Alemania y Francia se han negado a reconocer. (EL PAÍS) EL MUNDO.- El que esté libre de culpa, que tire la primera piedra, así que han decidido bajar el diapasón. El presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy, acordó el pasado martes con la vicepresidenta segunda, Elena Salgado, evitar que se viertan críticas a las cuentas autonómicas que siembren desconfianza en los mercados. Según fuentes del PP, Rajoy ni ha hablado hasta ahora, ni hablará de déficits ocultos, ni avalará declaraciones de dirigentes de su partido que provoquen alarma injustificada, porque coincidió con Salgado en que todas las comunidades autónomas están atravesando una situación difícil, pero que ninguna llega al problema de Grecia. LA VANGUARDIA.- La derecha democrática española, esa que ha asumido que el entendimiento con el nacionalismo catalán es imprescindible por la coincidencia en el modelo socioeconómico, desea vivamente que CiU y el PP establezcan estrechas relaciones de colaboración. Y que Mariano Rajoy, con sinceridad, estudie y negocie un pacto fiscal con Catalunya que le ofrezca suficiencia financiera en la medida en que esta es garantía de cohesión e integración. La concepción moderada de la política española es más posible ahora, cuando la izquierda parece haberse sumido en una crisis total, en Catalunya y en el resto de España. Se está fraguando entre los conservadores la convicción de que una Catalunya sana en lo político y en lo económico es fundamental para el conjunto de España. Hacía falta que el PP creciese en tierras catalanas. Hay que admitir que lo ha logrado y, al conseguirlo, la colaboración con CiU es factible una vez que las heridas recíprocamente infligidas están en fase de cicatrizar Editorial. El País Callejón sin salida La crisis griega se ha convertido en un auténtico callejón sin salida para las instituciones de la zona euro. Para superar una situación potencialmente catastrófica, evidente por el hecho de que Grecia necesita imperiosamente un segundo plan de rescate (no podrá acudir a los mercados de dinero en 2012 y solo dispone de liquidez para 2011), el ministro alemán de Economía, Wolfgang Schäuble, ha propuesto que los tenedores de bonos griegos prorroguen su vencimiento durante siete años. La sugerencia ha excitado el debate institucional. Bruselas y el BCE solo son partidarios de un aplazamiento si los titulares de la deuda lo aceptan voluntariamente, mientras que Berlín sostiene que los acreedores están obligados a colaborar. Los mercados han reaccionado disparando el diferencial de deuda de Portugal e Irlanda y las agencias de rating pronostican ventas masivas de títulos de ambos países, causadas por el miedo a que sean incapaces, como Grecia, de cumplir con los ajustes pactados. La realidad es que Grecia, los países de la eurozona y el BCE se han quedado sin opciones. Los planes de rescate, tal como están formulados, son un fracaso por razones que se han expuesto con insistencia: obligan a políticas económicas restrictivas que obstaculizan el crecimiento económico, imponen plazos perentorios para volver a la estabilidad presupuestaria y comprometen a los países rescatados a pagar intereses próximos a los de mercado por las inyecciones de liquidez que reciben. Además, provocan conflictos políticos de cierta virulencia, puesto que los ciudadanos se niegan a aceptar recortes en servicios básicos. Por eso era urgente, ya desde finales de 2010, que tales condiciones fueran modificadas; urgencia que Alemania y Francia se han negado a reconocer. En el caso de Grecia, la situación es tan grave que las soluciones se limitan prácticamente a una quita del principal de lo adeudado (nada menos que 146.000 millones de euros, gran parte en manos de bancos europeos, principalmente alemanes, que sufrieron ayer las consecuencias en el Eurostoxx) o una prórroga de los vencimientos. La primera opción equivale (así lo entenderían los acreedores) a un impago; la segunda es el mal menor. Evita que Europa se vea obligada a inyectar más dinero en Grecia (lo cual complace a Alemania) y aleja el riesgo de una quita, puesto que el aplazamiento implicaría una prima. Pero también tiene riesgos. Los acreedores confirmarán que los planes de rescate no funcionan y encarecerán la financiación de todos los países que orbitan en la zona financiera gris de Europa. Que son casi todos, con excepción de Alemania, Holanda, Francia y quizá Finlandia. Las evidencias se imponen; los gobiernos de la eurozona han de admitir que los rescates tienen que ser reestructurados, valga la ironía, y que la gestión de la crisis financiera, pilotada ostensiblemente por Alemania y Francia, ha sido deplorable. Y lo peor es que a este callejón sin salida se ha llegado, como quien dice, por no perder votos en Baja Sajonia o en Schleswig-Holstein. EL PAÍS. 9-6-2011 Opinión. El Mundo Salgado y Rajoy pactan una tregua autonómica Carlos Segovia El que esté libre de culpa, que tire la primera piedra, así que han decidido bajar el diapasón. El presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy, acordó el pasado martes con la vicepresidenta segunda, Elena Salgado, evitar que se viertan críticas a las cuentas autonómicas que siembren desconfianza en los mercados. Según fuentes del PP, Rajoy ni ha hablado hasta ahora, ni hablará de déficits ocultos, ni avalará declaraciones de dirigentes de su partido que provoquen alarma injustificada, porque coincidió con Salgado en que todas las comunidades autónomas están atravesando una situación difícil, pero que ninguna llega al problema de Grecia. Fue la ministra de Hacienda la que hizo pública ayer la conversación en los pasillos del Congreso de los Diputados y se mostró satisfecha por la disposición de Rajoy a trabajar «conjuntamente». Sin embargo, por la mañana, como si fuera ajeno a la conversación entre Salgado y Rajoy, Zapatero cargó contra el jefe de la oposición por las críticas a las cuentas autonómicas. «Señor Rajoy, hablando de confianza, y después de lo que hemos oído y visto estos días, usted podía hacer algo o, al menos, la mayoría de los miembros de su partido, por generar confianza sobre España, sobre la economía española en las instituciones en el exterior». También el vicepresidente primero, Alfredo Pérez Rubalcaba, insistió en el reproche, pero el líder del PP no mencionó ningún descontrol autonómico durante su intervención parlamentaria, centrada en el sistema financiero. Según fuentes del PP, Rajoy sostiene, no obstante, que la situación en Castilla-La Mancha es preocupante y espera máxima transparencia en el traspaso de poderes. «No es una situación que nos hayamos inventado, es que los propios funcionarios de la Junta castellanomanchega nos están proporcionando datos preocupantes que no nos han facilitado aún sus superiores», explicaron a este diario en el PP. Estas fuentes admitieron que dirigentes populares castellanomanchegos pudieron precipitarse en sus declaraciones hasta comprobar todos los datos. Las manifestaciones alarmistas sobre las cuentas que se heredan son habituales desde la Transición democrática. El entonces presidente del Gobierno, Felipe González, anunciaba «auditorías de infarto» tras coger el testigo de UCD y, ya en 1996, el vicepresidente del Gobierno, Rodrigo Rato, destapó un déficit oculto y una presunta amnistía fiscal de su antecesor, Pedro Solbes. Éste, a su vez, promovió en 2004 «desmaquillar» las cuentas del PP sacando a la luz en 2004 más de 6.000 millones de déficit oculto. Ayer, apenas 24 horas después de la tregua pactada por el líder del PP y la ministra, la futura presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, y el actual, José María Barreda, acordaron finalmente reunirse para desbloquear el traspaso de poderes. La conversación entre Rajoy y Salgado tuvo una segunda parte, que es la inquietud que tiene el líder del PP por la caída de ingresos de las comunidades autónomas que gobierna ya o va a gobernar en breve. Rajoy instó a la vicepresidenta segunda a resolver este problema generalizado. «Salgado no puede mirar para otro lado. No puede decir a las que reciben la mitad de la recaudación del Estado que arreglen su déficit sin más», explicaron en Génova. Por eso, Rajoy reiteró que debe convocar el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) -que reúne a Salgado con los consejeros de Hacienda autonómicos- y afrontar el problema. Rajoy insistió en que los gobiernos autonómicos del PP actuarán con «lealtad», pero esperan a cambio «transparencia» y soluciones de Salgado. El jefe de la oposición respalda la exigencia del presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, y de otras comunidades autónomas, de que el Ministerio de Hacienda debe facilitar el ajuste autonómico relajando el calendario de devolución de anticipos. También apoya la reivindicación del presidente de la Generalitat de Cataluña, Artur Mas, para que el Gobierno central anticipe este año el llamado fondo de competitividad. Salgado confirmó que convocará el CPFF antes de las vacaciones de agosto y explicó que debe esperar a que se produzca la investidura de todos los nuevos presidentes autonómicos y dejar unos días a los consejeros de Hacienda designados para que aterricen en las cuentas de su comunidad. El CPFF debe aprobar los planes de reequilibrio de la mayoría de comunidades autónomas y, según Rajoy, debe abordar también qué soluciones aporta la Administración central. Antes de destapar su conversación de la víspera con Rajoy, Salgado arremetió contra él en la sesión de control en el Congreso de los Diputados. En rifirrafe con el diputado del PP Baudilio Tomé, la ministra dijo: «Señoría, ya conocemos sus propuestas de rebaja generalizada de impuestos y mantenimiento del Estado del bienestar, no sé si africano o europeo. Pero cuando se le pregunta al líder de su partido cómo piensa hacerlo, cómo piensa cuadrar esa ecuación, su respuesta es -y está en las entrevistas- ‘lo vamos a hacer como Dios manda’. Respuesta esclarecedora que, además, constituye toda una lección magistral de economía de quien pretende gobernar un país». Por otra parte, fuentes gubernamentales confirmaron ayer también que el propio presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, mantuvo una conversación en los últimos días con Rajoy para tratar las fechas del Debate sobre el Estado de la Nación, que comenzará el próximo día 28. En realidad, ambos han mantenido varios contactos desde el pasado 22 de mayo en que se produjo un vuelco electoral en favor del PP. EL MUNDO. 9-6-2011 Opinión. La Vanguardia El poder del PP en Cataluña J. A. Zarzalejos Se ha afirmado con propiedad que el PP sólo sería un partido vertebral en el conjunto de España si alcanzaba en Catalunya y en el País Vasco una presencia cuantitativa y cualitativa importante. Pues bien: ya la ha obtenido en ambas comunidades. En Euskadi sostiene al Gobierno del PSE y es la primera fuerza política en Álava. En Catalunya es la tercera con 18 escaños, y sus electos el 22-M serán decisivos en varios municipios –Barcelona y Tarragona, por ejemplo– y en la diputación barcelonesa. Es verdad que el PP catalán no tiene una presencia homogénea en todo el territorio del Principado, pero esta carencia la suple con el carácter estratégico de su implantación en el Parlament y en Barcelona. Estos datos catalanes del PP son los que, entre otros, avalan el siempre interesante análisis de Carles Castro en este diario del pasado lunes bajo el título de “Geografía de un combate”, en el que se extrapolan los resultados del 22-M a las generales y se llega a la conclusión de que los conservadores obtendrían más de 170 escaños, es decir, estarían al borde de la mayoría absoluta. En estas condiciones, se impone el realismo: el PP no es marginal en Catalunya. Por el contrario, después del desplome de la izquierda catalana –del PSC a ERC, pasando por ICV–, su cualificación como socio de los nacionalistas ha mejorado. La dubitativa decisión de CiU de dejar gobernar a la lista más votada no sólo proporciona a García Albiol la alcaldía de Badalona, sino que se garantiza los votos de los populares en el Consistorio barcelonés y en su diputación. Por otra parte, los escaños conservadores en el Parlament permitirían al Govern sacar adelante los presupuestos para el 2011, con un déficit alto (2,66%) y un recorte medio del 10%. No parece que la izquierda asuma el coste de apoyar estos ajustes, ni los de la ley ómnibus. La derecha democrática española, esa que ha asumido que el entendimiento con el nacionalismo catalán es imprescindible por la coincidencia en el modelo socioeconómico, desea vivamente que CiU y el PP establezcan estrechas relaciones de colaboración. Y que Mariano Rajoy, con sinceridad, estudie y negocie un pacto fiscal con Catalunya que le ofrezca suficiencia financiera en la medida en que esta es garantía de cohesión e integración. La concepción moderada de la política española es más posible ahora, cuando la izquierda parece haberse sumido en una crisis total, en Catalunya y en el resto de España. La incomparecencia ya tradicional del presidente del Gobierno en el XXVII encuentro empresarial de Sitges ha sido sustituida por un demediado ministro de Industria, en tanto que hacía acto de presencia un pletórico Rajoy. Todo un síntoma de que se está fraguando entre los conservadores la convicción de que una Catalunya sana en lo político y en lo económico es fundamental para el conjunto de España. Hacía falta que el PP creciese en tierras catalanas. Hay que admitir que lo ha logrado y, al conseguirlo, la colaboración con CiU es factible una vez que las heridas recíprocamente infligidas están en fase de cicatrizar. Mañana, decretazo El fracaso de las conversaciones entre los agentes sociales para lograr un acuerdo sobre la reforma de la negociación colectiva obliga al Consejo de Ministros a aprobar mañana un decreto ley sustitutorio. Se da por descontado que la norma será tibia. Si la reforma laboral se quedó corta, en Madrid se asume que con los convenios sucederá lo mismo. No se puede esperar energía de un Ejecutivo en fase terminal, débil, sin ascendiente sobre las instancias sociales, sindicales y empresariales y al que le fallan sus políticas tanto como lo hacen las escopetas de las ferias. La crisis económica requiere radicalidad reformista y José Luis Rodríguez Zapatero ya no está para esos trotes. IU y Extremadura El grave desnorte de la izquierda se percibe también en la más escorada y terminante: en el caso español, Izquierda Unida. La disidencia de Pedro Escobar, el coordinador federal de IU en Extremadura, que someterá a un referéndum de las bases el apoyo de sus tres escaños en el Parlamento regional al socialista Guillermo Fernández Vara –la abstención daría el gobierno al PP, fuerza más votada–, amenaza con cuartear la coalición en la que Gaspar Llamazares pugna ya con Cayo Lara. En el lado izquierda de la política todo parece ser ya una pura desolación. LA VANGUARDIA. 8-6-2011 Opinión. Público Soluciones islandesas Juan Carlos Escudier Aunque sólo sea porque están haciendo todo lo que a nosotros se nos hubiera ocurrido hacer con los responsables de la crisis y no hemos podido, es irremediable sentir simpatía por los islandeses. Primero dejaron quebrar sus bancos y metieron en la cárcel a los banqueros, luego tumbaron al Gobierno y modificaron la Constitución para atar en corto a sus gobernantes, después se negaron en referéndum a pagar la factura de la bancarrota a Reino Unido y Holanda; finalmente, ha sentado en el banquillo a su ex primer ministro por haber mirado hacia otro lado mientras se hinchaba la burbuja financiera que se llevó al país por delante. Lo más interesante de esta última iniciativa es la consideración de que el jefe de gobierno no es un mero servidor público que se entrega a la causa común de manera altruista y al que no cabe pedir otras cuentas que no sean electorales, sino un operario al que tenemos en nómina y que debe ser responsable penal de sus actos o de sus descuidos. Es una visión que deberíamos adoptar, sobre todo si se entiende que ser presidente del Gobierno no es ningún sacrificio sino una inversión segura: en el cargo no se cobra mucho, pero permite al afortunado no dar un palo al agua el resto de su vida gracias a la pensión vitalicia y al sueldo complementario del Consejo de Estado (en total, unos 160.000 euros al año), o bien ejercer de conseguidor por un pico al servicio de alguna multinacional. De haber aplicado la doctrina islandesa, hubiéramos tenido que habilitar un módulo especial en Alcalá Meco para nuestros estadistas que, como allí, vieron crecer otra burbuja, la inmobiliaria, y en vez de pincharla a su debido tiempo siguieron soplando como posesos. Era tan rentable que daba de comer a las autonomías, hacía ricos a los concejales de Urbanismo y financiaba ilegalmente a los partidos. Un chollo, o sea. Si los gobernantes tomaran conciencia de que no le hemos dejado el coche para que lo estrellen y que hasta puede que les hagamos pagar por los arañazos, acabaríamos con tanto merluzo al volante. Nos hemos conformado con que no nos roben, y no es suficiente. PÚBLICO. 9-6-2011

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