Una chapuza que daña la imagen de España

“Estamos ante una increí­ble chapuza que revela la ligereza con la que actúa el Gobierno en materia de polí­tica económica. El Programa de Estabilidad es una cosa muy seria y las pensiones lo son todaví­a mucho más, por lo que se podí­a suponer que el documento presentado en Bruselas era algo meditado y reflexionado. ¿Qué pueden pensar los dirigentes europeos y los inversores internacionales después de tamaña muestra de improvisación y de los bandazos de este Ejecutivo?”

La imagen de Esaña se deteriora cada día que pasa, como revelan las manifestaciones de Joaquín Almunia, comisario europeo de Asuntos Económicos, que equiparó ayer a España con Grecia y Portugal, palabras que se suman al diagnóstico de Paul Krugman de que nuestro país es hoy una grave amenaza para la estabilidad de la zona euro. (EL MUNDO) PÚBLICO.- España es uno de los países con mayores desigualdades sociales en el mundo desarrollado. En nuestro país hay un gradiente muy marcado de mortalidad según la clase social. Exigirle, por lo tanto, a la mujer de la limpieza de la universidad (cuyo nivel de salud a los 65 años es igual al que tiene el catedrático emérito a los 75 años) que trabaje dos años más para pagar la pensión a este último es una profunda injusticia. Pero esto es, precisamente, lo que están proponiendo los que piden que se aplace obligatoriamente la edad de jubilación. Proponen que las clases menos pudientes (que vivirán menos años) trabajen más para pagar las pensiones de las clases más pudientes, que les sobrevivirán muchos más años. EL PAÍS.- El Plan de Estabilidad enviado por el Gobierno español a la Comisión Europea suscita dudas muy razonables sobre la capacidad del Ejecutivo para reducir el déficit público, situado a finales de 2009 en el 11,4% del PIB, hasta el 3% en 2013 y de la posibilidad de controlar el intenso crecimiento de la deuda pública, que alcanzará el 74% del PIB en 2012. La credibilidad del Gobierno se resiente además de la extrema confusión política de sus propuestas. Editorial. El Mundo Una chapuza que daña la imagen de España PODRÍA haber sido el episodio de un esperpento, pero desgraciadamente lo que sucedió ayer por la mañana fue real, bien real: el Gobierno anunció el alargamiento del periodo de cómputo para fijar la cuantía de las pensiones de 15 a 25 años y, cuatro horas más tarde, decidió dar marcha atrás. La propuesta figuraba en el Programa de Estabilidad 2009-2013, presentado ayer ante la Comisión Europea, en el que se calculaba que la extensión de la jubilación hasta los 67 años y el aumento del periodo de cómputo de las pensiones permitirían un ahorro de recursos del 4% del PIB en 2030 (a precios actuales, unos 40.000 millones de euros). A primera hora de la tarde y tras una dura reacción de los sindicatos, el Gobierno envió una nota a los medios de comunicación en la que señalaba que no se trataba de una propuesta sino de «un ejemplo», «una simulación» que había sido interpretada de forma «errónea». Es evidente que no se trataba de un ejemplo ni de una simulación ya que el Gobierno se había tomado la molestia de evaluar su impacto sobre las cuentas públicas. Pero es que además la medida ya figuraba, aunque sin cuantificar, en el proyecto de reforma de las pensiones aprobado el pasado viernes por el Consejo de Ministros. Estamos, pues, ante una increíble chapuza que revela la ligereza con la que actúa el Gobierno en materia de política económica. El Programa de Estabilidad es una cosa muy seria y las pensiones lo son todavía mucho más, por lo que se podía suponer que el documento presentado en Bruselas era algo meditado y reflexionado. ¿Qué pueden pensar los dirigentes europeos y los inversores internacionales después de tamaña muestra de improvisación y de los bandazos de este Ejecutivo? La imagen de España se deteriora cada día que pasa, como revelan las manifestaciones de Joaquín Almunia, comisario europeo de Asuntos Económicos, que equiparó ayer a España con Grecia y Portugal, palabras que se suman al diagnóstico de Paul Krugman de que nuestro país es hoy una grave amenaza para la estabilidad de la zona euro. Iniciativas como las planteadas por el Gobierno para la reforma de las pensiones deberían haber formado parte de un gran pacto nacional consensuado con los partidos, las comunidades autónomas y los agentes sociales. Pero Zapatero optó por no pactar nada, creyendo ingenuamente que la crisis remitiría en unos meses. La situación es hoy desoladora, como refleja el propio plan de estabilidad, en el que se plantea un recorte de un 4,3% sobre el PIB en el gasto de las Administraciones Públicas en el plazo de tres años, un esfuerzo de austeridad que parece imposible en un Gobierno acostumbrado a derrochar el dinero público. Desgraciadamente para Zapatero, el equipo económico que encabeza Elena Salgado -que hace mes y medio defendió unos Presupuestos que hoy son papel mojado- ha perdido toda credibilidad. Máxime si el patinazo de ayer se salda sin que nadie asuma la responsabilidad de un fallo tan garrafal. Alguien tiene que pagar por el error. Da la impresión de que el Gobierno es una nave a la deriva, que cambia de ruta en función de los vientos, pero que no sabe a dónde va. Hasta hace muy poco, Zapatero había sido persistente en sus políticas, aunque nos parecieran erróneas. Ahora, ha empezado a dar una serie de bandazos que ha desconcertado tanto a sus simpatizantes como a sus detractores porque lo peor, en una situación como ésta, es improvisar. EL MUNDO. 4-2-2010 Opinión. Público Una vez más, las pensiones Vicenç Navarro Una vez más estamos viendo una avalancha liberal alarmando a la población diciéndole que el sistema de pensiones no es sostenible y tiene que sufrir cambios profundos que significan, todos ellos, una disminución de las pensiones. Entre estos cambios se incluye el retraso obligatorio de la edad de jubilación de 65 a 67 años. La mayor justificación para esta medida es que la esperanza de vida de la población española ha crecido cuatro años en el periodo 1980-2005, pasando de 76 a 80 años. Por lo tanto, los pensionistas están gozando de sus pensiones cuatro años más ahora que hace 25 años, lo cual –se nos dice– hará insostenible el sistema de pensiones al aumentar el periodo de beneficio cuatro años más cada 25. El problema con este argumento es que es erróneo, pues ignora cómo se calcula la esperanza de vida. Supongamos que España tuviera sólo dos habitantes: Pepito, que muere al nacer, y la señora García, que tiene 80 años. La esperanza de vida promedio de España lsería (0+80)/2=40 años. Supongamos que en un país vecino hubiera también dos ciudadanos: Juanito, que tiene 20 años, y la señora Pérez, que tiene 80 años. La esperanza de vida promedio de este segundo país es (20+80)/2=50 años. El hecho de que este país tenga diez años más como promedio en su esperanza de vida que España no quiere decir (como constantemente se dice) que la señora Pérez viva diez años más que la señora García. Lo que ocurre es que Juanito vive 20 años más que Pepito. Y esto es lo que ha ocurrido en España (y en Europa). El enorme descenso de la mortalidad infantil y la mortalidad de los grupos etarios más jóvenes ha sido la mayor causa del aumento de la esperanza de vida promedio. Ni que decir tiene que la población anciana vive ahora más que hace 20 años. Pero no los famosos cuatro años que constantemente se citan. Se está exagerando (deliberadamente, en muchas ocasiones) el aumento de la longevidad (años de vida) de la ciudadanía para justificar la reducción de las pensiones. Por otra parte, este aumento de años de vida varía considerablemente según la clase social de la persona. España es uno de los países con mayores desigualdades sociales en el mundo desarrollado. En nuestro país hay un gradiente muy marcado de mortalidad según la clase social. Exigirle, por lo tanto, a la mujer de la limpieza de la universidad (cuyo nivel de salud a los 65 años es igual al que tiene el catedrático emérito a los 75 años) que trabaje dos años más para pagar la pensión a este último es una profunda injusticia. Pero esto es, precisamente, lo que están proponiendo los que piden que se aplace obligatoriamente la edad de jubilación. Proponen que las clases menos pudientes (que vivirán menos años) trabajen más para pagar las pensiones de las clases más pudientes, que les sobrevivirán muchos más años. Otro argumento que se utiliza para argumentar la insostenibilidad de las pensiones es que la juventud se incorpora más tarde al mercado de trabajo (antes a los 18 años, ahora a los 24) y las personas de edad avanzada se jubilan antes, con lo cual hay menos trabajadores con cuyas cotizaciones se pueda sostener a los pensionistas. Tal argumento ignora tres hechos. Uno es que la prejubiliación es algo corregible. En España las prejubilaciones se están utilizando para ayudar a los empresarios que quieren despedir a sus trabajadores de mayor edad. Esta situación debería prohibirse, como ya ocurre en varios países europeos. Si un empresario quiere disminuir su fuerza de trabajo y jubilar a sus trabajadores, debería ser la empresa la que absorbiera estos costes en su totalidad. Otro hecho que aquel argumento ignora es que el retraso de entrada en el mercado de trabajo por parte de los jóvenes se debe a que la mayoría están educándose, adquiriendo mayor conocimiento, con lo cual, una vez se integren en el mercado de trabajo, tendrán mayor productividad, conseguirán mayores salarios y aportarán, por lo tanto, mayores cotizaciones sociales. Lo cual me lleva al tercer hecho que aquel argumento ignora: el impacto del crecimiento de la productividad en la riqueza del país y, por lo tanto, en los recursos disponibles para pensionistas y no pensionistas. Constantemente se dice que el número de trabajadores cotizantes por pensionista será menor, derivándose de este hecho que las pensiones no se podrán pagar. Ahora bien, decir que habrá pocos trabajadores para sostener las pensiones es similar al argumento que pudiera haberse dicho hace 30 años cuando el 30% de la población trabajadora sostenía la agricultura del país. El descenso del número de trabajadores en agricultura (hoy es sólo el 4%) no quiere decir que haya disminuido la producción de alimentos, al contrario, ha aumentado la productividad enormemente. Con menos trabajadores se produce más alimento. Pues bien, sustituyan la palabra agricultura y pongan pensiones. El aumento inevitable de la productividad de un número menor de trabajadores puede sostener e incluso expandir las pensiones sin ningún problema. La ignorancia de este hecho lleva constantemente a errores mayores, como ocurre en el informe del Gobierno sobre las pensiones. Este comienza con una nota que intenta ser de alarma. Dice que hay 8 millones de pensionistas en 2010 y habrá 15 en 2040, de lo cual deduce (sin indicar por qué) que tenemos un problema grave. Pero ignora que en 2040 el PIB de España habrá crecido y será, como mínimo, más de siete veces el existente hoy. Se olvida con excesiva frecuencia que España consumía hace 40 años el 4% del PIB en pensiones y ahora más del doble, el 8,6%, y ello no ha supuesto que los no pensionistas tengan menos recursos. Todo lo contrario, tienen más, pues el tamaño de la tarta (el PIB) es 17 veces mayor. Una última observación. La viabilidad de las pensiones no es un tema demográfico ni tampoco económico. Es única y exclusivamente político. La enorme popularidad (entre todos los grupos etarios) del sistema de pensiones público hace que la sociedad siempre pueda encontrar cómo conseguir los recursos, bien a través de las cotizaciones sociales, bien a través de los impuestos generales, para financiarlas. PÚBLICO. 4-2-2010 Editorial. El País Falta rigor político El Plan de Estabilidad enviado por el Gobierno español a la Comisión Europea suscita dudas muy razonables sobre la capacidad del Ejecutivo para reducir el déficit público, situado a finales de 2009 en el 11,4% del PIB, hasta el 3% en 2013 y de la posibilidad de controlar el intenso crecimiento de la deuda pública, que alcanzará el 74% del PIB en 2012. La credibilidad del Gobierno se resiente además de la extrema confusión política de sus propuestas. Ayer, tuvo que anunciar que eliminaba el párrafo, contenido en el documento remitido a Bruselas, en el que precisaba que en la propuesta de reforma de las pensiones -una de las medidas decisivas para controlar el déficit y la deuda junto con el programa de recorte de gasto público- se aumenta el periodo de cómputo para el cálculo de las pensiones desde los 15 años actuales hasta los 25 años. Una torpeza política de esta magnitud reduce las posibilidades de negociación con los agentes sociales de una medida necesaria para garantizar el futuro del sistema de pensiones. La condición inexcusable para que los ciudadanos, los mercados y Bruselas confíen en la solvencia de la economía española es que los mensajes de reforma sean verídicos y claros. El Gobierno ha burlado ambos requisitos. A la vista de la indiscreta revelación en el documento de una medida desconocida en España y de su eliminación posterior, da la impresión de que el equipo económico juega con globos sonda y se complace en el despiste. No es que el cambio de rumbo anunciado en el Consejo de Ministros del viernes pasado y ratificado en el plan enviado a Bruselas sea incorrecto. Por el contrario, el recorte del gasto y la reforma de las pensiones son el mensaje que esperan los mercados y las agencias de calificación. El problema es que la nueva dirección de la política económica requiere algo más que declaraciones; exige, además, rigor político, explicaciones detalladas sobre dónde, cómo y en qué cuantía se reducirá el gasto y un plan creíble sobre la relación futura entre pensionistas y cotizantes, entre aportaciones y pensiones, para que los inversores renueven la confianza en la deuda española. Al Gobierno le falta tacto político y le sobra la presunción frívola de que los anuncios genéricos de medidas económicas bastan para combatir la recesión o restaurar las finanzas públicas. Un plan de estabilidad creíble no puede fundamentarse tan sólo en recortes de gasto poco precisos o el nuevo cálculo de las pensiones; exige una previsión sobre la generación de suficientes ingresos públicos, porque el balance entre ingresos y gastos del Estado muestra la debilidad de la estructura fiscal española. Por ello es imprescindible que el Gobierno se pronuncie sobre un plan efectivo contra el fraude fiscal o aclare si será necesario subir los impuestos antes de 2013; y por eso es tan necesario mantener un margen de inversión pública para facilitar la recuperación y reducir el paro. Sin reactivación, no aumentarán los ingresos y el paro elevado deteriorará las finanzas públicas y la solvencia bancaria. EL PAÍS. 4-2-2010

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