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La sanidad española es, como hemos repetido en estas páginas, la pista de aterrizaje de importantes fondos de inversión norteamericanos afectados por la crisis financiera para multiplicar su cuota de beneficios. Aterrizaje pilotado por una administración cuyo papel es reordenar el mapa sanitario público para entregárselo a dichos fondos de inversión en condiciones de rentabilidad superior a la media del mercado durante muchos años. Es lo que llaman el modelo mixto público-privado.
La principal nave de tan sonado aterrizaje es Capio, la empresa de servicios sanitarios que se está haciendo con el 60% de los hospitales y ambulatorios privatizados en Madrid, el principal aspirante a quedarse con Ribera Salud en Valencia y con varios hospitales de Castilla La Mancha. No en vano, el 75% de los beneficios de Capio provienen de los convenios con la administración pública.
Un reciente artículo publicado por la Coordinadora Antiprivatización de la Sanidad madrileña nos permite profundizar en quiénes son y dónde va el dinero de nuestra sanidad.
«Capio no es nada más que el brazo sanitario de Citigroup» Capio no es nada más que el brazo sanitario de CVC Capital Partners, a su vez brazo de inversión europeo de Citigroup, uno de los grandes grupos financieros norteamericanos. CVC y Capio no son nuevos en España. CVC es inversor de empresas tan importantes como Cortefiel o Abertis. En 1998 invirtió en el grupo sanitario IDC (Ibérica de Diagnóstico y Cirugía) y la vendió a la sueca Capio en 2005 para convertirla en el principal suministrador de servicios sanitarios privados en España y, en 2011, acabar comprando directamente Capio España por 900 millones de euros, 600 de los cuales son directamente adeudados a los bancos.
En efecto, además de canalizar grandes fondos de pensiones y fondos institucionales, el 60-90% de las inversiones de fondos como CVC son directamente créditos bancarios, en este caso de Citigroup. Invierten en empresas no cotizadas en bolsa, con poca regulación, obtienen ventajas fiscales de la administración, realizan ajustes drásticos de plantilla para reducir costes y venden la empresa en la cresta de rentabilidad, pasados entre seis y ocho años. Cualquier alteración que desestabilice los beneficios esperados conlleva, como así ocurrió con el modelo Alzira en Valencia, el obligado rescate de la administración. La sanidad no es una empresa que pueda echar la persiana de la noche a la mañana.
La historia de los servicios de atención sanitaria tomados por estos capitales son, por tanto, la historia de sucesivas compra-ventas entre diferentes fondos de inversión y bancos y, con ellas, quiebras, cierres, despidos, recortes, listas de espera… vidas y horas de salud perdidas, en definitiva.
Y sin embargo, hay un dato todavía más inquietante, por revelador, sobre quién se está adueñando de nuestra salud. La sede de CVC está en un paraíso fiscal, Liechtenstein, lo que le permite el blanqueo de fondos de origen “inconfesable”. En concreto, y según los datos del artículo antes mencionado, en CVC se anudan las ingentes fortunas procedentes del gran narcotráfico asiático (Myanmar o el Príncipe Saudí Alwaleed bin Talal) con los monopolios del complejo militar-industrial (Carlyle, Citigroup…) que marcan la actuación del hegemonismo norteamericano en su principal zona de intervención del planeta. Son los que sostienen financiera y políticamente las agresiones militares norteamericanas.
En definitiva, vampirizan nuestra salud para alimentar, con los beneficios, su dominio hegemonista, su maquinaria de guerra y destrucción. Esa es la realidad que esconde la privatización de nuestra sanidad. No se trata tan sólo del traspaso de un servicio público al negocio privado de empresarios con más o menos escrúpulos.
La defensa de nuestra salud, de la sanidad pública, es también una batalla vital para dejar de ser carne de cañón de la banca y del imperialismo.