Cargando...La economía española ha entrado definitivamente en una fase de crecimiento firme, sostenida, al menos de momento, por un repunte del consumo y apoyada en condiciones de estabilidad financiera (la prima de riesgo está por debajo de los 100 puntos), moderación del precio del crudo y un entorno monetario favorable a las exportaciones. La tasa de crecimiento en 2014 (0,7% en términos trimestrales, 1,4% para el conjunto del año) permite esperar —y esto es lo importante— que en 2015 se consigan niveles de crecimiento en torno o superiores al 2%, tal como se ha apresurado a recalcar el Gobierno. El motor de esta nueva etapa, tras el esfuerzo exportador en 2012 y 2013, es el aumento del gasto familiar; y la clave para que la recuperación se consolide es que el consumo y la inversión se apoyen en un aumento de las rentas.
Todavía persisten dos estrangulamientos heredados de la recesión que coartan la plena recuperación. El más evidente y doloroso es la delicada situación del mercado laboral, con una tasa elevadísima de desempleo y una generación de puestos de trabajo fundamentada sobre todo en la contratación precaria. Las dificultades de los jóvenes para encontrar empleo —y las mucho más graves de los parados mayores de 45 años— exigen una reflexión amplia sobre el apoyo público a este objetivo; pero la respuesta surgida en el debate sobre el estado de la nación no ha sido muy afortunada, quizá porque un año electoral exige decisiones rápidas, que quieren ser oportunas y pueden acabar siendo oportunistas.
El Consejo de Ministros aprobó ayer un decreto ley que exime de pagar la cotización a la Seguridad Social por los primeros 500 euros de salario en los nuevos contratos indefinidos. Sin duda es un estímulo directo a la creación de empleo; y es mejor contar con esta disposición que echarla de menos. Pero cualquier sistema de apoyo público funciona mejor cuando se aprueba por consenso y tras un debate previo.
Por otra parte, las subvenciones indiscriminadas tienen destinatarios claros —las pequeñas y medianas empresas, en este caso—, donde el dinero público invertido se transformará en empleo, y otros grupos que simplemente usarán de la subvención como una desgravación más. La Ley de Segunda Oportunidad, con la prórroga de prohibición de los desahucios, sería otro ejemplo de legislación apresurada; hay hilvanes jurídicos y financieros en la exoneración de deudas que merecen una discusión política amplia.
Más que correcciones menores, el mercado laboral necesita una reforma a fondo. La creación de empleo requiere una estrategia elaborada de incentivos a la demanda y la inversión; y, por cierto, afrontar con firmeza el segundo gran problema de la incipiente recuperación, que es la debilidad de las rentas salariales. El ajuste de empleo y salarios no es el tratamiento que necesita una economía que puede crecer por encima del 2% este año.