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Recortes Cero-Por Un Mundo Más Justo -Grupo Verde, se presenta con una alternativa cuyo centro es redistribuir la riqueza. Una alternativa que consiste en hacer todo lo contrario de lo que han hecho quienes han gobernado Andalucía: poner los inmensos recursos y la riqueza que se genera al servicio de los intereses generales y de la inmensa mayoría de los ciudadanos, en vez de estar sometida a los intereses de un puñado de banqueros, monopolistas, terratenientes y multinacionales.
Una alternativa que consiste en hacer todo lo contrario de lo que han hecho quienes han gobernado Andalucía: poner los inmensos recursos y la riqueza que se genera al servicio de los intereses generales y de la inmensa mayoría de los ciudadanos, en vez de estar sometida a los intereses de un puñado de banqueros, monopolistas, terratenientes y multinacionales.
Redistribuir no es poner recursos aumentando la deuda pública e hipotecar el futuro de los andaluces, sino de tomar medidas para que salgan de quienes se apropian de la mayor parte de la riqueza que crea el conjunto de la sociedad, se benefician de los recortes y de las ayudas y rescates del Estado. Medidas para que bancos, monopolios, capital extranjero y grandes fortunas devuelvan a la sociedad parte de lo que se apropian y se benefician. Tales como hacer un Fondo para el Fomento del Empleo aportado por la banca proporcional al dinero del rescate bancario; una Reforma Fiscal Integral para que paguen en el IRPF y en el Impuesto de sociedades de acuerdo a sus beneficios; o una auditoría de la deuda pública.
1- Mejorar condiciones de vida subiendo salarios y pensiones.
Subir salarios y pensiones son las dos primeras medidas de un programa de redistribución de la riqueza, base para salir de la crisis en beneficio de la mayoría. Suponen una elevación general del poder adquisitivo de la población, de millones de familias andaluzas, y por lo tanto que se pueda reactivar el consumo y que actúe como motor del mercado interno, de la inversión productiva y la creación de riqueza y empleo.
Nadie por debajo de 1.000 euros netos al mes, y nadie por encima de 10.000.
El 60% de los trabajadores asalariados andaluces cobran menos de 1.000 euros al mes, según el informe “Rentas salariales en fuentes Tributarias” de CCOO. Las mujeres cobran un 23% menos. El salario medio de los jóvenes no llega a 5.000 euros anuales. Con estos salarios es imposible garantizar niveles mínimos de calidad de vida y son fábrica de “trabajadores pobres”.
Enfrente los directivos de las grandes empresas del IBEX-35 apenas necesitan 23 horas de trabajo paga ganar lo que la mayoría de los trabajadores ganan en un año. La redistribución salarial exige también límites al salario máximo. Nadie por encima de 10.000. Y limitar el sueldo máximo de los altos cargos públicos a 5.000.
Ninguna pensión por debajo de 1.000. Y blindarlas en la Constitución
La pensión media de los más de 1,5 millones de pensionistas andaluces está en 840,16 euros mensuales, frente a los 938 euros de la pensión media del sistema en España. Más de medio millón de pensionistas apenas superan los 500 euros mensuales. Incluso hay 100.000 que cobran pensiones no contributivas y asistenciales de entre 149 y 368 euros mensuales.
En la propia Junta de Andalucía hay recursos para implantar un suplemento que garantice pensiones mínimas de 1.000 euros. Bastaría con reducir un 10% los gastos innecesarios y superfluos atajando el despilfarro, los privilegios de la clase política y la corrupción para ahorrar 3.400 millones anuales (13.900 millones en una legislatura) y destinar ese dinero a las pensiones.
Además la Junta se puede convertir en un poderoso instrumento para impulsar el blindaje de las pensiones en la Constitución que garantice su poder adquisitivo y que no se privaticen.
2- Un plan de choque contra el paro vinculado a la reindustrialización
Casi un millón de andaluces están en el paro. Según la EPA la tasa de paro es del 23,1%, el 26,7% entre las mujeres y afecta al 47,3% de los jóvenes. Y el empleo que se crea es precario y temporal.
Acabar con esta situación no puede ser a base de consumir el dinero publico en subvenciones. Es necesario vincular la solución del paro y la precariedad a una política activa de reindustrialización frente al desmantelamiento industrial que crea desiertos industriales como Linares; a la modernización del tejido productivo frente a la venta al capital extranjero, como ha ocurrido con Deoleo y Abengoa; y a la apuesta por nuevos sectores industriales conectados las nuevas energías y la industria agroalimentaria.
No ha sido la falta de recursos lo que ha traído la desindustrialización, sino la dependencia del capital extranjero, el sometimiento a los dictados externos y la falta de voluntad política de los gobernantes.
Con voluntad y decisión política se pueden crear 300.000 puestos de trabajo productivos, de calidad y sostenibles movilizando los recursos necesarios y actuando en tres frentes.
La creación de un Fondo Especial para el Fomento del Empleo. Aprobando una ley que exija a los bancos que operan en Andalucía que aporten una parte proporcional del dinero público del que se han beneficiado por el rescate bancario. No menos de 10.000 millones de euros. Embrión de una banca pública andaluza.
Una Reforma Fiscal Progresiva, concentrada en un tramo autonómico del Impuesto de Sociedades para bancos monopolios y multinacionales del 50% sobre sus beneficios. Y una escala impositiva en el tramo autonómico para Consejeros, Altos Ejecutivos y grandes fortunas tanto en el IRPF como en el Impuesto de Patrimonio del 0 (para las rentas más modestas) hasta el 75% para las rentas superiores a 500.000 euros.
Una Reforma Agraria contra el paro y el subempleo en el campo andaluz.
Los problemas en el campo andaluz no se limitan a los jornaleros andaluces (unas 200.000 familias) sin tierra, a los 300.000 pequeños propietarios con explotaciones inferiores a 5 hectáreas y a una creciente sustitución por fuerza de trabajo de origen extranjero.
El subempleo -solo el 1% de los jornaleros trabaja todos los días del año-, los precios en origen, el envejecimiento y la despoblación rural, la falta de formación y la promoción del campo como una opción de empleo para los jóvenes son otros tantos problemas.
La base sigue siendo en gran parte el predominio de la gran propiedad latifundista. El 2% de terratenientes y grandes propietarios controlan el 40% de la tierra cultivable. Y se llevan el 80% de las ayudas comunitarias de la PAC.
Llevar la redistribución de la riqueza al campo andaluz exige una Reforma Agraria Integral que actúe en varios frentes.
La expropiación de latifundios, empezando por los infraexplotados, para entregarlos a jornaleros y pequeños campesinos.
Apoyo a la cooperativización y la concesión de créditos y ayudas para poner en marcha nuevas explotaciones y modernizar las existentes.
Una política de precios en origen y de canales de distribución autónomos del control que ejercen los grandes monopolios y cadenas de distribución europeas.
Impulsar la industria agroalimentaria y la transformación de los productos en las zonas de producción.
Poner las ayudas de la PAC, aproximadamente 1.600 millones de euros anuales, al servicio de esta reforma integral, vinculando su distribución a cada una de esas medidas, a la producción real, la formación de jóvenes y asentar las poblaciones rurales.