Cargando...«El aumento, muy criticado por las organizaciones de consumidores, afecta a 20,16 millones de usuarios acogidos a la llamada Tarifa de Último Recurso (TUR), con potencias contratadas inferiores a 10 kilovatios. Si se tiene en cuenta que la electricidad tiene una ponderación del 2,69% en el IPC, se puede calcular que la subida del 9,8% para la mayoría de los usuarios tendrá un impacto directo en torno a 2,5 décimas en la inflación.»
Las asociaciones de consumidores están de acuerdo: la subida de la luz revista para el dos de enero es "inadmisible" y se deben tomar medidas para que el Gobierno no aplique estas nuevas tarifas, que supondrá un aumento de casi el 10% respecto al año pasado. Respecto a 2008, la subida es casi del 50%. Asociaciones como la Organización de Consumidores y Usuarios, (OCU), la Confederación de Consumidores y usuarios (CECU), la Federación de de Usuarios-Consumidores Independientes (FUCI), Facua- Consumidores en Acción y Unión de Consumidores de España (UCE) han publicado comunicados en contra de los nuevos precios y han iniciado recogidas de firmas. (EL PAÍS) EL MUNDO.- La factura energética seguirá engordando en 2011 para los hogares españoles. El Gobierno, tras confirmar ayer la fuerte subida de la luz, anunció que el gas natural también se encarecerá para cerca de 6,5 millones de familias. La tendencia al alza de los precios del petróleo permite augurar nuevos repuntes de dos productos que dependen de su cotización: los carburantes y el butano. El gas natural también se encarecerá en 2011. Sus Tarifas de Último Recurso (TUR) subirán una media del 3,9% para 6,5 millones de hogares LA VANGUARDIA.- Un déficit público multiplicado por catorce, desde los 451 millones de euros del año 2006 hasta los 6.453 millones con los que previsiblemente se cerrará 2010. Y un endeudamiento que actualmente triplica el de hace cuatro años: desde 14.100 millones de euros hasta 40.600 millones. Esta es la situación financiera que el gobierno tripartito de José Montilla, formado por PSC, ERC e ICV, deja al nuevo president de la Generalitat, Artur Mas. Es una pesada herencia que dificultará el margen de maniobra político y económico del nuevo ejecutivo que debe constituirse en los próximos días. Economía. El País El gobierno aprueba la mayor subida de la luz en 28 años Santiago Carcar El Gobierno aprobó ayer una subida de la luz del 9,8% a partir del 1 de enero. El incremento, el mayor registrado desde el año 1983, cuadruplica con creces el IPC de 2010 puesto que los precios subieron un 2,3% hasta noviembre. El aumento, muy criticado por las organizaciones de consumidores, afecta a 20,16 millones de usuarios acogidos a la llamada Tarifa de Último Recurso (TUR), con potencias contratadas inferiores a 10 kilovatios. Con el nuevo año, también se encarecerá el gas natural: un 3,93% de media para 6,5 millones de clientes, según informó ayer Industria. Si se tiene en cuenta que la electricidad tiene una ponderación del 2,69% en el IPC, se puede calcular que la subida del 9,8% para la mayoría de los usuarios tendrá un impacto directo en torno a 2,5 décimas en la inflación. La subida no afectará a dos millones de clientes con potencias contratadas inferiores a tres kilovatios. Y tampoco a aquellas familias que soliciten el llamado bono social porque sus miembros estén todos en paro, sean familias numerosas o perceptores de pensiones mínimas. Según Industria, el bono social beneficia ya a tres millones de hogares. La fuerte subida de la luz obedece sobre todo a la necesidad de controlar a toda costa el desfase entre ingresos y costes del sistema eléctrico, que se arrastra desde 2000 y que cerrará el año en 20.000 millones de euros, el equivalente a dos puntos del producto interior bruto (PIB). Incluso con la importante subida aprobada ayer, que para un usuario medio supondrá unos 4,25 euros más al mes (3,2 euros, según el Gobierno), Industria se ha visto en la obligación de elaborar un real decreto para ampliar el margen anual admitido de déficit hasta 2013. Se mantiene, eso sí, la obligación legal de acabar con el desfase que lastra los balances de las eléctricas en el año 2013. Además de reformar la ley para no incumplirla, Industria ha tenido que recortar los costes reconocidos en el sistema eléctrico y reducir las primas a las empresas solares fotovoltaicas en 2.220 millones. Todo para ahorrar un total de 4.600 millones en tres años. Que la situación es grave no lo niega nadie que esté al tanto del funcionamiento del sistema. Si la gran deuda embalsada en forma de déficit no se controla, los balances de las eléctricas pueden convertirse en papel mojado y sus calificaciones crediticias pueden desplomarse. De hecho, las agencias ya han avisado a grandes empresas como Iberdrola y Endesa. No controlar el déficit cuestionaría además la voluntad del Gobierno de actuar contra todo aquello que cuestiona la ortodoxia presupuestaria. Pero con la subida del 9,8% de la luz, el Ejecutivo solo intenta controlar, no solucionar. Porque enjugar el déficit vía tarifas requeriría subidas importantes a lo largo del año, algo impopular y con costes políticos evidentes. Por esa razón, y en contra de las demandas de algunas empresas, la Secretaría de Estado de Energía que dirige el saliente Pedro Marín decidió congelar la parte de las tarifas sobre la que puede actuar y aplicar únicamente el resultado de la subasta de energía que fija los precios de comercialización para el primer trimestre. El resultado de la subasta celebrada el 14 de diciembre, tras los ajustes previstos en la normativa, elevó la subida de la parte del recibo liberalizada (la que recoge los precios de la energía) por encima del 20%. Como Industria congeló su parte -la otra mitad del recibo-, el impacto en el bolsillo del usuario se reduce al 9,8%. Pero la cantidad escuece. La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) denunció que el Gobierno se somete a las reivindicaciones del lobby eléctrico y calificó la subida de "inaceptable, brutal y aberrante". También la UCE cargó contra la decisión, que calificó de "brutal" y "pactada" con las eléctricas. La OCU anunció incluso que recogerá firmas para exigir al Gobierno la congelación de la tarifa eléctrica y la permanencia de la Tarifa de Último Recurso (TUR). De igual forma, el portavoz de Facua, Rubén Sánchez, afirmó que "no hay justificación" para una subida de la luz, más aún cuando ya se han producido "incrementos más que excesivos" a lo largo de los últimos años que han llevado al consumidor a rondar "cerca de los 200 euros" de subida en su facturación anual con respecto a lo que se pagaba en 2007. Frente a las organizaciones de consumidores, la asociación patronal eléctrica Unesa explicó que las subidas "son necesarias" para acabar con el problema del déficit de tarifa eléctrica en el año 2013. *********************** Reacciones Las asociaciones de consumidores se rebelan contra la subida de la luz Las asociaciones de consumidores están de acuerdo: la subida de la luz prevista para el dos de enero es "inadmisible" y se deben tomar medidas para que el Gobierno no aplique estas nuevas tarifas, que supondrá un aumento de casi el 10% respecto al año pasado. Respecto a 2008, la subida es casi del 50%. Asociaciones como la Organización de Consumidores y Usuarios, (OCU), la Confederación de Consumidores y usuarios (CECU), la Federación de de Usuarios-Consumidores Independientes (FUCI), Facua- Consumidores en Acción y Unión de Consumidores de España (UCE) han publicado comunicados en contra de los nuevos precios y han iniciado recogidas de firmas. "Hay que hacer algo, se trata de una agresión a los ciudadanos y sus bolsillos. El problema no es la subida de este trimestre, es la acumulación", resalta el presidente de la Unión de Consumidores de España (UCE), José Ángel Oliván. No le parece aceptable que el ministro de Industria, Miguel Sebastián, esté utilizando "mentiras estadísticas". Aclara este punto: "Están diciendo que supone una subida media de 3,2 euros. Pero eso es teniendo en cuenta todos los contratos, incluyendo muchos pisos vacíos. Lo que paga una familia normal, en el momento que tiene una serie de electrodomésticos, no baja de los cincuenta euros, y va a ser mucho más". Los precios no se adecuan a la oferta y la demanda, sino que son "pactados por las empresas", asegura Oliván. "No es que lo diga yo, sino el Presidente de la Comisión Nacional de la Competencia", dice. "No sabemos a qué precio se estará vendiendo a Francia, imagino que más barata, porque allí la luz no es tan cara. Nuestros precios están por encima de la media europea, pagamos más que los italianos o franceses", comenta. El portavoz de Facua, Rubén Sánchez, es crítico con el cálculo de la subida hecha por el Gobierno. "No nos explican cuánto consume el consumidor medio que ellos manejan. En julio de 2009 tampoco se explicaron las cuentas y, al final, la cifra real multiplicaba por tres la defendida por ellos", se queja Sánchez. "No nos creemos el déficit de tarifa que argumentan las empresas eléctricas. La Comisión Nacional de Energía y la de Competencia han criticado el sistema de subasta por el que se deciden los precios, y en el que solo participan las compañías. El Gobierno no llega a ser ni simple espectador", argumenta. La portavoz de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), Iliana Izverniceanu, no aprueba la política energética del Gobierno. "Es errática y llena de bandazos, como cuando se apostó por la tarifa nocturna y, al final, se ha acabado eliminando". Como el resto de la asociaciones, en OCU creen que el Ejecutivo se plegado a los intereses de las eléctricas. "Hay que tener en cuenta también a los ciudadanos. Los productores se excusan en el déficit tarifario, pero se niegan a aclarar qué precio tiene cada kilovatio". La subida de las energías es para la UCE una mala excusa. "El ministro debería reconocer que su política energética ha fracasado", dice Oliván. Lo que preocupa especialmente a estas organizaciones es una subida de la luz adicional en 2011. "No se han descartado cambios para el año que viene. En junio puede volver a pasar, explican en OCU. "Es muy probable que ocurra", coinciden en la UCE. Por eso, se han organizado algunas recogidas de firmas, como la que lleva la OCU desde el pasado día 22. "Ya se han sumado 4.060 personas", asegura Izverniceanu. Las organizaciones piden que se les tenga en cuenta. "No hemos podido hablar con el ministro. Hemos tenido contacto con un director general, que simplemente nos informó de lo que iba a ocurrir", explica Oliván. "Lamentablemente, parece que al ciudadano sólo se le tiene en cuenta como votante. Intentaremos hacer ver a los políticos que tienen algo que perder en ese terreno si siguen con este modelo". EL PAÍS. 28-12-2010 Economía. El Mundo El gas también sube un 3,9% para 6,5 millones de familias La factura energética seguirá engordando en 2011 para los hogares españoles. El Gobierno, tras confirmar ayer la fuerte subida de la luz, anunció que el gas natural también se encarecerá para cerca de 6,5 millones de familias. La tendencia al alza de los precios del petróleo permite augurar nuevos repuntes de dos productos que dependen de su cotización: los carburantes y el butano. El gas natural también se encarecerá en 2011. Sus Tarifas de Último Recurso (TUR) subirán una media del 3,9% para 6,5 millones de hogares. En el mercado español hay dos tipos de TUR. La primera, para usuarios con consumos de menos de 5.000 kilovatios al año (equivalente a una casa sin calefacción), se incrementará un 4,14%, lo que supone unos 0,56 euros mensuales. La segunda, aplicable en viviendas con entre 5.000 y 50.000 kilovatios contratados anuales, subirá un 3,85%, lo que representa 1,66 euros al mes. El gas natural se quedó el pasado mes de junio al margen del pacto entre el PSOE y el PP para suspender la subida de la luz. Esta materia prima ha sufrido dos incrementos de precio en lo que va de año. Uno en abril -del 4,1%- y otro en julio, del 8,1%. Además, claro, del impacto que ha tenido sobre la factura de los hogares españoles el incremento del IVA, que también en julio pasó del 16% al 18%. Los consumidores que están excluidos de la TUR también han sufrido las alzas de la materia prima en 2010. Desde la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) señalan que algunas tarifas libres suponen un coste incluso más alto que la de último recurso. El precio del gas de referencia en los mercados internacionales ha experimentado una subida de más del 9% desde el pasado mes de septiembre, aunque en el acumulado del año aún se mantiene en negativo. De hecho, ésta ha sido una de las materias primas con peor comportamiento en el mercado debido a una menor demanda para uso industrial. El precio de la gasolina se ha desmarcado durante todo 2010 de su principal referencia, el barril de petróleo, para alcanzar los 1,263 euros por litro, apenas tres céntimos por debajo de su máximo histórico, marcado en julio de 2008. Lo mismo ocurre con el gasóleo, que en 15 días ha incrementado un 2,2% su precio hasta los 1,205 euros por litro. Por entonces, el precio del combustible compartía con el crudo los niveles más altos de toda la Historia, cuando el barril de Brent, de referencia en Europa, llegó a cotizar por encima de los 146 dólares en plena burbuja especulativa. Ahora, sin embargo, sorprende que la gasolina cueste casi tanto como entonces a pesar de que el petróleo cotiza un 35% más barato. Algunos expertos, como Andrés Delgado, abogado de Mariano Aguayo especializado en litigios del sector petrolero, consideran que este incremento se debe en parte a la capacidad de las grandes compañías para fijar los precios a las más de 7.000 estaciones de servicio independientes que hay en España. Lo peor de todo es que en 2011 podría continuar esta tendencia al alza. La mayoría de analistas estima que el petróleo -que actualmente cotiza en 93,5 dólares- podría sobrepasar los 100 dólares, una estimación que tampoco descarta la OPEP, la organización de los principales países exportadores de crudo. Si esto sucede, es probable que la gasolina y el gasóleo continúen subiendo y puedan desencadenar otra huelga como la que protagonizaron en 2008 la mayoría de camioneros españoles. La bombona de butano ha registrado cuatro subidas en lo que va de año y su precio actual es de 12,79 euros, 2,10 euros más que hace un año cuando se encontraba a 10,69 euros. Según lo establecido por el Ministerio de Industria, el precio de este combustible se revisa trimestralmente de acuerdo a una fórmula fija que tiene en cuenta el coste de la materia prima, la evolución del precio de los fletes y el tipo de cambio del euro con el dólar. El último incremento se produjo precisamente el pasado 1 de octubre, con un aumento entonces de un 2,81%. La bombona de butano ha acumulado así, en sólo 2010, un encarecimiento de un 16,6%. A esta cantidad habría que añadir también el aumento del IVA que se produjo en julio al pasar del 16% al 18%. Industria no ha decidido aún cuánto aumentará la bombona a partir del 1 de enero de 2011, pero si se tienen en cuenta los precios internacionales, es casi seguro que subirá por encima del 3%. La primera revisión que se produjo en enero de 2010 fue entonces de un 3,4%. La aplicación de esta subida afecta a unos 10 de millones de usuarios que todavía utilizan el gas butano y, aunque el gas natural está desplazando cada vez más al butano, es un combustible cuyo aumento tiene siempre un fuerte impacto social porque afecta básicamente al consumidor doméstico que vive en pueblos y con bajo nivel de ingresos, básicamente jubilados. EL MUNDO. 28-12-2010 Editorial. La Vanguardia Una pesada herencia para Artur Mas Un déficit público multiplicado por catorce, desde los 451 millones de euros del año 2006 hasta los 6.453 millones con los que previsiblemente se cerrará 2010. Y un endeudamiento que actualmente triplica el de hace cuatro años: desde 14.100 millones de euros hasta 40.600 millones. Esta es la situación financiera que el gobierno tripartito de José Montilla, formado por PSC, ERC e ICV, deja al nuevo president de la Generalitat, Artur Mas. Es una pesada herencia que dificultará el margen de maniobra político y económico del nuevo ejecutivo que debe constituirse en los próximos días. Buena parte del incremento del déficit de la Generalitat, y de su mayor endeudamiento, se debe al impacto de la crisis, en forma de menores ingresos, a causa de la caída de la recaudación, y de mayores gastos, por el aumento del gasto social y sanitario. El nuevo sistema de financiación que establece el Estatut ha mitigado dicho impacto, pero no lo suficiente._ Un desfase presupuestario importante, dada la enorme magnitud de la crisis, era inevitable. Así ha sucedido también en la Administración central, en las demás autonomías y en los ayuntamientos. Pero, en el caso que nos ocupa, hay que admitir que, al igual que en el resto de las administraciones españolas, en Catalunya también se reaccionó tarde y mal frente a la crisis, pese a las reiteradas advertencias recibidas desde las agencias internacionales de calificación, que ya rebajaron en su día la nota de la deuda pública catalana. El único plan de ajuste que el gobierno saliente ha aplicado, y que tenía por objetivo acabar este año con un déficit del 2,4% del PIB, tampoco se ha cumplido. El ejercicio previsiblemente se cerrará con una variación al alza que estará entre el 0,7% y el 0,9% del PIB, lo que supondrá incumplir el compromiso adquirido en su día con el Gobierno central. La verdadera situación financiera de la Generalitat, sin embargo, no se conocerá hasta que el gobierno entrante realice las auditorias oportunas y compruebe si el balance que el president Montilla ha entregado al president Mas cuadra con la realidad. Cabe esperar que no se repita lo que, en ocasiones, sucede en los traspasos de poderes, en los que siempre existe la tentación de ocultar facturas bajo las alfombras. En cualquier caso, la situación de las finanzas de la Generalitat, con déficit y endeudamiento excesivos, amenaza el mantenimiento del Estado del bienestar en Catalunya y los programas de modernización y de competitividad. El nuevo president y su equipo de gobierno están obligados a realizar un enorme esfuerzo de gestión para ajustar las cuentas públicas, para gastar menos y mejor, así como para optimizar los recursos disponibles con objeto de incentivar la máxima generación de riqueza posible. El president Mas ya se ha comprometido a reducir en un 20% el número de departamentos y en un 25%, el personal de confianza y los informes. También ha dicho que no cubrirá las bajas por jubilación, para reducir la plantilla de funcionarios, y que redimensionará los organismos autónomos y las empresas y consorcios públicos. Todo ello es necesario. Pero el president Mas deberá acometer un esfuerzo muy superior para ajustar y sanear las finanzas de la administración autonómica catalana al tiempo que mejora su eficacia. Y este es un reto para el que necesitará el apoyo y la comprensión del conjunto de la sociedad catalana. LA VANGUARDIA. 28-12-2010