¿Qué pasa si se acaban las EPS?

En la resuesta a esa pregunta puede estar la clave para resolver la grave enfermedad que aqueja al sistema de salud y seguridad social del país. Todos los colombianos hemos padecido de manera directa o indirecta el calvario que implica buscar un tratamiento, una cirugía o un examen diagnóstico; muy especialmente si estos son de alto costo. Miles de personas se estrellan todos los días contra los infranqueables muros levantados por los auditores médicos, figura concebida con el perverso objetivo de negar a los usuarios de las EPS la cabal atención a sus quebrantos de salud, incluyendo en muchos casos procedimientos contemplados en el Plan Obligatorio de Salud POS, tal como lo demuestra el alud de tutelas colocadas para ese efecto. Y esto tiene lógica, pues si esas parásitas denominadas EPS, deben cubrir con una suma fija por usuario tanto la atención en salud que requiera, como su tasa de ganancia, deberán sus administradores, cuya misión es obtener para los dueños la máxima utilidad, encoger los gastos en salud para lograrlo. En defensa del sistema alega el gobierno de Santos, su Ministro de Desprotección Social y los magnates financieros, que desde que la Ley entró en vigencia se ha ampliado enormemente la cobertura. Claro que sí y que tal que fuera de otra manera, pues los recursos para atender la salud de los colombianos han pasado de representar en 1993 un 1.8% del PIB, a un 6% en la actualidad. Como dicen nuestros abuelos, eso no es gracia, el problema radica en que el crecimiento de los recursos para salud no ha ido parejo con el aumento de la cobertura real y mucho menos de la calidad y pertinencia de la prestación del servicio. Parodiando a un ex –presidente, los recursos han subido en ascensor mientras la calidad y la cobertura lo han hecho por las escaleras. Para decirlo de otra forma, ha crecido la cobertura en el sentido de que la mayoría de la población tiene algún carnet que dice que está asegurado en salud, pero del dicho al hecho hay mucho trecho. El POS del régimen subsidiado es bastante pobre, pero como si fuera poco, quienes están catalogados del nivel 3 hacia arriba, prácticamente no tienen derecho a nada, excepto a exhibir el carnet. Y los de niveles 1 y 2 y los del régimen contributivo, si no es a punta de tutelas no pueden acceder a muchos de los requerimientos para el logro de una vida saludable y digna. El hecho concreto es que las EPS, sigla que según el gobierno quiere decir Empresas Promotoras de Salud, y según un viejo dirigente sindical realmente lo que significa es Empresas Peores que el Seguro, se están quedando, de manera abusiva e ilógica, con cerca de un 30% de los recursos que debieran llegar a quienes si prestan el servicio: las IPS, los laboratorios, las clínicas, los médicos, las enfermeras, las auxiliares. Según parámetros internacionales la correcta y juiciosa administración de un proceso, acompañada de una auditoría o de unos controles eficaces, no debiera costar más allá del 8% del monto de dinero comprometido en él. ¿Por qué razón se permite entonces que los intermediarios en salud cobren un peaje tan alto? La respuesta no es difícil de encontrar, los dueños de estas intermediarias, son del mismo círculo de poder que en Colombia todo lo acapara y a todo le saca lucro. Aquí hay multinacionales de la salud, de los medicamentos y monopolios financieros que parasitan el sistema de salud y se lucran de manera enorme del simple hecho de administrar los recursos. Las EPS no ofrecen servicios de salud, los contratan con terceros o con subsidiarias suyas, en este último caso, ganando por punta y punta. Por esa razón, creo que la respuesta correcta a la pregunta formulada en el encabezado es: si se acabaran las EPS alcanzaría la plata para atender de manera integral la salud de los colombianos, habría más recursos para promoción y prevención, y podríamos llegar a un sistema de salud en el que a los ciudadanos los atendieran en los centros hospitalarios con el único requisito de estar enfermos. Que no nos vaya a salir ahora Santos y su gobierno con el cuento de que con la intervención a Saludcoop todo queda arreglado. En este caso lo que sucedió fue que a sus administradores los pillaron robando más de lo permitido por la ley, y eso gracias al debate del Senador Robledo y a las denuncias de periodistas independientes. Lo de Saludcoop debe servir para abrir un gran debate democrático y para iniciar una vigorosa movilización social que conquiste de manera definitiva la categoría de derecho para la salud, rescatándola de la miserable condición de mercancía.