Cargando...«Más vale pájaro en mano que ciento volando. Así deben pensar algunas empresas que, antes de que la tramitación parlamentaria de la reforma laboral haya concluido, se han puesto manos a la obra y han tirado del texto del real decreto que está en vigor desde el pasado 18 de junio para despedir a sus empleados de manera más barata o para presentar expedientes de regulación de empleo (ERE) conforme a la nueva normativa, que resulta más favorable a sus intereses.»
Las centrales sindicales, más que denunciar este tio de casos, prefieren quejarse de la incidencia que la reforma laboral está teniendo en el apartado de la negociación colectiva y la modificación de las condiciones de trabajo. Según CC OO, "la ley aprobada abre la puerta a la modificación del tiempo de trabajo, lo que conlleva que la distribución de la jornada pactada en convenio podrá ser modificada en cualquier empresa con acuerdo de la representación legal de los trabajadores o por laudo arbitral". Respecto al descuelgue salarial, la reforma laboral amplía las causas justificativas, permitiéndolo por el hecho incierto e indeterminado de que ‘las perspectivas económicas de la empresa pudieran verse dañadas o sus beneficios reducidos’, algo que sirve en bandeja a los empresarios la posibilidad de incumplir el convenio". (EL PAÍS) EL CONFIDENCIAL.- Las concesiones administrativas y la inversión en ferrocarriles (con financiación principalmente francesa ante la falta de capitales nacionales) dibujan la España económica de la segunda mitad del siglo XIX. Un periodo para olvidar. Se trata, sin embargo, de un proceso que recuerda a lo sucedido en las últimas dos décadas, donde un puñado de grandes empresas gestionadas por los señores del ladrillo (y de la energía) se ha quedado con actividades que antes gestionaba el Estado: servicios de telecomunicaciones (antigua Red de RTVE o Hispasat), autopistas, recogida de residuos, limpieza de edificios públicos u hospitales. El Estado ha dado un paso atrás en la actividad económica y ese espacio lo han ocupado las nuevas concesionarias, en la mayoría de los casos con riesgo empresarial cercano a cero PÚBLICO.- El domingo 15 de agosto este diario publicó un extenso reportaje acerca del caos en el que se ha convertido nuestro sistema fiscal. Citaba, en primer lugar, un informe de la Agencia Tributaria que ponía de manifiesto algo que todos sospechábamos: que el tipo efectivo del Impuesto sobre Sociedades es muy inferior (el 10%) al tipo nominal, situado ahora tras diversas rebajas en el 30%. El ministro de Fomento ha declarado que se pagan pocos impuestos en España. No generalicemos. Son algunos los que no los pagan. Reforma laboral. El País Primeros despidos de la reforma Carmen Sánchez Silva Más vale pájaro en mano que ciento volando. Así deben pensar algunas empresas que, antes de que la tramitación parlamentaria de la reforma laboral haya concluido, se han puesto manos a la obra y han tirado del texto del real decreto que está en vigor desde el pasado 18 de junio para despedir a sus empleados de manera más barata o para presentar expedientes de regulación de empleo (ERE) conforme a la nueva normativa, que resulta más favorable a sus intereses. Aunque se prevé que el texto definitivo sea aprobado el próximo 9 de septiembre, las fichas han comenzado a moverse en plenas vacaciones y, según todas las previsiones, a la vuelta del verano caerán muchas más. Las multinacionales United Parcel Service (UPS) y Vaillant Group son los primeros ejemplos de lo que anticipa la reforma. La empresa americana de transporte urgente estaba tramitando el tercer ERE que afectaba a los trabajadores de su planta madrileña de Vallecas, cuando se aprobó el decreto que facilita el despido objetivo que se indemniza con 20 días por año trabajado, en lugar de los 45 habituales. Como los dos expedientes anteriores habían sido rechazados por las autoridades laborales (primero por el Ministerio de Trabajo y luego por la Comunidad de Madrid) y el tercero recurría en su justificación a las mismas causas desestimadas, la dirección de UPS ha pedido a la autoridad laboral su retirada y ha optado por despedir a 18 de los 94 empleados del centro de trabajo haciendo uso del despido objetivo cinco días después, el último viernes de julio y el primero de agosto. Por su parte, la compañía alemana del sector de calefacciones Vaillant Group, propietaria de Saunier Duval, presentó esta primavera un ERE que preveía el despido de 80 trabajadores de los 118 con que cuenta su fábrica de Vitoria; expediente que ha retirado al aprobarse la reforma laboral para presentar otro que incluye 75 despidos, alegando las mismas causas que en el anterior, según informan los representantes sindicales de Saunier Duval. Pese a que la rapidez de actuación de UPS, Saunier Duval y algunas otras compañías no sea la más normal porque, según la abogada laboralista de Cuatrecasas María Eugenia Guzmán, "en general, las empresas prefieren seguridad jurídica a sacar ventaja a la reforma y, por ello, están posponiendo sus decisiones a septiembre, hasta ver la redacción definitiva de la ley"; lo cierto es que los despachos de abogados consultados tramitan ERE que sustituyan a los presentados recientemente con la normativa anterior y, sobre todo, están recurriendo más al despido objetivo. Para el socio de Baker & McKenzie David Díaz, "la incidencia de la reforma laboral por ahora es limitada. Pero es verdad que ya se han retirado algunos ERE que estaban en tramitación para presentar otros con la nueva legislación con la esperanza de que se los aprueben en condiciones más ventajosas. En cualquier caso, donde realmente estamos notando más cambios es en los despidos objetivos individuales, que han aumentado más de un 20% desde que se aprobó la reforma, porque antes las empresas no se atrevían a utilizarlos". A su juicio, el proceso no ha hecho más que empezar. "Las compañías usarán mucho más esta vía y querrán hacerla valer en los juzgados de lo social, hasta ahora más proclives en sus resoluciones al empleado. Los trabajadores también intentarán conseguir las mayores indemnizaciones posibles, más aún en un momento de desempleo como el actual. Con lo que el volumen de pleitos crecerá. La consecuencia clarísima de la reforma va a ser la judicialización del despido", agrega Díaz. Eduardo Alemany, responsable del departamento laboral de Ernst & Young Abogados, es de la misma opinión. "Los ERE se habían paralizado antes de la reforma laboral. En septiembre se van a presentar muchos. Sobre todo de pequeñas y medianas empresas, para quienes pasar de una indemnización de 30 a 20 días por año supone un coste importante". Para Alemany, la reforma laboral servirá para sensibilizar a los jueces para que miren con mejores ojos el despido objetivo. Las centrales sindicales, más que denunciar este tipo de casos, prefieren quejarse de la incidencia que la reforma laboral está teniendo en el apartado de la negociación colectiva y la modificación de las condiciones de trabajo. Según CC OO, "la ley aprobada abre la puerta a la modificación del tiempo de trabajo, lo que conlleva que la distribución de la jornada pactada en convenio podrá ser modificada en cualquier empresa con acuerdo de la representación legal de los trabajadores o por laudo arbitral". Respecto al descuelgue salarial, la reforma laboral amplía las causas justificativas, permitiéndolo por el hecho incierto e indeterminado de que ‘las perspectivas económicas de la empresa pudieran verse dañadas o sus beneficios reducidos’, algo que sirve en bandeja a los empresarios la posibilidad de incumplir el convenio". CC OO advierte además de que la negociación colectiva va muy retrasada este año. En los siete primeros meses de 2010 se han registrado en el Ministerio de Trabajo 1.775 convenios colectivos, frente a los 3.401 del mismo periodo del año anterior. Y desde el departamento que dirige Celestino Corbacho se dice que todavía es pronto para medir el impacto de la reforma laboral, que se producirá a medio y largo plazo. Sin duda. Pero empieza a dejar los primeros cadáveres a su paso. ************************* Editorial Hegemonía china La economía china acaba de alcanzar un tamaño superior al de la japonesa. El PIB nominal de Japón en el segundo trimestre del año totalizó 1,2 billones de dólares, mientras el chino alcanzaba 1,337 billones; para el conjunto del primer semestre del año, sin embargo, el valor del PIB japonés fue algo superior (5,07 billones, frente a 4,9 billones del chino). Al margen de problemas valorativos, como los derivados de la evolución de los tipos de cambio, el hecho es que el tamaño de la economía china medido en términos de paridad del poder de compra (PPP) hace años que superó al japonés. No por previsible deja de sorprender esa transformación de la todavía considerada una economía emergente en la segunda de mayor dimensión del mundo. Desde la aplicación de las reformas emprendidas por Den Xiaoping de 1978, son muchos los años de crecimiento ininterrumpido, muy superior al promedio de la economía mundial. Son también diversos los indicadores parciales que adelantaban esa creciente hegemonía: desde el liderazgo exportador hasta la creciente importancia relativa que han ido cobrando producciones de valor añadido, muy distantes de las manufacturas simples, únicamente intensivas en trabajo barato. La cuantía de sus reservas internacionales, el potencial de sus flujos de inversión directa en el extranjero, el control creciente de la producción de materias primas, la capitalización alcanzada por algunas de sus empresas, son igualmente expresivos de esa aceleración con que ha alcanzado el podio de las economías más poderosas. Sobre bases tales, y de mantenerse la tendencia de las últimas décadas, no es exagerado asumir, como algunas proyecciones anticipan, que en algún momento del final de la próxima década el tamaño del PIB chino supere al de EEUU. Mucho más tiempo costará alcanzar los niveles de PIB por habitante propios de las economías avanzadas. A pesar de los evidentes progresos en la eliminación de la pobreza, una parte considerable de los 1.300 millones de chinos sigue al margen de la prosperidad observada en las grandes ciudades. Con 2.940 dólares per cápita en 2008, según el Banco Mundial, ese indicador devuelve a ese país a posiciones propias de muy rezagadas economías en vías de desarrollo. Otros indicadores específicos del bienestar de la población (educación, cuidado sanitario, etcétera) denuncian igualmente una muy injusta distribución de las ganancias derivadas del crecimiento. La cada día más explícita desigualdad puede constituirse en un serio factor de inestabilidad política que llegue a cuestionar el hasta ahora equilibrio entre un totalitarismo político y una economía crecientemente homologable a las que se basan en el mercado como mecanismo de asignación. No es necesario insistir en que la estabilidad de ese país ahora ya no es un problema exclusivo de las autoridades chinas. La influencia económica y geopolítica alcanzada obliga a acelerar la completa integración de ese país en las instancias multilaterales en la posición que le corresponde. Su papel en la gobernación económica y política global no ha de ser menos importante que el de la mayoría de los que se sientan en el G-8 o disponen de capacidad decisoria en el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial. EL PAÍS. 22-8-2010 Opinión. El Confidencial El ladrillo está triste Carlos Sánchez Uno de los debates intelectuales más ricos que ha dado la historiografía económica española tiene que ver con el papel del Estado durante la segunda mitad del siglo XIX. En particular en lo relacionado con las inversiones en ferrocarril. Autores como el profesor Tortella, han responsabilizado a los poderes públicos de encauzar los magros recursos económicos del país -que se presumen escasos- hacia el ferrocarril, en lugar de haber diversificado la inversión pública. La consecuencia de esa política de monocultivo inversor -con un elevadísimo coste de oportunidad- fue que sectores como la industria estuvieron desasistidos de la acción del Estado, lo que alimentó el secular atraso español en el sector manufacturero. Ya es un tópico recordar que España se desenganchó de la revolución industrial. Pero aunque cueste ahora creerlo, hace más de un siglo España llegó a tener una amplia y sobredimensionada red de ferrocarriles (vía ancha y estrecha). Lo malo es que había poco que transportar (sobre todo mercancías) ante la ausencia de un verdadero aparato productivo. Tanto por falta de espíritu emprendedor (por la existencia de leyes proteccionistas y por el papel de los sectores más reaccionarios en contra de la liberalización económica) como por la escasa apuesta del Estado por la industrialización del país. La decisión de elegir el desarrollo del ferrocarril frente a la industria (con un altísimo consumo de financiación exterior) no fue consecuencia del rigor presupuestario o de un fino análisis económico. Más bien del juego de las presiones políticas y de la capacidad de hacer lobby ante la Corona. Eso explica, por ejemplo, que el segundo tramo que se puso en marcha -en el año 1851- fuera la línea Madrid-Aranjuez, donde tenía residencia de descanso Isabel II. Revender concesiones Como se sabe, el proyecto estaba ligado a la figura del marqués de Salamanca, socio y verdadero brazo financiero de la reina, que pretendía trazar una línea con destino final en Alicante. Para ello obtuvo la correspondiente concesión administrativa que posteriormente vendió a la casa Rothschild. No fue el único. El economista Gómez Mendoza* ha acreditado casos en los que un sujeto obtenía una concesión para la construcción y explotación de una línea férrea e inmediatamente la traspasaba a una sociedad por acciones, desvinculándose totalmente del proyecto. Las concesiones administrativas y la inversión en ferrocarriles (con financiación principalmente francesa ante la falta de capitales nacionales) dibujan la España económica de la segunda mitad del siglo XIX. Un periodo para olvidar. Se trata, sin embargo, de un proceso que recuerda a lo sucedido en las últimas dos décadas, donde un puñado de grandes empresas gestionadas por los señores del ladrillo (y de la energía) se ha quedado con actividades que antes gestionaba el Estado: servicios de telecomunicaciones (antigua Red de RTVE o Hispasat), autopistas, recogida de residuos, limpieza de edificios públicos u hospitales. El Estado ha dado un paso atrás en la actividad económica y ese espacio lo han ocupado las nuevas concesionarias, en la mayoría de los casos con riesgo empresarial cercano a cero. La única diferencia estriba en que si hace siglo y medio se invertía en ferrocarril, en los últimos años lo que se ha producido es un gigantesco proceso inversor en otro tipo de infraestructuras: carreteras, aeropuertos o transporte subterráneo o de superficie. Un proceso sin duda esencial para modernizar el territorio y sin el cual este país nunca hubiera logrado los actuales niveles de bienestar. Pero como ocurrió en aquel tiempo del marqués de Salamanca, da la sensación de que a España se le ha ido nuevamente la mano. Y eso explica, con buen criterio, que el Ministerio de Fomento no se canse de repetir en los últimos meses (más vale tarde que nunca) que hay que replantearse la política de inversión pública. Hay que decir que este cambio de guión no tiene nada que ver con razones de fondo, sino más bien porque el ministro Blanco ha hecho de la necesidad virtud y ante las restricciones presupuestarias no ha tenido más remedio que congelar o eliminar compromisos de gasto. Por cierto, como se comprometió Campa ante los inversores internacionales. Estamos ante una cuestión de calado que merecería una reflexión más intensa por parte de la opinión pública y publicada, pero una vez más este país se perderá en cuestiones anecdóticas y no abordará el fondo del problema. Y que no es otro, como sucedió en la segunda mitad del siglo XIX, que identificar los sectores hacia los que se debe dirigir la acción del Estado. No con el objetivo de ahogar la iniciativa privada, sino para apuntalarla. Lo que pasa necesariamente por cambiar la política de prioridades económicas. Invirtiendo en sectores que necesiten menos consumo de capital, al contrario de lo que sucede con el sector de la construcción. El dato es conocido, pero merece la pena recordarlo. De los 985.097 millones de euros que ha prestado el sistema financiero para actividades productivas, nada menos que el 48% se lo ha tragado el ladrillo (construcción e inmobiliarias), frente al 15% que ha consumido la industria. La hostelería, por ejemplo, un sector vital para la economía del país y gran creador de empleo, sólo consume menos del 4% del capital prestado por los bancos. Mientras que el comercio y las reparaciones apenas llegan al 8%. Ante estos datos, parece obvio pensar que en un contexto de racionamiento del crédito -que va a durar años- lo más razonable es encontrar nueva vías de financiación para el sector de la construcción que no pasen necesariamente por los Presupuestos Generales del Estado. Frenar la modernización de las infraestructuras del país sería tan insensato como realizar una fuga hacia adelante. Y por eso lo prioritario es explorar nuevas fuentes de financiación. El intenso esfuerzo inversor realizado en los últimos años (sin duda necesario para articular el país), ha dado como resultado un enorme déficit de la balanza de pagos. Precisamente por falta de ahorro interno. Un gigantesco desequilibrio que ahora los señores del ladrillo obvian, como si ese modelo de crecimiento basado única y exclusivamente en la construcción no tuviera nada que ver con la actual crisis económica. A la cabeza de ellos David Taguas, presidente de Seopan, como se sabe nombrado para el puesto por sus relaciones con el poder político. Por si alguien no lo recuerda, era el anterior director de la Oficina económica del presidente, y ahora es quien azuza al Gobierno para que invierta en carreteras, aunque no le inviten a las reuniones que organizan sus jefes con el presidente Zapatero. Uso y abuso del ladrillo Taguas sabe como pocos -es un reputado economista- que el país se ha tenido que endeudar sobremanera para pagar obras faraónicas y perfectamente inútiles. Por ejemplo, para construir 47 aeropuertos. Casi uno por provincia. O para financiar trenes de alta velocidad que apenas recorren 70 kilómetros. O para financiar desdoblamientos de autovías por las que no pasa ni el toro de Osborne. Y conoce mejor que nadie una tabla publicada por Seopan hace pocos meses y que viene a decir que España fue en 2009 -año de fuerte recesión- el país que más invirtió en construcción respecto del PIB. En concreto, un 14,4%. Toma ya nuevo modelo productivo. El doble que en Suecia y un 25% más que en la media de la UE. Y en cualquier caso, muy por encima del 10,2% de Alemania o del 8,7% de Reino Unido. No se trata, desde luego, de un fenómeno nuevo de un año excepcional. Los datos de la patronal de la construcción indican que entre 2000 y 2009 la inversión en construcción acumulada en términos reales creció nada menos que un 25%, sólo por detrás de Lituania, Polonia, Suecia y la República Checa. Pero no sólo eso, como ponen de relieve los propios documentos de Seopan, la contribución de la inversión en construcción al crecimiento del PIB ha sido prácticamente del 80% en los últimos quince años, lo que da idea de su impacto en la actividad económica. Es cierto que la construcción crea mucho empleo, pero con un alto coste de oportunidad (como sucedió en la España del XIX) que este país no se puede permitir. Lo que se invierta en obra pública inútil se deja de gastar en otros sectores con más futuro. Se dirá que el enorme peso de la construcción tiene que ver con el boom inmobiliario. Es cierto, pero sólo en parte. Las cifras del Banco de España reflejan que el peso de la construcción no residencial se situó el año pasado respecto del PIB en el 9,9%. ¿Mucho o poco? Pues bastante si tenemos en cuenta que supone el 158% de la media de la unión monetaria. Un porcentaje verdaderamente extraordinario si se tiene en cuenta que representa un 50% más que en 1985. Ante estos datos, hay dos formas de actuar. O suicidarse como país enterrando centenares de millones de euros en obras superfluas o reestructurar el gasto público para hacerlo más eficiente. Es evidente que a los señores del ladrillo les gusta la primera opción. El Gobierno está en ello. Pero como Blanco es gallego no se sabe todavía si sube o si baja. Dependerá de las encuestas. EL CONFIDENCIAL. 22-8-2010 Opinión. Público Algunos no pagan impuestos J. F. Martín Seco El domingo 15 de agosto este diario publicó un extenso reportaje acerca del caos en el que se ha convertido nuestro sistema fiscal. Citaba, en primer lugar, un informe de la Agencia Tributaria que ponía de manifiesto algo que todos sospechábamos: que el tipo efectivo del Impuesto sobre Sociedades es muy inferior (el 10%) al tipo nominal, situado ahora tras diversas rebajas en el 30% . El dato, además de escandaloso, es bien expresivo de la hipocresía de ciertos discursos formulados principalmente desde el sector empresarial que, basándose exclusivamente en el tipo nominal, afirman que en España el gravamen sobre sociedades es de los más altos de Europa. Lo cual no sólo es falso sino que se convierte en un sarcasmo si atendemos al tipo efectivo, es decir, al porcentaje que realmente pagan las empresas sobre sus beneficios, ya que el cúmulo de deducciones y desgravaciones termina por vaciar de contenido el impuesto. Especial mención merece el tratamiento fiscal dado a las empresas españolas para que hagan de nuevo las américas y obtengan pingües beneficios en el exterior, a menudo esquilmando a esos países y sin ningún beneficio para la sociedad española. Todo lo contrario, puesto que financian sus aventuras exteriores a cargo del erario público, que les permite desgravar sus intereses. El mencionado reportaje citaba también otro informe, este de la Comisión Europea, censurando las reformas fiscales acometidas en España desde 1997 –yo diría que incluso desde antes– y origen en buena medida del elevado déficit que mantenemos en la actualidad. Bien es verdad que es una pena que la Comisión, en lugar de aplaudir, no hubiese hecho esas advertencias cuando los gobiernos del PP, tras arrasar con sucesivas reformas el sistema fiscal, no se cansaban de vocear esa patochada de que bajando los impuestos se recauda más –por cierto, que lo siguen diciendo–. O cuando el PSOE postmoderno afirmaba aquello de que bajar los impuestos es de izquierdas, al tiempo que continuaba la obra del PP reduciendo el tipo del Impuesto sobre Sociedades, permitiendo que las rentas de capital permaneciesen fuera de la tarifa general del IRPF, propiciando el fraude en las SICAV, disminuyendo el tipo marginal del IRPF o eliminando el Impuesto sobre el Patrimonio. El ministro de Fomento ha declarado que se pagan pocos impuestos en España. No generalicemos. Son algunos los que no los pagan. PÚBLICO. 22-8-2010