Cargando...
Después de 100 días ocupando el cargo de Presidente de México, López Obrador dice que busca la reconciliación, y no el enfrentamiento. Pese a que defiende un velado nacionalismo inclinado hacia la izquierda y cuestiona los 36 años de políticas neoliberales, el mandatario evita las ideologías de bandera, la cacería de brujas, los ataques a un enemigo invisible, la intervención en política exterior y las condenas inmediatas. Más allá del discurso moderado —que algunos consideran ambiguo—, López Obrador está cambiando la forma de hacer política en un país que tenía muchos vicios maleados por un poder ejecutivo todopoderoso, tras casi un siglo de gobiernos priistas y panistas.
La conferencia de prensa matutina, en la que el Presidente responde todas las mañanas a las preguntas de numerosos medios nacionales e internacionales, está demostrando ser una herramienta sumamente útil, no solo para la libertad de expresión (muy limitada en México: recuérdese el despido de la periodista Carmen Aristegui tras escribir sobre la Casa Blanca, la mansión secreta del entonces presidente, Enrique Peña Nieto), sino como plataforma para cuestionar las decisiones del Presidente. Estas han sido rectificadas en más de una ocasión gracias al debate público: la disminución del presupuesto universitario, los cargos en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el recorte de subvenciones destinadas a los centros de acogida para las víctimas de la violencia, el mando enteramente militar de la Guardia Nacional (su apuesta para combatir la inseguridad del narcotráfico) y la marcha atrás en la urbanización inmobiliaria del Campo Militar 1-F de Santa Fe, entre otras.
La gran victoria de López Obrador es la lucha contra el huachicoleo (robo de combustible), que le permitiría a Petróleos Mexicanos recuperar alrededor de 50.000 millones de dólares en pérdidas. Esta victoria le ha dado margen para tomar decisiones que algunos consideran arbitrarias, como la construcción de una termoeléctrica en Huexca (Morelos) y el recorte presupuestal a organizaciones no gubernamentales y fundaciones privadas. La idea de López Obrador es que el recurso llegue directamente a quienes lo necesitan, sin intermediarios. No obstante, los afectados han expresado su preocupación sobre quién les garantizará esos servicios mientras tanto. Las respuestas suelen ser ambiguas.
La misma incertidumbre se tiene con el Tren Maya, 1.500 km de vías que conectarán los estados de Quintana Roo, Yucatán, Tabasco, Campeche y Chiapas. Algunos grupos anticapitalistas han denunciado que este proyecto “ecocida” es solo el principio de una apertura total de la región sudeste al capital privado. Así lo cuestiona el Subcomandante Marcos del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN): “AMLO [Andrés Manuel López Obrador] le habla al gran capital de México y el mundo, así como al gobierno de Trump, para ofrecer el sur de México al mercado mundial”. Aunque iluminador, el artículo de Marcos no contiene propuestas concretas para solucionar a corto plazo los problemas relacionados con la violencia y la pobreza extrema en la región. López Obrador le ha contestado en esa tónica (“las ideas no deben servir solo para tener la razón, sino para transformar”) adueñándose, sobre la base de las consultas, de la frase más característica del EZLN: “Mandar obedeciendo”.
Si bien López Obrador cuenta con una aprobación de más del 70% de la población mexicana, hay muchas cosas que se le pueden cuestionar: la sumisión al gobierno de Trump con respecto a la crisis de los migrantes, las consultas exprés que desoyen algunas exigencias de las comunidades más afectadas, su ambigüedad a la hora de posicionarse sobre la legalización del aborto (o su posición frente a quienes lo criminalizan) o su posición ante legalización de las drogas y los estímulos a la cultura. Por otra parte, el mandatario tiene un problema grave con las principales calificadoras internacionales (Moody’s, Fitch y Standard&Poor’s), que podrían poner en riesgo toda su administración. Las calificadoras ajustaron la perspectiva de la nota crediticia de México y sus principales empresas, que pasó de estable a negativa, lo que puede representar un riesgo para la inversión.
La actitud de esas calificadoras muchas veces resulta sospechosa. López Obrador les ha preguntado por qué durante tantos años de corrupción calificaron a México como excelente y, ahora que se combate, se considera un riesgo la inversión en el país. Aunque estas calificadoras tienen una gran influencia, es cierto que en numerosas ocasiones se han equivocado, como cuando pasaron por alto la Gran Recesión de 2008. Otro dato: cuando Bolsonaro ascendió al poder esas mismas calificadoras pasaron la situación de Brasil de negativa a estable.
A 100 días de gobierno podemos concluir que, en el fondo, pocas cosas han cambiado en México, aunque en la forma ha cambiado todo. Si bien un gran número de mexicanos está más que satisfecho con las políticas del Presidente, todo su plan político se puede venir abajo si hubiera una crisis económica. No obstante, los avances en materia de transparencia, la tolerancia cero a la corrupción, la no represión y la austeridad de los altos mandos parecen pasos de gigante en un país que hace tres meses estaba al borde de la debacle.