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El gobierno de Andalucía aprueba el proyecto de ley de derechos y garantías de la dignidad de las personas en el proceso de la muerte, conocida como «ley de muerte digna», el primer paso en implantar en España, y en Europa, la peligrosa senda a la eutanasia. Al eutasesinato.
La futura ley establece cómo hay que morir. Regula, ya en lenguaje más técnico, el "abanico de osibilidades" clínicas para garantizar una muerte diga y minimizar el sufrimiento y la agonía. Es decir, minimizar el esfuerzo terapéutico, que impide a los pacientes recibir tratamientos artificiales para prolongar la vida, o permitir el rechazo que faculta al estado a desconectar al enfermo de sistemas artificiales. En otras palabras, regula los derechos de pacientes y deberes de los profesionales sanitarios de centros públicos y privados. Un auténtico protocolo para la muerte digna… y barata.Según ha explicado en rueda de prensa la consejera de Salud, María Jesús Montero (en la foto), la norma, aprobada con un "gran consenso" social, tiene como "inspiración" casos como el de las sedaciones del Hospital Severo Ochoa de Leganés (Madrid) o el de la enferma granadina Inmaculada Echevarría, quien pidió ser desconectada del respirador artificial.Montero ha destacado que la norma no sólo persigue "salvaguardar la libertad y el respeto" a la voluntad de la persona, sino también "respaldar y garantizar" la labor de los profesionales sanitarios en este tipo de situaciones. Sin embargo, lo que está en juego aquí es la utilización de casos extremos, como los de pacientes que piden desconectarse de los medios que les mantienen en vida, para poner en manos del estado, por ende de médicos y familia, la decisión de si invertir recursos en la prolongación de la vida o no. Creando, bajo la bandera del respeto a las decisiones individuales, la mala conciencia al interesado de que si no pides que no se utilicen medios extraordinarios estás siendo un egoista y una carga social. Eso, en plena época de recorte de recursos, puede significar abrir la puerta a largo plazo a la "eliminación" de miles de vidas improductivas para las arcas públicas y privadas.El texto no regulará la eutanasia (acto para provocar la muerte) ni el suicidio asistido (ayuda a la muerte de una persona, como ocurrió con el tetrapléjico Ramón Sampedro) pues eso es, hoy por hoy, un delito y ningún gobierno autonómico tiene competencias para alterarlo. Simplemente allana el camino para que sean el mar natural donde desemboque la actual ley, de la misma forma que la fragmentación de España era el mar natural donde iban a desembocar las diferentes reformas de los estatutos sin que estos declararan abiertamente el fin de la unidad de España.Precisamente en el Estatuto de Autonomía andaluz está incluido el derecho sobre el que se ha elaborado la "ley de la muerte digna". Entre los derechos reconocidos se encuentra el recibir, o no si así lo desea el paciente, información clínica veraz y comprensible sobre su diagnóstico y pronóstico, con el objetivo de ayudarle en la toma de decisiones. ¿Es que eso no existía ya? O el derecho a rechazar o paralizar cualquier tratamiento o intervención, aún en el caso que su vida corriera peligro con ello. ¿Sólo a paralizar? ¿Por qué no a activar?Contempla el derecho del ciudadano a recibir tratamiento del dolor, incluyendo la sedación paliativa cuando lo precise y garantiza los cuidados paliativos integrales, que serán proporcionados, si la persona lo desea, en su domicilio siempre que no estén contraindicados.La intimidad personal y familiar de la persona y la protección de todos los datos relacionados con su proceso de atención sanitaria también estarán garantizadas, ya que el ciudadano podrá estar acompañado por su familia durante el proceso de la muerte.Y es que una cosa es que el estado facilite las condiciones en que se debe dar el acompañamiento a la muerte. Otra muy distinta, es dar al estado la potestad para decidir, o sentar el terreno para que lo haga, de que por ley se puede recortar los recursos destinados. Ese es el enemigo, y no las corrientes más duras del PP como afirma la consejera de salud.