Rato, el banquero de la derecha

“Que el ex director gerente del FMI alcance el sillón de Caja Madrid es una buena noticia, no sólo para el sector de Cajas y el financiero, sino también para la derecha polí­tica y para el PP porque, de forma tanto efectiva como simbólica, pone freno a la desbordada deriva de la presidenta madrileña”

Rato sabe que su residencia de Caja Madrid hará posible trazar la gran unión, en diagonal geográfica, de las Cajas de las Comunidades en las que gobierna el PP (Galicia, Madrid, Comunidad Valenciana) venciendo reticencias como las de Feijoo y Camps; hará posible que su interlocución como presidente de la ahora cuarta –quién sabe si pronto tercera— entidad financiera española ponga en valor –y para ello bastará sus simple rostro—la gestión de la derecha política en la democracia española de 1996 a 2004, y hará posible que el sector de las Cajas de Ahorro logre exactamente lo que necesita: autonomía respecto de las autoridades comunitarias que las tutelan. (EL CONFIDENCIAL) EL PAÍS.- El Gobierno adoptó ayer dos decisiones que suponen un cambio significativo en la orientación de la política económica. La primera es una propuesta de aumento de la edad de jubilación hasta los 67 años, completada además con un (por el momento) indeterminado aumento en la base de cotización a la Seguridad Social sobre la que se calcula la pensión de jubilación. La segunda medida es el anuncio de un plan de recorte del gasto público de 50.000 millones en tres años Opinión. El Confidencial Rato, el banquero de la derecha José Antonio Zarzalejos Ayer era un día para Rodrigo Rato, pero la tosquedad habitual con la que se conduce la presidenta de la Comunidad de Madrid, su prepotencia en la utilización de un lenguaje arrabalero con el que distingue a todo aquel que le contraría, la implacabilidad casi cruel con la que trata de machacar a sus adversarios en el Partido Popular y fuera de él y la hipocresía con la que asume –ahora– la presidencia del ex vicepresidente del Gobierno en la caja madrileña, vuelven a poner el foco sobre una política populista, que subyuga a los bronquistas y enardece a los ya que lo están sin necesidad de estímulos adicionales. Ha tenido que ceder en la entidad financiera –¿como comparar a Ignacio González con Rodrigo Rato?– pero no se aquietará hasta a que todos los "hijos de puta" que no le rindan pleitesía sean apartados. Por eso, que el ex director gerente del FMI alcance el sillón de Caja Madrid es una buena noticia, no sólo para el sector de Cajas y el financiero, sino también para la derecha política y para el PP porque, de forma tanto efectiva como simbólica, pone freno a la desbordada deriva de la presidenta madrileña. La historia reciente de Rato es, por eso, más interesante que la del exabrupto –muy frecuentes en la "lideresa como es bien sabido por quienes la conocen, la rodean y la padecen– de una mujer que ha perdido el norte y, sobre todo, cualquier posibilidad de regreso a la política nacional. Vayamos, pues, con el nuevo presidente de Caja Madrid que dará tardes de gloria a la afición. El sucesor que pudo ser Tuve la fortuna –periodísticamente hablando—de entrevistar a Rodrigo Rato para el ABC que entonces dirigía el mes de enero de 2003, cuando ya corrían por los mentideros de la Villa y Corte apuestas cruzadas sobre la designación por Aznar de su heredero. El asturiano venía de celebrar el fin de año en Gijón y se pasó por el periódico que le quedaba a mano, a medio camino, del el aeropuerto de Barajas al centro de Madrid. El día 5 de enero se publicó la conversación en la que el que, a la sazón, vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía mostraba su disponibilidad a asumir el reto de suceder a Aznar al frente del PP y de la presidencia del Gobierno. Para entonces Rato había discrepado con el presidente en algunas cuestiones importantes, entre ellas, la gestión de la presencia española en las decisiones relacionadas con la invasión aliada de Iraq y en determinados aspectos referentes a empresas públicas y privadas o privatizadas. Por otra parte, Rato mostraba a aquellas alturas de la legislatura una gran independencia de criterio y mantenía con el Presidente del Gobierno una relación que, siendo buena, había tenido mejores momentos. El vicepresidente, por otra parte, se consideraba con méritos y capacidades para suceder a José María Aznar y nunca ocultó su irrefrenable vocación política para conseguirlo. Tanto la forma en la que Aznar comunicó en septiembre de ese año la designación de Mariano Rajoy para sucederle –en las quinielas estuvieron también Ángel Acebes y Jaime Mayor—como su exclusión, provocaron en Rodrigo Rato una cierta e indisimulada sensación de amargura. Quizás la aceptación de la máxima responsabilidad ejecutiva en el Fondo Monetario Internacional (FMI), un tanto precipitada en función de circunstancias más personales que de otra naturaleza, fue por parte del ex vicepresidente una reivindicación política ante España y ante los países occidentales en cuyos gobiernos el responsable español de la economía durante las dos legislaturas del PP despertó reconocimiento y un amplio consenso por su brillantez y capacidad. El hecho de que valoraciones ajenas a la política le obligasen a interrumpir su mandato como responsable del FMI (octubre de 2007) desgastaron su imagen y ofrecieron otra de cierta improvisación en su decisión. El discreto regreso a España Un regreso discreto a España con presencia en entidades financieras de primer nivel ha normalizado desde entonces su nueva trayectoria privada desde la que ha observado los avatares de su partido en el que cuenta con innumerables y fidelísimos seguidores. Rato mantiene en el Partido Popular una autoridad moral y una capacidad de referencia sólo comparable con la de José María Aznar. De ahí que pudiese pensarse –en algunos casos con fundamento—que Mariano Rajoy le consideraba, aun en la amistad y compañerismo que les unía, una amenaza a su renqueante liderazgo, asentado luego a partir del XVI Congreso del partido celebrado en junio de 2008 en Valencia. La iniciativa de proponerle Caja Madrid, honra a Rajoy y hasta le fortalece. Es en este contexto en el que hay que situar el nombramiento de Rodrigo Rato para la presidencia de la caja madrileña. El ex vicepresidente no ha asumido esa responsabilidad por dinero (ganaba más con la asesoría al Banco Santander, al Lazar y a Criteria); tampoco por poder, porque quien fue Vicepresidente del Gobierno y ministro de Economía y director-gerente del Fondo Monetario Internacional, tiene el ego ya colmado y los oropeles le estragan. Y mucho menos ha sido la notoriedad la que le inspira porque si algo ha tratado de preservar Rodrigo Rato ha sido su vida privada en la que se ha entregado a sus hijos y a resolver problemas complicados que afectaban al patrimonio familiar. Rato cambia el guión El regreso de Rodrigo Rato responde a esa arrasadora vocación de proyección pública, de afán transformador, que tanto le distingue. Rato no es un hombre vulgar y sabe que su presidencia de Caja Madrid –en la que le ha precedido un eficiente y discreto Miguel Blesa– hará posible lo que para otros no lo sería. Hará posible trazar la gran unión, en diagonal geográfica, de las Cajas de las Comunidades en las que gobierna el PP (Galicia, Madrid, Comunidad Valenciana) venciendo reticencias como las de Feijoo y Camps; hará posible que su interlocución como presidente de la ahora cuarta –quién sabe si pronto tercera—entidad financiera española ponga en valor –y para ello bastará sus simple rostro—la gestión de la derecha política en la democracia española de 1996 a 2004, y hará posible que el sector de las Cajas de Ahorro logre exactamente lo que necesita: autonomía respecto de las autoridades comunitarias que las tutelan y, en tanta ocasiones las subordinan, a intereses que no son los de la entidad y sus clientes. Y sobre todo: la presencia de Rato al frente de Caja Madrid ofrecerá al Banco de España y a los responsables de la Unión Europea una referencia de solvencia y prestigio para la gran reforma del sector que está impactado irreversiblemente por la recesión. Pero esta vuelta de Rato al escenario altera los guiones previos: Esperanza Aguirre será otra Esperanza Aguirre y Mariano Rajoy será otro Mariano Rajoy, porque los planos de interlocución se igualan, se reequilibran, y aquí habrá que contar con el criterio, la opinión –y a veces la ayuda imprescindible—de un Rodrigo Rato que se sentará en cónclave con el presiente del Gobierno, con Emilio Botín, con Francisco González, con Isidro Fainé y, cuando sea necesario, con Miguel Ángel Fernández Ordoñez, gobernador del Banco de España al que podrá aportar, seguramente, una enorme experiencia porque conoce a sus pares de los demás países de la UE y todos ellos le respetan. O sea, que la irrupción de Rato es la del gran banquero de la derecha política española que, sin merma de su profesionalidad, se acaba de convertir en un estandarte simbólico al frente de una entidad madrileña –si, madrileña— más pequeña que su homóloga catalana con la que comienza un juego similar al del Real Madrid y el Barça. Con Rato en activo, todo ha cambiado dentro y fuera del PP, dentro y fuera del sector financiero, dentro y fuera de la derecha política que ya tiene encajado al gran e histórico trío fundacional del PP: Rajoy en la acción política directa, Aznar al frente de FAES y Rato dirigiendo la cuarta entidad financiera del país que él querrá hacer volar más alto y pisar más fuerte. Ahora, veamos cómo se desarrolla la función y si responde a las expectativas de la crítica y del público. EL CONFIDENCIAL. 30-1-2010 Editorial. El País Cambio de orientación El Gobierno adoptó ayer dos decisiones que suponen un cambio significativo en la orientación de la política económica aplicada desde que se declaró el estado de crisis financiera internacional y de profunda recesión económica nacional. La primera es una propuesta de aumento de la edad de jubilación hasta los 67 años, completada además con un (por el momento) indeterminado aumento en la base de cotización a la Seguridad Social sobre la que se calcula la pensión de jubilación. Es evidente que esta propuesta, rechazada de plano por los sindicatos, pretende consolidar el sistema de pensiones, que en el futuro puede verse arruinado por un mercado laboral en el que los cotizantes empiezan a trabajar cada vez más tarde, se jubilan a edades cada vez más tempranas y, además, tienen una esperanza de vida mayor. La segunda medida es el anuncio de un plan de recorte del gasto público de 50.000 millones en tres años que, según la vicepresidenta Elena Salgado, respetará el gasto social y las inversiones en I+D. Ambas medidas suponen un viraje en la política económica por varias razones sobre las que merece la pena reflexionar. El Gobierno da a entender que el periodo de combate de la recesión a través de fuertes estímulos económicos debe dejar paso paulatinamente a un programa de sostenibilidad financiera del Estado, gravemente socavada por el oneroso coste de la recesión. Los términos de esa amenaza contra las finanzas públicas se conocieron ayer. El déficit público se ha disparado hasta el 11,4%, dos puntos por encima de la previsión del Gobierno. Este descontrol puede provocar dificultades de financiación o refinanciación de la deuda. Hay advertencias bien recientes, injustas pero notorias, de las agencias de calificación de riesgos. No es casual que la prima de riesgo español esté rozando ya los 100 puntos básicos. La crisis prolongada del mercado laboral presiona intensamente sobre las finanzas públicas. La EPA del último trimestre de 2009 confirmó que el año pasado se destruyeron 1.210.800 puestos de trabajo, el número de parados aumentó en 1.118.600 personas y el paro total afecta ya a 4.326.500 personas. No hay expectativas de una reducción significativa del desempleo en los próximos tres años y, por tanto, el coste económico y social de esta crisis -ya hay 1.220.000 hogares con todos sus miembros en paro- será muy elevado. La programación pública debe prepararse para pagar los costes sociales de tasas de paro superiores al 11% al menos durante los próximos ocho años. Por tanto, el plan de recorte del gasto y la propuesta de reforma de las pensiones intentan convencer a los mercados de inversión, los que deben juzgar la calidad de la deuda española, de que el Gobierno hará cuanto esté en su mano para que España no sufra de los mismos males que Grecia. Pero una cosa es que el viraje sea correcto -y es correcto-, si se mantienen las redes de protección social, y otra muy distinta que sea creíble. La propuesta de los 67 años inicia un saludable debate sobre las condiciones para reforzar el sistema, pero exige además elevar de forma significativa el periodo de cálculo de pensiones y depende de un acuerdo difícil con los agentes sociales. Sin mencionar el hecho de que ampliar la edad de jubilación choca con la dinámica de las empresas, que prefieren rotaciones más rápidas para abaratar los costes. En el caso del plan de austeridad, el juicio queda en suspenso hasta que se conozca el plan de reestructuración del gasto público. Hoy, sólo es una declaración de intenciones -loable, en efecto-. Que sería más creíble si el Gobierno hubiese propuesto la supresión de funciones y funcionarios de las administraciones públicas, una congelación total de los salarios públicos y la suspensión hasta tiempos mejores de ayudas sociales que no son tales, como los cheques-bebé. EL PAÍS. 30-1-2010

Deja una respuesta