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El largo y dramático secuestro del pesquero español Alakrana, a manos de lo que la prensa occidental ha dado en llamar «piratas somalíes», ha dejado a la luz un poderoso rastro de verdades ocultas, ineficiencias criminales y mentiras de grueso calibre que, a toro pasado, bien podrían revalidar el dicho popular de «no hay mal que por bien no venga». La revelación, clara y sin ambages, de que la piratería somalí es un negocio internacional que tiene su sede en Londres (no en vano Inglaterra es la creadora de la piratería moderna, y la más experta en estas lides); la previsible certeza de que los armadores del Alakrana fueron quienes llevaron el barco a aguas no sólo peligrosas sino prohibidas, por puro interés económico, y despreciando todos los riesgos; o el patético desempeño de un gobierno, el gobierno de Zapatero, trufado de oscuras luchas intestinas y protagonismos espúreos, que a punto han estado de costar una tragedia, antes de escenificar una humillante operación de rescate, son las conclusiones más relevantes de un episodio que ha concluido, con la feliz liberación de los secuestrados, pero con la angustiosa sensación de que, una vez más, caminamos sobre arenas movedizas
Año 2000. El atunero esañol Albacora IV es abordado y secuestrado en las proximidades de la costa de Somalia. Sólo unos cuantos días después, una de las personas encargadas de negociar la liberación de los rehenes recibe, por fax, una comunicación de un despacho de abogados londinense, que se presenta como "representante legal" del "Estado Independiente de Putland" (una realidad política inexistente), en la que se anuncia la "retención" (que no secuestro) del pesquero ("por estar faenando en nuestras aguas") y se reclama el pago de una "multa" de 800.000 dólares. Para poner fin al secuestro, los "negociadores" españoles tuvieron que marchar a Londres y abonar allí el pago de la "multa". Eran, sin duda, los comienzos del negocio de la piratería "somalí", que alcanzaría años después unas dimensiones mucho más amplias… y mucho más lucrativas.Año 2008. El 20 de abril es secuestrado el atunero español Playa de Baquio, con base en Bermeo. El secuestro se sustancia en menos de una semana, debido a que un "grupo rival" amenaza con asaltar el pesquero y quedarse con los rehenes… y a que las negociaciones se realizan ya "sobre el terreno", en la propia África. El desarrollo del "negocio" ha permitido que abogados, comisionistas y mediadores abran sus oficinas y delegaciones en la zona. El volumen del negocio ha subido exponencialmente. El rescate costó ya 1,2 millones de dólares.Octubre de 2009. Pese a que desde julio de 2006 existe una prohibición expresa del Gobierno español a la flota pesquera de faenar en aguas de Somalia, un nuevo grupo de piratas asalta y toma el Alakrana, uno de los más modernos y costosos buques de la flota atunera con base en Bermeo. Al parecer, el asalto se produjo tras dos intentos anteriores frustrados. Los "piratas" conocían sin duda la importancia del buque, su valor y, en consecuencia, el tamaño del rescate. ¿Cómo es posible que "piratas somalíes", aislados en un rincón de África, conozcan estas cosas, sepan el valor del Alakrana? Cuando la situación del secuestro se complicó (debido a las exigencias de liberación de dos piratas capturados por la Armada y trasladados a España), los piratas instaron a los secuestrados a llamar a sus familias y pedirles que montaran "mucho ruido": ¿es creíble que unos piratas somalíes tuvieran un conocimiento tal de la realidad española como para saber que ese resorte emocional y social era absolutamente clave (como así ha sido)? El secuestro del Alakrana -por su duración, sus avatares, sus complicaciones, etc.- ha servido para poner definitamente en claro lo que algunos protagonistas, víctimas y negociadores ya sabían: que los clanes somalíes que ponen la mano de obra para llevar a cabo los secuestros están no sólo "asesorados", "representados" y "asistidos" por bufetes londineneses (y sus sucursales en Dubai y Nairobi), sino literalmente dirigidos por ellos. Según el armador vasco Iñaki Latxaga, "parece que los que ponen las condiciones económicas para el rescate no son los secuestradores, sino los corsarios de la City". Y como, "a mayor rescate, mayor comisión", esos "corsarios de la City" lanzan cada vez más a los "piratas somalíes" a la caza y captura de objetivos más valiosos.La captura del Alakrana (recordemos, tras dos intentos frustrados), un atunero cuyo valor (30 millones de euros) conoce bien la City (donde probablemente esté asegurado), un valor que, por otra parte, los piratas somalíes es imposible que conocieran por sí mismos, es un ejemplo concluyente de que el verdadero centro y corazón de la piratería ha regresado a sus auténticos orígenes, a manos de verdaderos especialistas en el tema, a manos de quienes, durante siglos, sustentaron en ella su conversión en la primera potencia marítima del mundo y, merced a ello, en la mayor potencia mundial.Lo que, probablemente, comenzó siendo una espontánea medida de represalia de grupos y clanes somalíes contra la esquilmación de sus aguas y los vertidos ilegales en sus costas (aprovechando que es "un Estado fallido"), una política de represalias que para los somalíes era más una actividad patriótica que lucrativa, ha acabado convirtiéndose -por la astucia, la experiencia y la sinvergonzonería británica- en un negocio que deja ya lucrativos beneficios en la City.Beneficios en los que colaboran (involuntariamente, claro) armadores ávidos de ganancias que no dudan en faenar en aguas peligrosas e incluso prohibidas para aumentar sus capturas y sus beneficios, aun a costa de poner en grave riesgo la vida de tripulantes y pescadores. No sólo los secuestradores somalíes, o sus abogados o sus instigadores londinenses (a quienes la Audiencia Nacional debería perseguir), sino también los propietarios y armadores de los buques deben ser llevados a juicio: por actividades ilegales y delictivas y por poner en riesgo la vida de las tripulaciones.En cuanto a la acción (e inacción) del Gobierno, su estruendosa ineficacia, sus mentiras (Chacón llegó a asegurar que los tripulantes desembarcados estaban localizados y en buen estado, sólo que jamás hubo tripulantes desembarcados), las oscuras luchas de pasillos entre sus miembros y hasta el último intento de ponerse la medalla de la liberación, tras pagar un humillante rescate de 2,7 millones de euros (más comisiones), sólo cabe esperar que los españoles lo tengan bien presente la próxima vez que acudan a las urnas. Un Gobierno así es un gozo para la piratería, en cualquiera de sus facetas.