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No es una reforma para recuperar «viejos valores», sino como medio necesario para saquear nuestros bolsillos
Los recortes en Educación suponen ya miles de millones, casi 100 mil profesores en la calle, decenas de miles de alumnos que o no podrán estudiar en el futuro o están en peligro de abandono por incapacidad económica. Además de 35 mil alumnos sin becas y la precariedad convertida en ley para el Sistema Educativo.
El saqueo al que estamos siendo sometidos la mayoría de la población en todos los aspectos de nuestras vidas, se agudiza en Educación con la reforma del ministro Wert. No es que sea una reforma que legitima la elitización y elimina la poca capacidad de decisión que le quedaba a la Comunidad Educativa, que lo es. La realidad es que no puede entenderse la llamada Ley Wert (LOMCE), al margen del inmenso saqueo de recursos públicos que se desvían para ir a parar a las cuentas de los bancos, especialmente de la banca y monopolios extranjeros. Esta es la verdadera naturaleza del proyecto del gobierno.
Es desde esta perspectiva que puede entenderse cada uno de los puntos más polémicos de la LOMCE, que nada tienen que ver con ningún “pasado franquista”, sino con un presente ligado al FMI y Berlín.
El curso ha iniciado su andadura con una auténtica rebelión en las aulas y todo el sector educativo unido contra los recortes y la reforma. Sobran razones, claro, pero la principal es el saqueo inmisericorde.
Declaración de intenciones
En la LOE se definía la educación como “el medio de transmitir valores, renovar la cultura (…) fomentar la convivencia democrática, el respeto a las diferencias individuales, promover la solidaridad y evitar la discriminación (…) para lograr la cohesión social. (…) Es el medio más adecuado para garantizar el ejercicio de la ciudadanía democrática, responsable, libre y crítica”.«Participación activa en la Educación de bancos, monopolios y grandes empresas»
En el borrador del anteproyecto de ley de la LOMCE en su quinto párrafo apunta: “El nivel educativo de los ciudadanos determina su capacidad de competir con éxito en el ámbito del panorama internacional y de afrontar los desafíos que se planteen en el futuro. Mejorar el nivel de los ciudadanos (…) supone abrirles las puertas a puestos de trabajo de alta cualificación, lo que representa una apuesta por el crecimiento económico y por un futuro mejor”.
En sí mismo, podría incluso asumirse el objetivo de un país más competitivo con ciudadanos más capacitados y cualificados, pero con una realidad de 6 millones de parados y la industria desmantelada, los puestos de trabajo de alta cualificación están destinados para una minoría y desde luego no en beneficio del país, sino de quienes copan el sector industrial, los monopolios extranjeros.
Esto dando por supuesto que la reforma va a proporcionar mayor preparación para la mayoría. Y hemos de suponer lo contrario.
Los agentes privados
La LOMCE incluye una definición de lo que es el “Sistema Educativo Español” en la que, curiosamente, las familias y asociaciones de padres no han sido incluidas, pero sí los “agentes privados”, a los que se les da capacidad reguladora, lo que podría interpretarse como una puerta a la privatización efectiva del sistema de enseñanza. Dice así: “El conjunto de agentes, públicos y privados, que desarrollan funciones de regulación, de financiación o de prestación del servicio de la educación en España y sus beneficiarios”.
En su concreción, la consecuencia es la participación activa de bancos, monopolios y grandes empresas en la gestión pública, fijando el contenido de las carreras, evaluando a los profesionales y gestionando centros de enseñanza.
Excelencia y especialización
La Ley Wert incluye un artículo en el que ofrece mayor autonomía y más recursos económicos a los centros que pongan en marcha proyectos educativos competitivos tendentes a la especialización, y que luego rindan cuentas sobre ellos con evaluaciones anuales.
Estos centros podrán incluso seleccionar a su alumnado en función de su rendimiento académico en las enseñanzas obligatorias “con hasta un 20% de la puntuación asignada”. Lo que unido al apartado anterior significará un proceso de elitización de la Enseñanza. Ya que se toman medidas respecto a los resultados, no respecto a los medios para conseguirlos, que en realidad se ven más que mermados gracias a los recortes.
En este contexto, la especialización trabaja en función de las necesidades de quienes dominen en la selección de fuerza de trabajo en el mercado laboral. Agudizando la línea marcada desde principios de los 90, por los distintos gobiernos, de eliminar formación general y estructural, en favor de la especialización orientada a las necesidades de los principales “agentes privados”.
Acceso a la universidad
Eliminada la selectividad, correrá a cargo de las universidades gran parte del peso de la selección de su alumnado. Tendrán que tener en cuenta su nota de Bachillerato (un 60% como mínimo), las calificaciones obtenidas en las materias de bachillerato relacionadas con lo que quiere estudiar, la formación complementaria, y si tiene estudios relacionados con la carrera que se quiera estudiar (FP de grados superiores, o estudios universitarios previos). También pueden establecer procedimientos de selección y evaluaciones específicas. Especialización orientada en beneficio de los “agentes privados”«Especialización orientada en beneficio de los “agentes privados”»
Una medida que, como la mencionada anteriormente, apunta a la elitización, ya que los centros con más medios serán aquellos que podrán definir de forma agresiva el perfil del tipo de estudiante, sin tener en cuenta las necesidades del conjunto del país, de la Comunidad, y, en última instancia, del conjunto de la ciudadanía de acuerdo a criterios de “igualdad de oportunidades”
Colegios menos democráticos y un director profesional
La figura del director cobra muchísima más relevancia en los centros escolares. Han de pasar por un proceso de formación y acreditación del Ministerio, que les ofrece una mayor autonomía si demuestran “que los recursos públicos se han administrado eficientemente y apuntan a una mejora real de los resultados”. Pasan a ser además algo así como gestores de Recursos Humanos: pueden contratar o vetar a un determinado profesor, establecer los méritos para cubrir un determinado puesto por un interino, o vetar alguno de los candidatos si lo justifican.
El claustro de profesores deja de ser el responsable primordial de la elección del director y cobra mucho más peso la Administración en esta elección. También el Consejo escolar pierde peso a la hora de decidir. Además, el Consejo pierde poder en el centro, deja de ser un órgano decisivo, y pasa a serlo meramente consultivo. Ya no puede aprobar, ni decidir (han sido eliminadas específicamente estas funciones del redactado de la ley) y debe limitarse a “evaluar” e informar.
Wert pasa por encima de la comunidad educativa, eliminando la poca capacidad de decisión que le quedaba a los consejos escolares y a los claustros. El poder político, en colaboración con los “agentes privados”, acaparan toda la capacidad de decisión.
Nueva Formación Profesional
La ley crea una nueva Formación Profesional Básica para alumnos de 15 a 17 años que tras haber cursado el primer ciclo de ESO no logren pasar a cuarto. Es gratuita y parte de la enseñanza obligatoria. Desde ella se podrá pasar a la FP de grado medio, y de ahí a la FP de Grado Superior “y se completa con materias optativas orientadas a los ciclos de grado superior y al tránsito hacia otras enseñanzas”.
Además, crean una nueva FP Dual, que permite hacer prácticas y recibir formación en empresas, simultaneando trabajo y estudios. Esta FP ha sido duramente criticada por el ex director general de FP del anterior Gobierno, Miguel Soler, que considera que en la práctica “sólo servirá para cubrir puestos de trabajo que requieren una mayor cualificación con estudiantes a cambio de sueldos que no llegarán al salario mínimo”, ya que la mayoría de las PYMES no tienen capacidad para destinar a personal a la formación del alumnado.
Más control en los contenidos
Se aumentan los porcentajes de contenidos controlados por el ministerio. Mientras que hasta ahora los centros eran los encargados de velar por los contenidos comunes, la nueva norma atribuye esta función a las administraciones educativas que “desarrollarán los contenidos comunes y podrán establecer directrices pedagógicas, reconociendo cierto grado de autonomía a los centros educativos”.
Sumado a la pérdida de capacidad de decisión de familias y docentes, y a la participación activa de los “agentes privados”, se elimina cualquier grado de autonomía educativa y ésta se reserva para aquellos centros que el ministerio considere que la han de tener.
Ratios más altas y profesores sin oposición
Además, la ley permite que se aumente por sistema la ratio de las aulas (número de alumnos por profesor) un 10%, masificándolas cuando la demanda así lo requiera. Además permitirá que las comunidades contraten a docentes sin hacer la oposición. Cuando es la cantidad de profesionales la que debería aumentar, se incrementa el número de alumnos por aula y se abre la puerta a la “libre” contratación en centros que dispongan de recursos para hacerlo, claro.
Exámenes y control de calidad
Aunque la LOE ya incluía diversas evaluaciones del sistema para trabajo interno de los centros e impedía específicamente en su enunciado utilizar los resultados para hacer clasificaciones de centros, la nueva norma propone justo lo contrario, dar a conocer públicamente estos resultados: “Las Administraciones educativas publicarán los resultados obtenidos por los centros docentes ponderados en relación con los factores socioeconómicos y socioculturales del contexto en el que radiquen”, recoge. «Un valor residual para la mayoría y un privilegio para unos pocos»
En concreto, se elimina la selectividad pero se incluyen otros tres exámenes o reválidas que diseñará el Ministerio de Educación y que se realizarán dentro del centro escolar, aunque los responsables del examen serán externos: el primer examen será al acabar 6º de Primaria (de lengua, matemáticas, ciencia y tecnología), el segundo al acabar 4º ESO (de materias troncales y una materia especifica por cada curso; contará un 30% para la nota media de la Secundaria), y el tercero al final de Bachillerato (todas las troncales, y una específica por curso; la nota de esta prueba contará un 40%).
De esta manera, se blinda el modelo educativo diseñado por el gobierno. Modelo en el que una vez reducidos los recursos a su mínima expresión, solo aquellos centros con mayores recursos, por capital propio o inversión de “agentes privados” podrán enviar mayor cantidad de alumnos a la Universidad. Las pruebas calificatorias para el currículum escolar quedan en manos de los centros, aún con “control externo”, reduciendo la evaluación centralizada que significaba la Selectividad.
Educación para el saqueo
Cada vez más, el gobierno, y no solo el gobierno, pretende hacernos creer que para cambiar el modelo de sociedad hay que transformar el modelo educativo. Lo cierto es que las cosas funcionan de otra manera. Primero se ha de transformar el modelo de sociedad, el modelo productivo, para entonces dotarse de un modelo educativo que satisfaga las necesidades de la sociedad. Y no en orden cronológico, sino de prioridades.
Hasta ahora contábamos con un modelo educativo basado en la Florida europea. Un país de camareros en el que la formación estructural, científica y universal había sido degradada a su mínima expresión, y donde la salida a un mercado laboral inflado por la construcción y el endeudamiento, y adornado por el turismo nordeuropeo, era el principal objetivo.
Ahora, con la crisis, todo ha cambiado. Ya no hay trabajo, ni pretenden generarlo. Y el que se cree será precario, inseguro y caprichoso en sus condiciones. Por lo que las necesidades ya no son las mismas. Pretenden hacernos creer que reforman la Educación para cambiar la sociedad, pero en realidad están adaptando el Sistema Educativo al tipo de sociedad que nos han dejado.
Si España no tiene un proyecto de crecimiento independiente, ¿para qué necesita profesionales cualificados, ni cuadros formados desde una perspectiva integral del conocimiento?
Durante las movilizaciones contra el Plan Bolonia se extendieron las denuncias del grado de inversión que el Banco Santander, a través de la Fundación Universia, tenía. Si queremos ser fieles a la realidad, la Educación en España ha encontrado un nuevo patrocinio, el del FMI y Berlín. Y no para otorgar becas, sino para asegurarse que se cobrar la deuda y con intereses a costa de convertir la Educación en un valor residual para la mayoría, y un privilegio para unos pocos.
Y todo esto, además, cargando la culpa sobre los estudiantes que no quieren estudiar o esforzarse. Cada una de las medidas de Wert apuntan a que la gente no quiere estudiar, los profesores no quieren enseñar y las familias no quieren que sus hijos estudien. Por eso son necesarias medidas que aseguren que solo es premiado quien se esfuerce en estudiar y enseñar. El problema lo tienen todos los demás, no el Estado. Según Wert.