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La suspensión del espectáculo de Dani Mateo en el teatro Olympia de Valencia, amenazado por la ultraderecha a raíz de un sketch en el Intermedio, ha puesto en primer plano una de los problemas más palpables de la libertad de expresión. Y aunque los fascistas son una minoría irrelevante hoy no debemos minimizar el peligro de los vientos ultraderechistas que, a lomos de la “crisis”, sin duda irán en aumento.
Pero el Ayuntamiento ha respondido de forma ejemplar ofreciendo el Palau de la Música y los artistas actuando gratis. Todo ello con el respaldo y el aplauso de la inmensa mayoría de la población, que tiene claro que solo se puede defender la libertad con más libertad aunque a muchos no les hiciera gracia el sketch.
Por eso, tanto o más preocupante es la persecución judicial a artistas, periodistas o tuiteros con acusaciones delirantes que suelen terminar archivadas o revocadas, no sin antes provocar estragos en nuestra calidad democrática. Baste recordar el caso de los titiriteros o los tuits sobre Carrero Blanco, entre muchísimos otros. Es demencial que la Audiencia Nacional persiga chistes mientras se desentiende de francotiradores que planean asesinar a un presidente del gobierno.
La tercera amenaza es la que realmente ha empujado a El Intermedio y a Dani Mateo a pedir disculpas: la retirada de publicidad. Quien paga manda. Por eso es esencial la independencia económica. Algo que solo han conquistado, con mucho esfuerzo, unos poquísimos medios, entre ellos este periódico.
Y por último y no menos importante hoy: que se pretenda instaurar como algo socialmente aceptable la persecución judicial al incómodo, al incorrecto o al irreverente, achicando así los espacios de libertad de todos. Un ejemplo es el de la multa (40.000€) a la revista Mongolia, por “atentar al honor” del matador (nótese la ironía) Ortega Cano. Una inclinación reaccionaria connatural a la derecha a la que se apuntan preocupantemente sectores de la “izquierda”. Como muestra, la otra multa (70.000€) por unos versos que al parecer “injurian y erosionan el honor” de la dirigente de Podemos Irene Montero. Una demanda que, junto al plebiscito del chalet “erosiona el honor” de su partido con mayor virulencia que las insinuaciones sobre la supuesta financiación venezolana.
Las personas adultas resolvemos insultos de este tipo con un “y tú más”, o “rebota rebota y en tu boca explota”; y a otra cosa mariposa. Lo único perseguible deberían ser las amenazas reales, las coacciones, las agresiones físicas y las difamaciones claras y evidentes. Es evidente que ni el deseo de que una bomba atómica caiga sobre la Zarzuela (Valtonyc) es una amenaza real, ni es una injuria machista decir, aunque sea de forma grosera, que el cargo le viene a Montero más por su relación personal con el líder que por tener mejor oratoria que Íñigo Errejón (o Tania Sánchez, ya puestos).
En resumen, la libertad de expresión se defiende con más libertad, no con menos. Jueces y juicios justos, y los justos. Y que al igual que las amenazas fascistas, esos 70.000€ también los pagaremos entre todos con nuestras libertades, doña Irene.