¿Quo Vadis, Sanidad Andaluza?

Una de las características más importantes de los sistemas de salud es que tienen una limitada capacidad para producirla. Demostrado está que no por invertir grandes cantidades de recursos en un sistema sanitario el nivel de salud de la población aumenta en la misma proporción. A veces incluso baja. Son los estilos de vida y por consiguiente un cambio de modelo sanitario verdaderamente enfocado a la gestión pública, a la promoción de la salud, al fomento de la educación sanitaria y a la prevención de la enfermedad, las auténticas dianas de cualquier sistema sanitario moderno al servicio de los ciudadanos. No es nuestro caso en general y en concreto tampoco el de Andalucía. El olor electoral -perfume para unos, hedor para otros- dicta que hagamos en primera instancia una reflexión sobre la sanidad andaluza. Y olé.

Si para Susana Díaz, Presidenta de la Junta de Andalucía, su sanidad -con un grado medio de privatización y en aumento como en todas las comunidades- es “la joya de la corona”, para la mayoría de andaluces se ha convertido en una auténtica ”fatiguita”. Ciertamente entre 1990 y 2000 fue uno de los mejores sistemas sanitarios del mundo: se contrataba personal, se construían infraestructuras hospitalarias y centros de salud y se renovaban equipos. Pero los recortes, la infrafinanciación pública y los graves problemas de gestión junto al nivel cada vez más elevado de privatización posibilitaron el gran “majazo” sanitario y asistencial. En 2016 el 57% de los hospitales andaluces y el 28% de las camas ya eran privados. El mismo año la Junta se gastó 385 millones en conciertos con empresas sanitarias coincidiendo con los recortes presupuestarios de los sucesivos gobiernos socialistas en el sistema público.

Aunque ya venía de lejos, la bomba de relojería detonó por toda la geografía andaluza en 2016 contemplando masivas manifestaciones de pacientes, con paros y huelgas de sanitarios, en especial en Granada, Sevilla, Huelva y Málaga. Aquel recuerdo de un sistema sanitario ejemplar hoy se caracteriza por el desgaste de la calidad y la imposición de recortes. Andalucía es la comunidad autónoma que menos invierte en sanidad por habitante. Tan solo 1.110 euros mientras la media nacional es de 1.332 euros. Si hablamos de la proporción del PIB invertido en la citada materia Andalucía se queda en un 6,2 % (Extremadura está en torno al 9,4 %, Asturias en un 7,6 %, Murcia en un 7,5 %, las Islas Baleares con 5,1 %, la Comunidad Foral de Navarra con 5,1 %, Cataluña con 4,7 % y la Comunidad de Madrid en un 3,7 %,).

Para parar su descredito la Junta utiliza una poderosa arma pagada a golpe de talón bancario proveniente de los impuestos de todos los andaluces: la propaganda. “La Sanidad Pública en Andalucía, en las mejores manos” es el lema utilizado para tal campaña pero tal consigna es bandera de un falso patriotismo que alguien definió como “esa basura combustible adherida a la antorcha de cualquiera que quiera iluminar su propio nombre”

Ese “rebujito” indigesto en que se ha trasformado la sanidad andaluza es una especie de mal cocido confeccionado por muchas manos. Así la creación de numerosos mandos intermedios gestionando más de 1000 Unidades de Gestión Clínica, creadas tras la reordenación del sector público sanitario, está en el origen del caos. Nombramiento “digital” de “ejecutores políticos” de los recortes sanitarios encargados de pagar más sueldo a los médicos que más recortan a través del plus variable de productividad en función del cumplimiento de objetivos que se marcan a través de las citadas unidades. Actualmente el médico es rehén de esos objetivos. Problema que se agrava con la subasta farmacéutica que permite retirar de la cartera medicamentos genéricos en beneficio de determinados laboratorios que son los que la ganan. Esos laboratorios, extranjeros y no muy grandes y a veces sin capacidad logística ni estructura suficiente, dejan desasistido puntualmente el mercado. La subasta provoca la ruptura de la unidad de mercado al excluir durante dos años los medicamentos que no son seleccionados. A esto se añade el problema de que los andaluces no tienen la posibilidad de elegir, como sí ocurre en otras autonomías, entre todos los medicamentos que se encuentran a precio más bajo. Es lo que algunos llaman ya el “corralito farmacéutico”. De los 10.000 medicamentos que se pueden vender en toda España con cargo a la Seguridad Social, en Andalucía solo se pueden dispensar 400, elegidos de entre los presentados a subasta. A día de hoy la Junta de Andalucía todavía no ha publicado el supuesto ahorro prometido con las subastas y menos aún dónde invierte ese supuesto ahorro.

En cuanto al número de camas por habitación lejos queda la promesa de las habitaciones individuales que prometió Manuel Chaves en su discurso de investidura del año 2.000. Los pacientes por cada habitación hospitalaria pueden llegar a ser hasta tres. Según datos del portal estadístico de la Comunidad Europea, Eurostat, se cuenta en Europa con una cama hospitalaria por cada 192 habitantes, mientras España continúa muy lejos de esa media con apenas una cama por cada 415 habitantes. Andalucía, además, a la cola de España, cuenta con una por cada 595 habitantes y la provincia de Sevilla, a la cola de toda Andalucía, tiene una por cada 663. Las imágenes de los enfermos en camillas en los pasillos de toda Andalucía es una fotografía convertida en álbum familiar. Falta de camas que en determinados períodos estacionales obliga a posponer operaciones quirúrgicas programadas, lo que hace crecer exponencialmente las listas de espera quirúrgicas. Este déficit provoca también el reacondicionamiento de enfermos de un área a otra o el retraso de programas médicos y la carroñera apropiación que la sanidad privada efectúa aprovechando tal dislate público.

Un informe elaborado por Merco (Monitor Empresarial de Reputación Corporativa) afirma que de los 10 primeros hospitales de España tan solo hay uno andaluz, el Virgen del Rocío de Sevilla. Los demás hospitales andaluces se van perdiendo en el ranking de mejores hospitales de España. Este impresentable nivel tiene su origen en el nuevo modelo de sanidad andaluza, no precisamente público, que ha ido generando toda una red de agencias públicas empresariales y empresas públicas para gestionar la sanidad, con hospitales que no son otra cosa que empresas públicas y cuyo personal no está integrado en el Servicio Andaluz de Salud (SAS) tales como la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Bajo Guadalquivir, la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol, el Consorcio Sanitario Público del Aljarafe, la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias y la Escuela Andaluza de Salud Pública.

En noviembre de 2000 el Parlamento de Andalucía aprobaba el compromiso de que ningún andaluz estaría a menos de media hora de un hospital. Incluso prometió hasta 26 nuevos hospitales comarcales (los HARE -Hospitales de Alta Resolución) de los cuales solo funcionan 13, numero de mal fario como diría un andaluz. Y por otro lado se ha ido tejiendo una serie de fundaciones que detentan la investigación y las patentes que genera el propio sistema público. Precisamente es en el ámbito hospitalario donde la sanidad andaluza hace aguas a pesar de la alta actividad demostrada en los registros que la reflejan –lo mejor del sistema siguen siendo sus profesionales- . Estamos ante un sistema hospitalario infradotado y muy tensionado. Esto tiene su reflejo: a la peor ratio de camas hospitalarias de España por cada mil habitantes ya citada se añade ser la que menos equipos de Resonancia Magnética y TAC pone en servicio y la que presenta mayor déficit de médicos y personal de enfermería en atención especializada. Recordemos aquí la gran idea de María Jesús Montero (exconsejera de sanidad, luego de hacienda y ahora ministra de Pedro Sánchez) consistente en unificar las gerencias de los hospitales de una misma ciudad y trabajar bajo un modelo de unidades intercentros. Modelo que sigue funcionando en Córdoba, Jaén y Almería pero que en Sevilla y Málaga se paralizo gracias a las movilizaciones ciudadanas. Modelo que al repartir las especialidades entre distintos edificios, aumentaron la confusión, entre médicos y pacientes, a la hora de dirigirse a uno de ellos con un problema de salud. Si añadimos a este explosivo coctel la pésima situación de Andalucía en los indicadores generales de bienestar que la sitúan a la cola de Europa no es de extrañar el malestar generalizado. Sin embargo la guinda de la tarta está sin duda en el recorte de contratación de Recursos Humanos. La administración los viene cercenando no sólo desde 2008, sino desde mucho antes, siendo la principal causa de las listas de espera y el caos en la asistencia urgente.

En la retina de los usuarios andaluces esta la imagen deteriorada de su sanidad. El porcentaje de personas que aseguran que el servicio sanitario funciona bien o bastante bien ha pasado del 73,88% en 2010 al 66,1% en 2016. Por su parte, las personas que piensan que las listas de espera empeoraron en el último año fueron del 13,10% en 2009 frente al 28% en 2016.

La multitud que inunda las calles no se equivoca. Es más demuestra que el discurso oficial no cala en ella ni en el colectivo sanitario. El Sindicato de Médicos de Málaga (SMM) confirma que el 46% de los médicos están «quemados». Y algo más grave es la ingente cantidad de profesionales agredidos. Alta cifra que esconde, aparte de otras cosas, una frustración general de los pacientes que focaliza la explicita falta de recursos en el personal sanitario. Según el Colegio de Médicos de Málaga los ciudadanos están olvidando que la premeditada crisis obligó a hacer recortes, también sanitarios. Recortes que según algún miembro de la Plataforma por la Calidad de la Sanidad Malagueña se “están haciendo hasta en la alimentación de los enfermos de oncología”. Afirman y añaden los citados miembros múltiples problemas derivados de cuestiones como son los problemas con el aire acondicionado, la falta de sillas de ruedas para enfermos con problemas de movilidad, obsoletos aparatos, enfermeras solas al cuidado de un numero sobrepasado de pacientes, la no cobertura de las vacaciones al 100%. Hay médicos que tienen seis guardias al mes, unas horas que no se computan ni como jornada laboral ni para la jubilación, lo que redunda en una desmotivación casi generalizada. Añadamos a ese caldo de cultivo horarios abusivos, sueldo insuficiente y los contratos renovados cada 15 días.

A pesar de que la Constitución dicta que todos los españoles somos iguales ante la percepción de los servicios públicos hemos de reconocer que un paciente navarro o uno vasco tiene una atención sanitaria casi el doble de buena que uno canario y bastante mejor que un andaluz, un catalán o un valenciano. Si analizamos variables como la inversión presupuestaria por habitante, el número de camas, de quirófanos y de médicos y la satisfacción de los usuarios, entre otros baremos, debemos subrayar que los recortes sanitarios llevados a cabo en los años de la crisis no solo mermaron al sistema en general, sino que abrieron una brecha entre regiones aún mayor que la que existía. Andalucía es el ejemplo. El Ministerio de Hacienda admite que entre 2010 y 2015 se recortaron unos 27.000 millones en sanidad. Y aunque admitamos que en los dos últimos años se han revertido los tijeretazos, la situación continúa estando muy lejos de ser la anterior a la crisis. Además, mucho tememos que los presupuestos sanitarios continuarán disminuyendo en el medio plazo. El Gobierno de Sánchez se ha comprometido con Bruselas a seguir reduciendo el déficit público y el 50% de esa reducción se dará en la sanidad.

La política, lo que pase con los ciudadanos, seguirá siendo dictada por aquellos defensores de la teoría neoliberal utilizando como justificación el crecimiento y el falso mito del progreso para seguir esclavizando, “apollardando” a una sociedad, en esta caso la andaluza, extendida al resto. Debemos afilar el ingenio para defendernos de esa burla total y despiadada a la inteligencia ciudadana. Defendernos de esas “honorables instituciones” y de sus “honorables” personajes, de sus presupuestos lógicos, de esos políticos con lenguas voraces y viperinas que esconden su verdadera naturaleza para luego descargarla en su pueblo. Al fin y al cabo, como dijo aquel, la política en España -extiéndase según libre albedrío- es un conflicto de intereses disfrazados de lucha de principios. O sea el manejo de los intereses públicos en provecho privado. Estaremos “aliquindoi” sin resultar “asauras”. No estamos en la edad del “choco” para que nadie nos suelte una “mascá” ni “apalancaos” sin esperanza alguna. Es cuestión de tiempo y estrategia ciudadana no de ir “follaicos” vivos y sí de “coscarnos” que esto no funciona. Tampoco es cuestión de “remear” a nadie y tampoco de que nadie nos haga “parchear” en cualquier “pego” ni de poner cara de “empanaos”. Los andaluces entenderán. Es hora de actuar generando solidaridad entre los trabajadores, una conciencia y una acción global que derribe los muros de la actual política y que ponga los recursos y la riqueza generada al servicio de los intereses generales y de la inmensa mayoría de los ciudadanos. No podemos -andaluces del mundo uníos- seguir sometidos a los intereses de un puñado de políticos al servicio de la política descrita, del monopolio privado, de los banqueros, de los terratenientes y de las multinacionales.