Programados para no durar

La obsolescencia programada nos cuesta 50.000 euros por hogar

Entre las medidas a estudiar se encuentra la exigencia a los fabricantes el que se permita extraer de forma sencilla y cambiar las baterías de los productos electrónicos, crear una etiqueta europea que certifique qué productos son de fácil reparación, ampliar los periodos de garantía y que los consumidores puedan ir a cualquier tipo de tienda de reparación y no verse obligados a acudir a las tiendas de las empresas fabricantes porque tal o cual pieza está diseñada para que sólo pueda encontrarse ahí.

¿Qué es la obsolescencia programada?

En la ciudad de Livermore, ubicada en California, una bombilla incandescente de 60 wattios lleva 115 años encendida casi sin interrupciones. Actualmente, las bombillas Led (las más longevas) tienen una media de vida de entre 30.000 y 50.000 horas (5 años aproximadamente) ¿Cómo es posible que hace más de un siglo se crease una bombilla con una duración muy superior a las bombillas actuales? El secreto está en la obsolescencia programada. «Hace 115 años se creó una bombilla que a día de hoy funciona. Hoy la vida máxima de una bombilla es de aproximadamente cinco años. «

Consiste en la programación de la vida útil de un producto, para que tras un periodo de tiempo calculado de antemano por la empresa fabricante, con la finalidad de que se vuelva inservible antes de tiempo, imposibilitada su reparación, y obligando al consumidor a tener que volver a comprar el mismo producto.

Normalmente se hace referencia a electrodomésticos y aparatos informatizados como ordenadores o teléfonos móviles. Sin embargo, podemos encontrar rastros de obsolescencia programada en todo tipo de productos, como por ejemplo, vehículos o prendas de vestir.

¿Cuánto nos cuesta la obsolescencia programada?

Benito Muros, presidente de la Fundación Energía e Innovación Sostenible sin Obsolescencia Programada (Feniss) y creador de la “bombilla eterna” ha hecho las cuentas: la obsolescencia programada obliga a los consumidores a tener que comprar a lo largo de su vida “4 o 5 lavadoras, televisores, móviles, ordenadores…”, con productos que duran entre 2 a 12 años cuando deberían poder durar más de 50 años sin problemas, viéndose además obligados a endeudarse con los bancos en muchos casos para llevar a cabo estas compras. Como resultado, los ciudadanos están pagando de media por hogar entre 40.000 y 50.000 euros más a lo largo de su vida, por productos que deberían durar 40 años más de los que duran.

No sólo se trata de un efecto en nuestros bolsillos, sino que la práctica de la obsolescencia programada tiene severas consecuencias para el medio ambiente: “Acortar la vida útil de los productos implica fabricar una y otra vez, lo que produce el agotamiento de las materias primas, la emisión de CO2 a la atmósfera… etc.” Por no hablar de la producción de residuos que aumenta exponencialmente.«En Francia, se castiga con dos años de cárcel y multas de 300.000 euros a las empresas que recurren a la obsolescencia programada»

Benito Muros ha realizado un perfil de las empresas que llevan a cabo la obsolescencia programada. Según él, “las multinacionales que practican la obsolescencia programada no tributan en España como tributan las pequeñas y medianas empresas, es decir, a una media del 23 al 25% y sino a una media del 6%. Tampoco son una fuente de creación de empleo, ya que van a fabricar a países donde no se respetan ni los derechos humanos ni los derechos laborales, como China, la India o Paquistán. Tampoco tienen un modelo de empleo permanente, ni siquiera aquí en España.”

La alternativa en España

Además de Feniss, distintas asociaciones de consumidores como OCU y Facua consideran que no es necesario tener que esperar en España a que se pronuncie la comisión formada desde la UE para tomar medidas contra la obsolescencia programada. Señalan cómo Francia está a la cabeza de la lucha contra la obsolescencia programada, tras promulgar en 2014 una ley que castiga a las empresas con penas de hasta dos años de cárcel y multas de 300.000 euros a empresas que se prueba que recurren a la obsolescencia programada.

Si esto no se aplica en España, es simplemente porque “desde el Gobierno ha habido una falta de iniciativa” en palabras de Miguel Serrano, portavoz de Facua. Todas estas asociaciones exigen que la Administración Pública lleve a cabo una mayor vigilancia y más sanciones contra las empresas que realicen estas prácticas, que se haga una reforma para aumentar los plazos de garantías y establecer un procedimiento general para poder detectar se algo se ha fabricado con obsolescencia programada. Feniss creó el Sello Issop para certificar las empresas que fabrican sin obsolescencia programada. 159 empresas solicitaron el Sello Issop pero sólo demostraron ser merecedor de éste 14 de ellas.