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Mientras España lleva 24 años girando la cara ante el problema del aborto, en muchos países europeos está financiado a un porcentaje muy alto por el Estado; incluso con legislaciones más restrictivas en los supuestos en los que se considera legal abortar. Pueden darse muchas explicaciones, hasta enfrentar un pensamiento progresista al conservador para ilustrar este atraso, pero lo cierto es que la progresiva desvertebración de la asistencia sanitaria universal recogida en nuestra constitución se encuentra en la base del problema. La formación de castas burocráticas regionales ha hecho que el aborto sea una lanza más sometida a intereses y beneficios
Aunque desde 1985 el aborto es legal en Esaña, en el 2007 el Estado sólo financió el 28% de las interrupciones voluntarias del embarazo. El 2% de las intervenciones se llevó a cabo directamente en hospitales públicos y el 26% en centros privados concertados.Holanda, Italia, Bélgica y Portugal financian el 100% de sus abortos. Reino Unido paga el 91% y Francia y Suiza, más del 70%. En Italia se realizan el 91% de intervenciones en centros públicos y sólo el 9% en clínicas concertadas con el Estado. En Holanda el 94% de las interrupciones de embarazo se lleva a cabo en clínicas privadas que no cobran a las pacientes sino al Sistema Nacional de Salud. Y en Bélgica el porcentaje es similar: un 79% de abortos en centros privados concertados frente al 21% que se practica en hospitales públicos.En Portugal el 65% de los abortos se realizan en hospitales públicos y el 35% en centros privados concertados. Ocurre lo mismo en el Reino Unido, que financia el 91% de las intervenciones y el 58% se llevan a cabo en clínicas "independientes", gestionadas por ONG y organizaciones de caridad que cobran de la sanidad pública.En España la realidad es más que caótica:Madrid y Cataluña sólo pagan a las mujeres con pocos recursos. En Madrid se financian el 22,9% de las interrupciones de embarazo. En Cataluña, se pagan el 22,8% de los abortos, siendo el 20% ayudas parciales. En el resto de las autonomías la financiación pública es puramente testimonial, en porcentajes que oscilan entre el 3% y el 12%.En Navarra, las mujeres directamente tienen que salir de su comunidad -por lo general a Bilbao, Madrid o Zaragoza-. Galicia y Castilla y León el 0,1% y el 3,3% de las intervenciones se realizan en el ámbito público.Hay otras dos comunidades que oscilan entre el 32% y el 22%: Murcia y Comunidad Valenciana. Murcia las hace todas en clínicas privadas concertadas. En Valencia, el 7,3% se lleva a cabo directamente en hospitales públicos y el 23,5% en centros con conciertos. Andalucía es la que sube la media de abortos públicos: es una región grande y poblada que financia el 73,6% de sus interrupciones de embarazo.En cuanto al cambio que introducirá la nueva ley la mayor parte de las comunidades autónomas dicen que van a esperar a estudiar detenidamente el proyecto de ley del Gobierno antes de decidir cómo cubrir la prestación. Castilla-La Mancha y Andalucía optarán por el modelo de conciertos con clínicas privadas. Navarra esperará a que se regule la objeción de conciencia en el ámbito sanitario. Desde La Rioja se asegura que no se van a crear más unidades en los hospitales públicos, aunque solo se financian el 4,6% de las intervenciones.Una jaula de grillos en la que las perjudicadas son las mujeres. Mientras se nos obliga al conjunto de ciudadanos a girar en torno a la exigencia de un derecho básico para la dignidad, sin que el fondo del problema se asocie aquí: mejorar las condiciones de vida desarrollando una política de natalidad en la que cualquiera pueda decidir libremente que hacer.A ”las partes” les sigue interesando el “raca raca” entre nacimientos o abortos… nacimientos claro.Fuente: El País