Cargando...«Los acontecimientos recientes en Grecia, Portugal, Irlanda, Italia y España son simplemente la segunda fase de la reciente crisis financiera mundial. La socialización de las pérdidas privadas y la laxitud fiscal encaminada a estimular las economías en recesión han propiciado una peligrosa acumulación de déficits presupuestarios y deuda públicos. Así, pues, la reciente crisis financiera mundial no ha acabado; al contrario, ha alcanzado una fase nueva y más peligrosa.»
Los gobiernos que rescataron nuestras emresas privadas necesitan ahora rescates, a su vez, pero, ¿qué ocurrirá cuando se acabe la buena disposición política de Alemania y otros acreedores disciplinados –muchos de ellos correspondientes ahora a mercados en ascenso– a financiar semejantes rescates? ¿Quién rescatará entonces a los gobiernos que han rescatado a bancos y entidades financieras privados? Los mecanismos de nuestra deuda mundial se parecen cada vez más a un plan Ponzi. (EXPANSIÓN) EL PAÍS.- Ante el aluvión de lamentaciones (sobre todo de los sindicatos) o de propuestas irrisorias de ahorro público (procedentes sobre todo del PP), hay que insistir en que el plan de ajuste del Gobierno es una condición mínima para eliminar riesgos de insolvencia (o default) y recuperar la confianza en los activos españoles. La evaluación preliminar del Ecofin no ha hecho sino confirmar la evidencia. La obligación política del presidente del Gobierno es defender su plan. Cualquier retroceso o concesión significativa volverá a convocar el fantasma de la indecisión y la sombra de que este Gobierno no es capaz de gestionar una situación tan delicada. La desagradable verdad es que en esta crisis financiera (vivita y coleando, como demuestra la prórroga de las medidas de excepcionalidad financiera, tales como la emisión de bonos bancarios con el aval del Estado) la economía española ha perdido al menos entre un 10% y un 12% de su riqueza y que, por tanto, las rentas deben ajustarse en esa proporción. PÚBLICO.- La actitud de obstrucción ante las actuaciones de la Agencia Tributaria fue in crescendo. Cuando esta inició la recopilación de información por el procedimiento de ejecución forzosa, los responsables del grupo bancario llegaron a la convicción de que la entrega o descubrimiento de los datos que se habían querido ocultar era inevitable y se puso en marcha la última fase de su estrategia obstructora. Consistió en el cambio de titularidades y la elaboración de documentación inexacta que avalara dichas titularidades falsas. Estos eran los términos de las acusaciones formuladas por las acciones populares –ante la falta de acusación del fiscal– en la Audiencia Nacional en el curso de 2006. Acciones representadas por la Asociación para la Defensa de Inversores y Clientes e Iniciativa per Catalunya Verds. Dicho tribunal decidió, mediante la creación de la llamada doctrina Botín, no enjuiciar a los acusados ante la irrelevancia de los acusadores –pese a que uno de ellos era un partido político con representación parlamentaria– y la ausencia del fiscal. Qué diferencias con el proceso contra el juez Garzón, a quien el juez Varela se niega a aplicar dicha doctrina. Para que luego vengan a hablarnos de la igualdad ante la ley. Opinión. Expansión Regreso al abismo Nouriel Roubini Una interpretación de las crisis financieras es la de que son, en palabras de Nasim Taleb, acontecimientos del estilo de un “cisne negro” (es decir, fuera de lo habitual): sucesos no planificados ni previsibles que cambian el curso de la Historia. Pero, en mi nuevo libro sobre las crisis financieras, Crisis Economics (“La economía de las crisis”), que versa no sólo sobre la crisis reciente, sino también sobre docenas de otras a lo largo de la Historia y tanto en economías avanzadas como en las de mercados en ascenso, muestro que las crisis financieras son, en cambio, acontecimientos del estilo de los “cisnes blancos”, es decir, previsibles. Lo que está sucediendo ahora –la segunda fase de la crisis financiera mundial– no era menos previsible. Las crisis son el resultado inevitable de una acumulación de riesgos y vulnerabilidades macroeconómicos, financieros y de políticas: burbujas de activos financieros, asunción de riesgo excesivo y apalancamiento, auges crediticios, relajación monetaria, falta de supervisión y regulación apropiadas del sistema financiero, codicia e inversiones arriesgadas por parte de los bancos y otras entidades financieras. La Historia indica también que las crisis financieras suelen modificarse con el tiempo. Las crisis como las que hemos padecido recientemente se debieron inicialmente a una deuda y un apalancamiento excesivos entre los agentes del sector privado –familias, bancos y entidades financieras, empresas–, lo que con el tiempo propició un reapalancamiento del sector público cuando el estímulo fiscal y la socialización de las pérdidas privadas –programas de rescate– causaron un peligroso aumento de los déficits presupuestarios y del volumen de la deuda pública. El riesgo de la deuda Si bien semejantes estímulos fiscales y rescates pueden haber sido necesarios para impedir que la gran recesión se convirtiera en una nueva Gran Depresión, la acumulación de deuda pública, junto con la privada, entraña un gran coste. Con el tiempo hay que reducir esos grandes déficits y deudas mediante mayores impuestos y menos gasto y esa austeridad –necesaria para evitar una crisis financiera– suele aminorar el ritmo de la recuperación económica a corto plazo. Si no se abordan los desequilibrios fiscales mediante reducciones del gasto y aumentos de los ingresos, sólo quedan dos opciones: la inflación para los países que se endeudan en su propia moneda y pueden monetizar sus déficits o la quiebra para los países que se endeudan en una divisa extranjera o no pueden imprimir su propia moneda. Así, los acontecimientos recientes en Grecia, Portugal, Irlanda, Italia y España son simplemente la segunda fase de la reciente crisis financiera mundial. La socialización de las pérdidas privadas y la laxitud fiscal encaminada a estimular las economías en recesión han propiciado una peligrosa acumulación de déficits presupuestarios y deuda públicos. Así, pues, la reciente crisis financiera mundial no ha acabado; al contrario, ha alcanzado una fase nueva y más peligrosa. De hecho, una definición práctica de una crisis financiera es la de un episodio que obliga a las autoridades a pasar un largo fin de semana intentando desesperadamente anunciar un nuevo plan de rescate para evitar el pánico nacional y mundial antes de que los mercados abran el lunes. En los últimos años, esas sesiones de fines de semana y sin dormir estuvieron dedicadas a los rescates necesarios de empresas privadas: Bear Stearns, Fannie Mae y Freddie Mac, Lehman Brothers, AIG, rescates bancarios, etcétera. Y, naturalmente, esos dramas de fin de semana no han acabado, pues las autoridades de la Unión Europea y de la zona del euro pasaron un fin de semana preparando desesperadamente un plan de rescate no sólo para Grecia, sino también para otros miembros débiles de la zona del euro. La progresión está clara: primero vino el rescate de empresas privadas y ahora llega el rescate de los rescatadores, es decir, los gobiernos. Rescates colosales La escala de dichos rescates está aumentando enormemente. Durante la crisis financiera asiática del período 1997-1998, Corea del Sur, economía de mercado en ascenso relativamente grande, recibió un plan de rescate del FMI que entonces se consideró muy grande: 10.000 millones de dólares. Pero, después de los rescates de Bear Sterns (40.000 millones de dólares), Fannie Mae y Freddie Mac (200.000 millones de dólares), AIG (hasta 250.000 millones de dólares), el Programa de Rescate de Activos Tóxicos (700.000 millones de dólares), ahora tenemos la madre de todos los rescates: el billón de dólares de rescate de los miembros de la zona del euro con problemas por parte de la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional. Mil millones de dólares solían ser mucho dinero; ahora un billón de dólares es la “nueva normalidad” o –parafraseando la novela y la película El diablo viste dePrada–, ¡un billón es los nuevos diez mil millones! Los gobiernos que rescataron nuestras empresas privadas necesitan ahora rescates, a su vez, pero, ¿qué ocurrirá cuando se acabe la buena disposición política de Alemania y otros acreedores disciplinados –muchos de ellos correspondientes ahora a mercados en ascenso– a financiar semejantes rescates? ¿Quién rescatará entonces a los gobiernos que han rescatado a bancos y entidades financieras privados? Los mecanismos de nuestra deuda mundial se parecen cada vez más a un plan Ponzi. Medicina contra las catástrofes fiscales Si bien se conoce perfectamente la medicina adecuada para evitar catástrofes fiscales, el obstáculo principal para la consolidación y la disciplina fiscales es el de que los gobiernos débiles de todo el mundo carecen de capacidad y voluntad políticas para aplicar la austeridad. El estancamiento político que hay en Washington y en el Congreso norteamericano demuestra la falta del espíritu bipartidario necesario para abordar las cuestiones fiscales de los Estados Unidos. En el Reino Unido, un Parlamento sin mayoría ha tenido como consecuencia un gobierno de coalición que tendrá una gran dificultad para aplicar la necesaria disciplina fiscal. En Alemania, la canciller Angela Merkel ha perdido unas elecciones estatales decisivas después del rescate de Grecia y el Japón tiene un gobierno débil e ineficaz que parece negarse a reconocer la magnitud del problema que afronta. En la propia Grecia, hay disturbios en las calles y huelgas en las fábricas; en el resto de los PIIGS (Portugal, Irlanda, Italia y España), la disciplina fiscal será política y socialmente dolorosa. Así, pues, los obstáculos políticos pueden impedir la aplicación de la austeridad fiscal y de las reformas estructurales. A consecuencia de ello, es probable que “la economía de crisis” nos acompañe durante mucho tiempo. De hecho, la reciente crisis financiera no ha acabado y –lo que es peor– la medicina usada para tratarla puede haber sido en parte tóxica. Parece haber debilitado aún más al paciente y haberlo vuelto más adicto a drogas peligrosas, además de menos resistentes a nuevas cepas del virus, que en algunos casos pueden resultar fatales. EXPANSIÓN. 19-5-2010 Editorial. El País La solución posible El Ecofin concedió un visto bueno provisional al drástico recorte del gasto público español (pensiones, inversión pública y sueldo de los funcionarios), a la espera de un dictamen definitivo sobre los planes de ajuste de España y Portugal a primeros de junio; y acordó proponer controles armonizados en el área euro para regular los fondos de inversión libre (hedge funds) y de capital riesgo, acusados de desestabilizar los mercados financieros. Los dolorosos ajustes de España y Portugal son la contribución de ambos países a la estabilidad del euro y el peaje obligado para acceder, si fuera necesario, al mecanismo de rescate de los países en dificultades (por ejemplo, la compra de deuda nacional). A la vez, la regulación de los fondos de riesgo es necesaria si se quiere evitar la volatilidad de los mercados. El euro debe depreciarse para favorecer la recuperación europea, pero no son admisibles desplomes bruscos de su cotización causados por el pánico de los grandes fondos. Ante el aluvión de lamentaciones (sobre todo de los sindicatos) o de propuestas irrisorias de ahorro público (procedentes sobre todo del PP), hay que insistir en que el plan de ajuste del Gobierno es una condición mínima para eliminar riesgos de insolvencia (o default) y recuperar la confianza en los activos españoles. La evaluación preliminar del Ecofin no ha hecho sino confirmar la evidencia. La obligación política del presidente del Gobierno es defender su plan. Cualquier retroceso o concesión significativa volverá a convocar el fantasma de la indecisión y la sombra de que este Gobierno no es capaz de gestionar una situación tan delicada.La desagradable verdad es que en esta crisis financiera (vivita y coleando, como demuestra la prórroga de las medidas de excepcionalidad financiera, tales como la emisión de bonos bancarios con el aval del Estado) la economía española ha perdido al menos entre un 10% y un 12% de su riqueza y que, por tanto, las rentas deben ajustarse en esa proporción. En una situación próxima a la emergencia los partidos políticos y los Gobiernos autonómicos deberían apoyar la austeridad obligada (so pena de insolvencia) que propone el Gobierno. Pero de momento no parecen capaces de hacerlo, bien porque no entienden la situación real de la economía, bien porque esperan obtener réditos de las dificultades del Gobierno. Sirva para describir esta incapacidad la ridícula acusación de que "los especuladores han impuesto su ajuste a Zapatero", como si no fuesen las dificultades no resueltas de la economía española las que la convierten en objeto de especulación. La incapacidad de la oposición para entender la naturaleza y el alcance de esta crisis constituye un grave obstáculo para recuperar la solvencia de las finanzas públicas e iniciar la recuperación. Si no apoya el recorte del gasto del Gobierno, incurre en culpa por su fracaso. No vale desmarcarse con salidas de pata de banco del tipo "este es el déficit de Zapatero". La sociedad española no va a aceptar esta dejación culpable de responsabilidades. EL PAÍS. 19-5-2010 Opinión. Público El magistrado y el banquero Carlos Jiménez-Villarejo Manuel Marchena, magistrado del Tribunal Supremo (TS), es el instructor de la causa penal contra el juez Baltasar Garzón por el patrocinio del Banco Santander a unos cursos que dicho juez moderó en la Universidad de Nueva York y en los que no hubo anomalía penal alguna. En diciembre de 2007, el magistrado Marchena, con motivo de la resolución de un recurso de casación, tuvo ocasión de conocer los siguientes hechos: entre 1987 y 1989, el Banco Santander comercializó, junto con sus filiales Banca Jover, Banco Comercial Español, Banco Zaragozano y Banco de Murcia, un producto conocido como cesiones de créditos, dirigido a captar recursos financieros. Uno de los principales reclamos del producto era su opacidad fiscal, que se concretaba en la inexistencia de obligación de practicar retenciones e ingresos a cuenta sobre sus rendimientos y, por ello, en la falta de obligación de comunicar de forma periódica y generalizada los datos de sus titulares e importes de la inversión a la Hacienda Pública. A ello se añadía una buena rentabilidad. Por sus características, este producto se convirtió en un instrumento ideal para la inversión de capitales del llamado dinero negro y llegó a captar más de 410.000 millones de pesetas. Los acusados –el presidente de la entidad y varios altos directivos– participaron al más alto nivel en el diseño de la estrategia y la operativa para la comercialización de dichos productos. Posteriormente, prepararon las directrices de actuación para responder a los requerimientos de información de la Agencia Tributaria a fin de obstaculizar su tarea y facilitarle datos erróneos, incompletos o falsos. La magnitud del movimiento de capitales que supusieron las cesiones de créditos, y su evidente éxito entre determinados sectores con alto poder adquisitivo, no pasaron desapercibidos para la Agencia Tributaria, que inició una serie de actuaciones frente a diversas entidades financieras para conocer y corroborar el origen de los fondos. Singularmente, el Santander y sus filiales optaron por una actitud de resistencia frente a los intentos de la Agencia Tributaria por esclarecer las titularidades y regularizar las situaciones tributarias de los implicados, lo que se explicaba por el gran volumen de activos captado por el grupo bancario y las especiales garantías dadas a los clientes de su plena opacidad fiscal y la ausencia de riesgo fiscal en la contratación del producto. Todo ello se concretó, en un primer momento, en la negativa a facilitar a la Agencia Tributaria la identidad de los inversores alegando la inexistencia de una obligación legal de hacerlo. Posteriormente facilitaron los datos, de forma tardía, parcial, incompleta o errónea, llegando finalmente, en determinados supuestos, a proporcionar datos falsos de personas que no se correspondían con la titularidad real de la inversión. La actitud de obstrucción ante las actuaciones de la Agencia Tributaria fue in crescendo. Cuando esta inició la recopilación de información por el procedimiento de ejecución forzosa, los responsables del grupo bancario llegaron a la convicción de que la entrega o descubrimiento de los datos que se habían querido ocultar era inevitable y se puso en marcha la última fase de su estrategia obstructora. Consistió en el cambio de titularidades y la elaboración de documentación inexacta que avalara dichas titularidades falsas. Estos eran los términos de las acusaciones formuladas por las acciones populares –ante la falta de acusación del fiscal– en la Audiencia Nacional en el curso de 2006. Acciones representadas por la Asociación para la Defensa de Inversores y Clientes e Iniciativa per Catalunya Verds. Dicho tribunal decidió, mediante la creación de la llamada doctrina Botín, no enjuiciar a los acusados ante la irrelevancia de los acusadores –pese a que uno de ellos era un partido político con representación parlamentaria– y la ausencia del fiscal. Qué diferencias con el proceso contra el juez Garzón, a quien el juez Varela se niega a aplicar dicha doctrina. Para que luego vengan a hablarnos de la igualdad ante la ley. Cuando el Tribunal Supremo conoció del recurso de la acusación y confirmó por mayoría la sentencia anterior de la Audiencia Nacional, el magistrado Marchena se sumó a la posición mayoritaria en claro y directo beneficio de los acusados. Por cierto, unos meses después, el señor Marchena participaba en unas jornadas sobre la prueba en el proceso penal en Canarias bajo el patrocinio de una única entidad bancaria, el Banco Santander. ¿Podría saberse cuál fue el alcance de aquella subvención? La gravedad de los hechos y la oposición del TS a que los acusados fueran juzgados –con “artimañas de leguleyo”, según el escritor José Mª Izquierdo– es una prueba de los condicionamientos del poder económico sobre el poder judicial y el ministerio fiscal ante un desafío que duró los 14 años de proceso. Sin duda, la personalidad de los acusados generó, según el magistrado Jorge Barreiro –ahora instructor de la causa penal contra el juez Garzón por las escuchas del caso Gürtel–, una coyuntura procesal singular en la que “el abogado del Estado ha conseguido rizar el rizo del travestismo jurídico, pasando de parte acusadora que defiende los intereses del Estado contra un fraude fiscal que rebasa los 80 millones de euros, a convertirse en abogado defensor de quienes (…) resultan imputados como autores del presunto fraude”. Realmente, el magistrado Marchena debería tener presente, entre otros, estos antecedentes para proceder ya al archivo del proceso. PÚBLICO. 19-5-2010