Cargando...«Con esa medida, más el retraso de la edad de jubilación a los 67 años y otras medidas de reforma, la seguridad Social pretende ahorrar casi 4 puntos del producto interior bruto (PIB) en el gasto en pensiones a partir de 2030. Cuatro puntos de PIB equivalen actualmente a unos 40.000 millones de euros.»
En el documento sobre las ensiones no se planteaba plazo alguno, y se había especulado con el alargamiento del periodo de cómputo de 15 a 20 años. Pero el programa de estabilidad desvela cuáles son los planteamientos del Gobierno. (EL PAÍS) EL CONFIDENCIAL.- El Nobel de Economía, Paul Krugman, se hace eco de las advertencias vertidas recientemente por el profesor de la Universidad de Nueva York Nouriel Roubini en el Foro Económico Mundial celebrado en Davos que apuntaban a España como el principal riesgo para el euro, incluso por encima de Grecia. En un artículo publicado en su blog del diario ‘The New York Times’, Krugman advierte de que "la mayor dificultad (de la eurozona) no es Grecia, sino España", y subraya que el problema real en el bloque del euro está relacionado con el hecho de que la política monetaria de la región no ofrece respuestas a los países del área que se encuentran en dificultades. EXPANSIÓN.- Se ha acabado el tiempo de la retórica. El Gobierno debe asumir la responsabilidad de tomar medidas ya, y si no dejar paso a otro. ¿Se atreverá a adoptar el nuevo contrato con una indemnización menor, de veinte días por año de trabajo, o seguirá haciendo el juego a los sindicatos? Cualquier planteamiento que no contemple medidas de este calado y que no emprenda una profunda reforma de la negociación colectiva que diluya el monopolio sindical para que las empresas puedan adaptar los salarios a sus circunstancias particulares significará seguir dando la espalda a la realidad. Reportaje. El País El Gobierno plantea elevar a 25 años el cómputo de la pensión Miguel Jiménez 25 años. Ese es el plazo al que el Gobierno plantea elevar los años de cotización que se toman en cuenta para calcular una pensión, y que ahora es de 15 años, según la actualización del programa de estabilidad que el Gobierno ha enviado a Bruselas. Con esa medida, más el retraso de la edad de jubilación a los 67 años y otras medidas de reforma, la seguridad Social pretende ahorrar casi 4 puntos del producto interior bruto (PIB) en el gasto en pensiones a partir de 2030. Cuatro puntos de PIB equivalen actualmente a unos 40.000 millones de euros. En el documento sobre las pensiones no se planteaba plazo alguno, y se había especulado con el alargamiento del periodo de cómputo de 15 a 20 años. Pero el programa de estabilidad desvela cuáles son los planteamientos del Gobierno. "El impacto de estas medidas en las proyecciones de gasto asociado al envejecimiento puede ser muy importante", señala el documento enviado a Bruselas. El Gobierno señala que cada año que se retrasa la edad legal de jubilación se reduce en un punto del PIB el gasto en pensiones; y cada año que se amplía el número mínimo de años para obtener una pensión se obtiene una reducción adicional de 0,2 puntos porcentuales. "Por tanto, si a lo largo de la década de 2020 se elevan en dos años estos parámetros y si, además, se aumenta en una década el número de años considerados para calcular la pensión, el recorte total del gasto en pensiones podría alcanzar casi 4 puntos porcentuales sobre el PIB a partir de 2030", concluye el apartado sobre pensiones del plan de estabilidad. Economía indica que eso supondría una mejora muy sustancial del indicador de sostenibilidad (S2) que elabora la Comisión Europea; en concreto, el componente que recoge el gasto asociado al envejecimiento se situaría entre los más bajos de Europa. Además, el Gobierno plantea vincular algunos otros parámetros del actual sistema, entre ellos el número mínimo de años cotizado para acceder a la pensión, al alargamiento de la vida laboral que conlleva el retraso en la edad de jubilación. Eso se traduciría, aunque el documento no lo dice expresamente, en un alargamiento de 15 a 17 años de ese periodo mínimo para acceder a la pensión. El Gobierno también señala a Bruselas que propondrá un reforzamiento de la relación entre cotización y prestación, incluyendo el posible establecimiento de cuentas nocionales en una parte del sistema, eso es, que tengan una relación completa e individualizada entre cotización y pensión. EL PAÍS. 3-2-2010 Agencias. El Confidencial La mayor dificultad de la eurozona no es Grecia sino España El Nobel de Economía, Paul Krugman, se hace eco de las advertencias vertidas recientemente por el profesor de la Universidad de Nueva York Nouriel Roubini en el Foro Económico Mundial celebrado en Davos que apuntaban a España como el principal riesgo para el euro, incluso por encima de Grecia. En un artículo publicado en su blog del diario ‘The New York Times’, Krugman advierte de que "la mayor dificultad (de la eurozona) no es Grecia, sino España", y subraya que el problema real en el bloque del euro está relacionado con el hecho de que la política monetaria de la región no ofrece respuestas a los países del área que se encuentran en dificultades. El economista centra su artículo en la defensa del gasto público como respuesta a la crisis, y para ello hace hincapié en que España registraba superávit presupuestarios hasta hace unos pocos años y señala que el actual déficit es consecuencia de su "colapso económico". En el reciente Foro Económico Mundial celebrado en la localidad suiza de Davos, el profesor de la Universidad de Nueva York Nouriel Roubini advirtió de que la caída de Grecia supondría un problema para la zona euro, mientras que la de España representaría "un desastre". En este sentido, el también conocido como ‘Doctor Doom’ (Doctor Fatalidad), recomienda en un artículo publicado por el diario británico ‘Financial Times’ que Grecia y otros países como España deberían seguir a Irlanda, Hungría o Letonia en diseñar un plan de consolidación fiscal creíble con drásticos recortes del gasto público, controlables por el Gobierno, en vez de subidas de impuestos, para lograr una devaluación interna mediante bajadas salariales y reformas estructurales que aporten competitividad. En el caso de España, Roubini subraya que, igual que Irlanda, cuenta con un enorme pasivo en su sector bancario derivado del endeudamiento hipotecario. "Su modelo de crecimiento, la construcción residencial impulsada por el ‘boom’ de precios, está caduco", señala y advierte de la necesidad de consolidación fiscal y reformas estructurales que restauren la sostenibilidad del crecimiento y permitan reducir el desempleo. "Grecia ha sido hasta ahora un accidente a punto de ocurrir debido a su elevado endeudamiento público y falta de competitividad, pero sus problemas no son únicos", apostilla el economista. EL CONFIDENCIAL. 3-2-2010 Editorial. Expansión Sin excusas para la reforma laboral Mientras el ministro Corbacho trata de consolarse con que ya queda menos para que finalice el proceso de destrucción de empleo y la vicepresidenta Salgado se juega comidas a que España no salió de la recesión en el cuarto trimestre, el paro continúa su dramática escalada. El desempleo aumentó en casi 125.000 personas en enero, lo que pone en evidencia que el debate sobre si la economía crece algunas décimas de más o de menos es estéril mientras no esté en condiciones de volver a generar empleo. Por primera vez en la historia, los parados registrados superan los cuatro millones, y más revelador aún de la gravedad del problema es que en enero se perdieron 250.000 afiliados a la Seguridad Social, lo que supone que muchos de los nuevos parados ni siquiera se han registrado, bien porque se han refugiado en la economía sumergida, porque se trata de inmigrantes que retornan a su país o simplemente porque ni se molestan en buscar trabajo. En estas circunstancias, la argumentación de la vicepresidenta De la Vega de que hay “una señal evidente de desaceleración” porque la cifra de paro es menor que la de enero pasado –190.000– y el anterior –130.000– es un insulto a la inteligencia. De poco sirve ya a estas alturas reprochar al presidente Zapatero su compromiso de alcanzar el pleno empleo esta legislatura. Pero si en lugar de ese tramposo diagnóstico de la realidad, el presidente hubiera advertido desde el primer momento de la gravedad de la situación no hubiéramos perdidos dos años de legislatura en los que, más allá de subsidios puntuales para calmar el descontento social, patronal y sindicatos han sido incapaces de concretar un acuerdo razonable de reforma para tratar de dinamizar el empleo o que, en su defecto, el Gobierno hubiera asumido la responsabilidad de aprobar las medidas que precisa el esclerotizado mercado laboral español. El paro es el mayor amplificador de la crisis y, por tanto, el más peligroso, en tanto que genera un círculo vicioso difícil de romper y que impide el retorno a un crecimiento vigoroso: el desempleo inhibe el consumo, lo que empeora las expectativas de las empresas, que retraen sus inversiones y se ven forzadas a ajustar aún más las plantillas, agrandando el agujero de las cuentas públicas y agravando el deterioro de la confianza en la economía. En vísperas de que el Gobierno presente su propuesta de reforma laboral –lo hará el viernes–, De la Vega pide unidad y sentido de Estado para emprender medidas valientes, estructurales, mientras patronal y sindicatos siguen mareando la perdiz del diálogo social. Se ha acabado el tiempo de la retórica. El Gobierno debe asumir la responsabilidad de tomar medidas ya, y si no dejar paso a otro. ¿Se atreverá a adoptar el nuevo contrato con una indemnización menor, de veinte días por año de trabajo, o seguirá haciendo el juego a los sindicatos? Cualquier planteamiento que no contemple medidas de este calado y que no emprenda una profunda reforma de la negociación colectiva que diluya el monopolio sindical para que las empresas puedan adaptar los salarios a sus circunstancias particulares significará seguir dando la espalda a la realidad. Como decíamos en nuestro editorial de ayer, aumentar la edad de jubilación está bien, pero de poco servirá si no se halla la manera de incorporar a los parados a la menguante nómina de cotizantes, empezando por los dos millones de afiliados que se han perdido desde que empezó la crisis. EXPANSIÓN. 3-2-2010 Editorial. El Mundo De la economía sostenible a un país insostenible LOS DATOS de los Servicios Públicos de Empleo y del Ministerio de Trabajo que constatan un incremento de casi 125.000 nuevos parados en enero y la pérdida de 257.000 afiliados a la Seguridad Social son demoledores. Pese a que enero es tradicionalmente un mal mes para el empleo, el aumento del número de parados en esta ocasión es catastrófico: nos retrotrae al ritmo de destrucción de puestos de trabajo de marzo del año pasado, es decir, a tiempos previos a la entrada del Plan E, que frenó la caída libre. Se pone así de manifiesto que el país no ha tocado fondo y que el paro continúa sin desacelerarse. Especialmente preocupante es la pérdida de cotizantes a la Seguridad Social, que deja ahora la cifra de afiliados en 17,5 millones. Eso supone retroceder a datos de 2005, cuando la población en España era inferior en casi dos millones. Estos números dibujan un país insostenible en el que hay casi 8 millones de pensionistas, 4 millones de parados y 3 millones de empleados públicos, por 14,5 millones de trabajadores en el sector privado. Hay que advertir que por primera vez en España hay 4 millones de parados registrados oficialmente y también, por vez primera, hay más de 3 millones de personas que cobran un subsidio de desempleo. Eso quiere decir que el Estado debe afrontar al final de cada mes el pago de cerca de 9.000 millones de euros sólo para atender pensiones y subsidios. Se entiende así el giro radical del Gobierno, que ha pasado del discurso de la gran política social, de la economía sostenible y de los brotes verdes al aumento de impuestos, primero, y ahora al pensionazo. Pero tan grave como el deterioro de la economía es la velocidad con que se produce. En agosto de 2007 había la mitad de parados que ahora y hace sólo ocho meses, en mayo de 2009, había casi dos millones de afiliados más a la Seguridad Social que hoy. Lo mismo puede decirse de la rapidez con la que se disparan la deuda y el déficit públicos. El Gobierno había calculado en los presupuestos de 2009 un déficit del 1,9%, y el ejercicio se ha cerrado con el 11,4%, lo que supone una desviación de 95.000 millones de euros sobre lo previsto. Ante este panorama no es de extrañar que el FMI avise de que España deberá afrontar «grandes sacrificios» entre los que incluye, en todo caso, la bajada de salarios, o que la OCDE advierta de que la reforma del sistema de pensiones necesita «esfuerzos complementarios» a los ya anunciados de elevar la edad de jubilación y revisar el cálculo de la pensión. Las luces de alarma están encendidas y hay que tomar decisiones. El nerviosismo no sólo está en la calle, se palpa también en el PSOE. El presidente castellanomanchego Barreda animaba ayer a Zapatero a acometer una «remodelación importante del Gobierno» para formar un equipo que combata mejor la crisis. Al margen de que sus declaraciones puedan ser consideradas oportunistas, revelan el debate interno que sacude las filas socialistas. Pero es el momento también de que la oposición esté a la altura. La tentación de acomodarse en el cuanto peor, mejor, no sirve, porque el PP corre el riesgo de heredar un país destrozado el día que llegue al Gobierno. Esta semana Zapatero tiene una oportunidad de demostrar que es consciente de la gravedad de la situación. El Consejo de Ministros aprobará el viernes sus propuestas de reforma del mercado laboral. Desde luego, la situación no se va a desbloquear con medidas cosméticas. Veremos si, como pedía ayer la vicepresidenta De la Vega, se apuesta por «medidas valientes», que en este caso sólo pueden ir por la flexibilización en la contratación y el despido. Si tras haber dejado pasar un año Zapatero no se siente en condiciones de abordar esas reformas, debería pensar en convocar elecciones. EL MUNDO. 3-2-2010