Cargando...«El Banco de España había propuesto abiertamente el retraso en la edad de jubilación como una medida con efectos «muy positivos sobre el equilibrio financiero del sistema». El organismo que dirige Miguel Ángel Fernández Ordóñez resaltaba el beneficio de «incluso retrasar la edad legal», aunque entonces la propuesta quedó eclipsada por las alertas que lanzó Fernández Ordóñez sobre la posibilidad de que el sistema entrara en números rojos y la airada reacción de Corbacho, los sindicatos y hasta el presidente del Gobierno». (EL PAÍS)
PÚBLICO.- Ya tenemos un mensaje común: menos gasto úblico y reforma del mercado de trabajo y de las pensiones. Las coincidencias entre socialistas y populares comienzan a ser preocupantes. ¿Sólo hay un camino para salir de la crisis, gobierne quien gobierne? Ojo porque lo siguiente puede ser nombrar a Pizarro ministro de Economía. EXPANSIÓN.- Nouriel Roubini, el economista estadounidense al que se le atribuye haber predicho la crisis financiera, ha llegado a calificar a la economía española como “una amenaza inminente para la eurozona” y “un riesgo de desastre” mayor que el que puede suponer Grecia. Esta alarmante reflexión se suma a las advertencias de agencias de ráting, de expertos y de instituciones multilaterales sobre los riesgos que supone el descomunal déficit y el creciente endeudamiento de España, lo que se ha traducido en un vertiginoso aumento de la prima de riesgo del país y en un vértigo vendedor de activos españoles como si estuviéramos en vísperas de una suspensión de pagos. Reportaje. El País El gobierno propone retrasar hasta los 67 años la edad legal de jubilación Lucía Abellán El Gobierno ha optado por la fórmula más contundente para mejorar las cuentas del sistema de pensiones. El Consejo de Ministros aprobará hoy una propuesta de reforma de las pensiones que eleva de 65 a 67 años la edad legal de jubilación. Se trata del principal cambio en política laboral y de prestaciones sociales aplicado en muchos años y contraviene el criterio expresado públicamente por el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, contrario a aumentar por ley la edad de retiro. El paso de 65 a 67 años será gradual y comenzará a aplicarse en 2013. Una de las opciones, adelantada por la agencia de noticias Colpisa, consiste en aumentar dos meses por año la edad de jubilación (es decir, quien acceda a la pensión en 2013 lo hará a los 65 años y dos meses, y así sucesivamente), de modo que se jubilarían a los 67 todos los nacidos a partir de 1959. No obstante, los detalles están sujetos a cambios. La decisión supone un triunfo de las tesis de la vicepresidenta y ministra de Economía, Elena Salgado, sobre las del titular de Trabajo. A principios de mes, Corbacho se mostraba partidario sólo de incentivar el retraso voluntario de la edad de jubilación para acercar lo más posible la edad media efectiva de abandono del mercado laboral (63,6 años, según Trabajo; 62,6 según Eurostat, que utiliza otra metodología) a los 65. "Ahora no debe ser obligatorio [seguir en activo después]", respondió con contundencia en una entrevista radiofónica. El ministro se verá hoy en la tesitura de justificar una medida con la que su departamento nunca ha comulgado. En cambio, Salgado sí abrió el debate el mes pasado al citar a Holanda como ejemplo de país que ha elevado a los 67 la edad de jubilación. En el caso de España, ese paso "tiene que ser muy gradual. Cuando decida el Pacto de Toledo; lo razonable es que el incremento vaya gradualmente, aseguró en un mensaje que posteriormente fue matizado hacia la tesis entonces imperante: fomentar la prolongación voluntaria de la vida laboral. Antes que Salgado, el Banco de España había propuesto abiertamente el retraso en la edad de jubilación como una medida con efectos "muy positivos sobre el equilibrio financiero del sistema". El organismo que dirige Miguel Ángel Fernández Ordóñez resaltaba el beneficio de "incluso retrasar la edad legal", aunque entonces la propuesta quedó eclipsada por las alertas que lanzó Fernández Ordóñez sobre la posibilidad de que el sistema entrara en números rojos y la airada reacción de Corbacho, los sindicatos y hasta el presidente del Gobierno. La cumbre de la UE celebrada en 2002 en Barcelona ya propuso esta medida. Y la prolongación gradual de la vida laboral se aplica de forma obligatoria en otros países europeos (Alemania, Reino Unido, Holanda, Portugal, Dinamarca, Noruega e Islandia) y también en Estados Unidos y Australia. Al contrario de lo que ocurre en la mayoría de ellos, la Seguridad Social española arroja superávit, aunque se enfrenta al envejecimiento de la población. No es el único cambio que propondrá hoy el Gobierno. El documento de reforma de las pensiones apuesta por elevar el periodo cotizado que se tiene en cuenta para determinar la cuantía de la pensión. En la actualidad se computan los últimos 15 años de vida laboral, que podrían ampliarse hasta 20, aunque la cifra tampoco está precisada. Ese cambio supone, en general, una rebaja media de la pensión, pues los últimos años laborables suelen ser los de mejor salario, salvo para trabajadores afectados por despidos o regulaciones de empleo al final de su vida laboral. El texto aboga también por adaptar la pensión de viudedad a las nuevas realidades sociales. En principio, el Ministerio de Trabajo planteó eliminarla para los casos de convivencias cortas y sin hijos. Queda por ver si se incluyen cambios más ambiciosos. En la actualidad, la pensión de viudedad es vitalicia y casi universal, pues sólo se exige un mínimo de cotización y un año de antigüedad del matrimonio o la existencia de hijos. Sobre la mesa está también elevar el periodo mínimo necesario para tener derecho a pensión, ahora fijado en 15 años. No obstante, hacen falta 35 para alcanzar la pensión máxima a la que se tiene derecho según la cotización. Preguntado por estos cambios, Celestino Corbacho, eludió ayer precisar la edad a la que se retrasaría la jubilación, informa Lluís Pellicer. Aun así, explicó que la reforma que hoy debatirá el Consejo de Ministros pretende garantizar el sistema de pensiones más allá de 2030. La propuesta se enviará a la patronal y los sindicatos y a la comisión parlamentaria del Pacto de Toledo, que debe debatir los cambios. EL PAÍS. 29-1-2010 Opinión. Público Zapatero se hace del PP Juan Carlos Escudier Al final va a resultar que el PP llevaba razón, y que la culpa de que no salgamos del pozo de la crisis y resbalemos sin cesar por sus húmedas paredes la tiene el Gobierno, que gasta como un poseso, y las Comunidades Autónomas, que gastan como 17 posesas. En septiembre, como si fuera un reto imposible, Zapatero invitó a Rajoy a sentarse con él en torno a una mesa camilla decidir juntos, tijera en mano, qué partidas de gasto público habría que recortar para conseguir unos presupuestos más austeros que los suyos. Ahora, sin mediar brasero alguno, el presidente nos sorprende con el anuncio de que en tres años reducirá en 50.000 millones de euros el gasto de todas las Administraciones sin tocar las partidas sociales y las inversiones. El viernes (en el Consejo), milagro. A estas alturas es difícil la sorpresa, aunque este triple salto mortal con tirabuzón en la política económica invita al desconcierto. Seguro que desde el Gobierno se explica que todo obedece a un plan minucioso, previsto ya en la pizarra de Suresnes,y perfilado por Miguel Sebastián en el rato que ha tenido libre entre el fin del reparto de las bombillas de bajo consumo y la subasta por el almacén de residuos nucleares, pero lo probable es que sea fruto de la presión de las agencias de calificación de deuda y de los organismos financieros internacionales, que en los últimos tiempos presentan a España como una bomba de relojería a punto de dar las doce. Lo de pasarse al PP tiene sus riesgos, salvo que lo que se pretenda sea mostrar que no colabora ni cuando se le da la razón. Y es que el concurso de los populares es imprescindible, ya que sólo cortándoles la American Express a las autonomías, que acumulan casi un tercio del gasto total del Estado, es posible intentar cuadrar el círculo. Los bienpensantes estamos casi obligados a pensar que la misión es imposible porque, lo contrario, asumir que existen 50.000 millones de gasto superfluo, es reconocer que nos han estado tomando el pelo mientras jugaban al bacarrá con nuestro dinero. Ya tenemos un mensaje común: menos gasto público y reforma del mercado de trabajo y de las pensiones. Las coincidencias entre socialistas y populares comienzan a ser preocupantes. ¿Sólo hay un camino para salir de la crisis, gobierne quien gobierne? Ojo porque lo siguiente puede ser nombrar a Pizarro ministro de Economía. PÚBLICO. 29-1-2010 Editorial. Expansión España se convierte en un problema El Gobierno ha pasado en apenas un año de plantear un escenario en el que España apenas sufriría la crisis y sería uno de los primeros países en retomar con fuerza el crecimiento a tener que gestionar la economía desarrollada con el horizonte más sombrío. El optimismo de Zapatero y la inacción gubernamental se está volviendo como un efecto bumerán contra la economía española, que pierde a chorros credibilidad en los mercados internacionales. Cuando la puerta de la recuperación ya se ha abierto para el resto del mundo, España seguirá en recesión en 2010 y es muy previsible que entremos en un largo periodo de atonía, con exiguo crecimiento, nula generación de empleo y un enquistamiento de desequilibrios insostenibles. España ha pasado de ser la envidia de Europa a convertirse en su gran problema. Nouriel Roubini, el economista estadounidense al que se le atribuye haber predicho la crisis financiera, ha llegado a calificar a la economía española como “una amenaza inminente para la eurozona” y “un riesgo de desastre” mayor que el que puede suponer Grecia. Esta alarmante reflexión se suma a las advertencias de agencias de ráting, de expertos y de instituciones multilaterales sobre los riesgos que supone el descomunal déficit y el creciente endeudamiento de España, lo que se ha traducido en un vertiginoso aumento de la prima de riesgo del país y en un vértigo vendedor de activos españoles como si estuviéramos en vísperas de una suspensión de pagos. Esa circunstancia extrema a día de hoy no deja de ser una tremenda exageración. Pero eso no resta un ápice de importancia a la gravedad que supone la pérdida de confianza que está sufriendo la economía española, lo que representa un lastre añadido a la incierta recuperación. El problema de la deuda es muy dañino, pues no sólo hipoteca la capacidad presupuestaria del país, sino que acarrea dificultades para las empresas que pretender financiación con emisiones de deuda. Sobre la economía española pesa un descomunal déficit exterior y fiscal, un sistema financiero sin reestructurar, una gran dificultad para financiar la actividad, un sector inmobiliario que se resiste al ajuste, una imparable sangría en el empleo y en general, como recuerda Roubini, un tremenda falta de competitividad. El Gobierno quiere lanzar ahora una ofensiva para explicar su política económica y tratar de calmar a los mercados. Si esa es la solución, ¿por qué no se ha hecho antes? Ojalá la iniciativa no sea infructuosa, ni contraproducente cuando no hay mucho que explicar. Mucho nos tememos que la única ofensiva que realmente puede tener algún efecto en los mercados y devuelva la confianza en la economía española es la de las reformas. Pero no consta que eso esté en la agenda del Gobierno. EXPANSIÓN. 28-1-2010