¿Qué hacer?

La jornada de movilizaciones de los funcionarios, y sobre todo el anuncio de la inminente convocatoria de una huelga general, puede marcar el inicio de una nueva fase en la batalla polí­tica cuyo objetivo es rebajar un 25% nuestro salario real.

La acumulación de ataques y recortes, la aceleración cada vez mayor de los tijeretazos, la indignación y la irritación latentes en amlios sectores sociales ha obligado a los sindicatos a preparar la convocatoria de una movilización general. Y con ello se generan, objetivamente, nuevas y mejores condiciones para que las luchas, aunque sean parciales, sectoriales, descoordinadas y divididas, prendan como cerillas en un pajar reseco. La respuesta popular irrumpe La respuesta popular ha irrumpido en la escena política. Y qué línea, qué orientación y qué objetivos la dirijan va a ser determinante en poder levantar una alternativa política y organizativa frente al ataque de nuestros enemigos. La dirección de las cúpulas sindicales, que nadie lo dude, van a contribuir a confundir los blancos, a dividir, separar y poner al margen (o en contra) de las movilizaciones incluso a sectores unibles en tanto que, aunque no sean conscientes todavía de ello, están afectados por el ajuste o lo estarán en el futuro inmediato. La primera muestra de esto la hemos tenido en la huelga general de funcionarios, en la que los sindicatos han convocado concentraciones en la mayoría de ciudades …a las 12 de la mañana. ¿Qué es lo que se busca? ¿Qué ningún otro sector del pueblo trabajador pueda unirse a la lucha? ¿Abonar el clima de opinión de que los funcionarios son una “cosa aparte”, unos privilegiados porque tienen un puesto de trabajo fijo, y el resto de sectores populares se desentiendan de su lucha? Sin embargo, y pese a ello, en tanto que nuestros enemigos han cometido el error estratégico de atacar los intereses del 90% de la población, existen condiciones para que pueda prender otra línea que permita organizar una respuesta a sus proyectos. Esta es nuestra responsabilidad. En primer lugar señalando con claridad a quién nos enfrentamos. El plan de recortes es un ataque que viene del exterior, de los grandes centros imperialistas. No ha sido la patronal sino el FMI quien ha exigido una reforma laboral “radical” e “inmediata”. No ha sido Botín, sino Obama, quien descolgó el teléfono para ordenar a Zapatero la ejecución del mayor plan de recortes sociales de la historia reciente. No es Rajoy sino Merkel quien presiona insistentemente para dar un tijeretazo de un 30% en las pensiones futuras. Este es el primer punto que tiene que quedar claro para todos. Nos enfrentamos a un proyecto impuesto desde Washington y Berlín, que quieren forzar un gigantesco trasvase de riqueza sobre la base de recortarnos el 25% de nuestro salario real. Incrementando todavía más la dependencia, y degradando a España como país para que quedemos durante décadas a merced de su saqueo. Ellos intentan confundir y narcotizar sobre el calado y los efectos de su plan de recortes. Difunden que serán coyunturales –hasta que “salgamos de la crisis”–, y confían en dividir y enfrentar a los diferentes sectores afectados. Frente a estas ideas, que sólo contribuyen a desmovilizar mientras ellos aprietan el acelerador de los recortes, es necesario dejar claro que nos enfrentamos a un ajuste estructural, a un ataque masivo contra el 90% de la población, golpeando sus intereses más básicos. Y esto, justamente, es lo que sienta las bases para poder organizar una respuesta unitaria, que una y movilice a ese 90% de la población. Una repuesta que debe estar presidida por la consigna de sí se puede salir de la crisis y acabar con el paro desde los intereses de la mayoría de la población. ¿Recortar el gasto público? Sí, pero el de su despilfarro Dicen que hay que recortar el déficit y el gasto público. Sí, pero el déficit y el gasto público provocado por una clase política que ha hecho del despilfarro y la ostentación su modo de vida. El gobierno ha recortado un 5% el sueldo de los funcionarios y congelado las pensiones para el año que viene para ahorrar 6.000 millones de euros de gasto público. -Pero sólo con que se eliminaran 20.000 asesores y altos cargos de confianza de más que dudosa utilidad y designados a dedo por la clase política entre familiares, correligionarios y amigos a los distintos niveles (central, autonómico y local), tendríamos un ahorro igual al que se va a obtener de la congelación de las pensiones a cuatro millones de jubilados: 1.400 millones de euros. -Acabar con el despilfarro en las administraciones autonómicas (organismos duplicados, contratación de trabajos externos, embajadas extranjeras, institutos de estadística, agencias de protección de datos, televisiones autonómicas…) daría un ahorro anual en las arcas del Estado de 26.000 millones de euros, mucho más del doble de lo que el gobierno le quiere quitar a funcionarios, pensionistas y madres de familia. -Sólo con que el Gobierno cesara inmediatamente las subvenciones a unos grandes monopolios eléctricos que obtienen cada año unas ganancias de miles de millones de beneficios, tendríamos un ahorro de 6.000 millones de euros al año, más de lo que saldrá del recorte del 5% del salario de los funcionarios. -Suprimir los gastos “llamativos” incluidos en las Presupuestos Generales del Estado que incluyen partidas como: 90 millones de euros a las fundaciones de los partidos políticos; 39 millones en gastos de oficina para diputados y senadores o los 2,9 millones para subvencionar carreras de caballos daría un ahorro anual de 6.000 millones de euros. -Que los medios de comunicación públicos ajusten el presupuesto a su capacidad de generar ingresos según la audiencia que consigan ganarse. Sólo esta medida supondría un ahorro en subvenciones de 1.460 millones de euros al año, lo mismo que la congelación de las pensiones. Y así podríamos hacer una lista interminable: subvenciones a partidos, sindicatos y todo tipo de asociaciones y fundaciones ligados a ellos, el verdadero ejército de coches oficiales, las multimillonarias y suntuosas reformas de los centros administrativos, la duplicidad de funciones entre las distintas administraciones, los contratos públicos asignados a dedo a empresas creadas exclusivamente a tal fin por colegas de las castas políticas, las obras faraónicas e improductivas,… Si hiciéramos un recuento pormenorizado de los miles de millones de gasto público que se despilfarran cada año de esta forma, se podría ahorrar, de golpe, un 20 o un 30% de los gastos del Estado sin tocar ni un euro de las pensiones, del salario de los funcionarios o de los gastos sociales. ¿Rebaja salarial? Sí, pero para ellos Rebaja salarial, sí, pero para todos aquellos que ganan más de 10.000 euros mensuales. Ningún salario por debajo de 1.000 euros, ningún salario por encima de 10.000. Apenas un 0,2% de la población activa española, lo que significa no más de 40.000 personas cobran, según datos de la Agencia Tributaria, una media de 329.729 euros al año, casi 25.000 euros al mes. Aplicar a estos salarios un límite salarial de 10.000 euros mensuales supondría para las empresas españolas un ahorro de más de 8.000 millones de euros al año. ¿No dicen que hay que rebajar los costes salariales para ganar en competitividad? Pues ahí está la primera rebaja de costes. Porque, además, si a esto le sumamoslas dietas que este mismo sector ultraprivilegiado se asigna por su asistencia a los varios consejos de administración de los que forman parte, los bonos y primas pagados en forma de stocks option, las aportaciones de la empresa a sus multimillonarios fondos de pensiones, el sueldo indirecto que reciben en forma de vehículos y transporte, chóferes y seguridad, hoteles y comidas, comunicación o visas oro de libre disposición a cargo de la empresa, el ahorro en costes salariales –y por tanto la ganancia en competitividad– sería espectacular. ¿Aumento de impuestos? Si, pero no para todos Su argumento para justificar los ataques y recortes contra el 90% de la población es reducir el déficit fiscal y la deuda pública. Pues muy bien, que el Estado aumente sus ingresos mediante una reforma fiscal progresiva. Apenas un 2% del total de empresas españolas, las más grandes, recaudan cada año cerca del 60% de las ganancias empresariales anuales. Pero sin embargo tributan por sus beneficios un 20% menos que el millón largo de pequeñas y medianas empresas que deben contentarse con repartirse el 40% de las ganancias restantes. Sólo con que a los bancos y monopolios del IBEX-35 se les aplicara el doble de impuestos sobre beneficios que se le aplica a las pequeñas y medianas empresas, y que al resto de bancos de tamaño medio y al conjunto de empresas calificadas como “grandes” por Hacienda, se les aplicara la misma carga fiscal que a las PYMES, el Estado recaudaría 66.630 millones de euros más cada año. ¿Quién dijo déficit?