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El 7 de febrero se cumple el plazo para que el parlamento apruebe los cambios en la reforma laboral pactados por gobierno, patronal y sindicatos. No será un mero trámite, y ya se ha abierto una carrera donde se barajan diferentes mayorías -incluyendo el voto favorable de Ciudadanos-.
Un endiablado tablero donde todavía existen cuestiones importantes en juego, y que acabará definiendo el marco laboral vigente presumiblemente durante mucho tiempo.
La fecha del 7 de marzo, como límite para aprobar en el Congreso la “reforma de la reforma laboral” no es baladí.
El acuerdo alcanzado por gobierno, patronal y sindicatos fue inmediatamente trasladado a un real decreto. Una vía exprés, pero que necesita ser revalidada por el parlamento como máximo un mes después de su publicación en el BOE. Si esto no es posible, el gobierno deberá llevar al parlamento el texto bajo la forma de un decreto ley. ¿Cuál es la diferencia? Esta última vía permitiría introducir enmiendas parciales que modifiquen su contenido.
Esta es la cuestión clave que define lo que está en juego. La CEOE o la Comisión Europea han respaldado unos cambios en la reforma laboral que, aunque introducen factores positivos para los trabajadores, mantienen algunos de los pilares fundamentales de la impuesta por el gobierno de Rajoy en 2012. Pero la condición exigida es que el parlamento apruebe el texto tal cual, sin modificarlo.
Lo que se pretende evitar es que el trámite parlamentario incluya cambios en cuestiones claves que sí se mantienen en el acuerdo firmado. UGT acaba de pronunciarse a favor de la tramitación como proyecto de ley, que permitiría por ejemplo revocar la reducción de los costes del despido.
Y para conseguirlo se han puesto en marcha diferentes vías. Yolanda Díaz intenta convencer a los “socios de investidura” -ERC, PNV y Bildu-, pero el PSOE ya ha iniciado las conversaciones con Ciudadanos. El sí del partido de Inés Arrimadas, que ya se ha mostrado dispuesto, haría más fácil aprobar el texto sin modificaciones.
Si la aprobación parlamentaria se ha complicado, a pesar de haber conseguido poner de acuerdo a patronal y sindicatos, es porque también en el Congreso se deja sentir la influencia de fuerzas sociales enfrentadas.
Por un lado, la de una mayoría progresista que sigue exigiendo la derogación de la reforma laboral de 2012. Por otro, los centros de poder que pretenden no solo conservarla sino también endurecerla. Esta es la razón de que el PP vaya a votar en contra de un acuerdo que sí que acabó firmando la CEOE.
A lo que se añade la mezquina posición de PNV, ERC o Bildu, que buscan cobrarse su apoyo con intereses. Exigiendo que se añada la preeminencia de los convenios autonómicos sobre los estatales. Una forma de quebrar la unidad del pueblo trabajador español en la negociación.
Van a moverse todos los recursos posibles para aprobar, sin cambios, el acuerdo sobre la reforma laboral en el Congreso. Pero, sea cual sea el resultado del trámite parlamentario, la batalla por derogar algunos de los aspectos más lesivos de la reforma de 2012 -abaratamiento del despido, mayor flexibilidad laboral…- seguirá abierta.