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El sistema financiero español «no va a quedar inmune frente a los procesos que la crisis financiera ha desatado». La advertencia la lanzaba el gobernador del Banco de España en su comparecencia ante la comisión de economía del Congreso. De lo que se deduce que, si no tiene inmunidad, alguien tendrá que inyectársela. Y puesto que inmunidad en el sistema bancario significa liquidez, capital, todo esto no quiere decir más que debemos prepararnos para una nueva inyección de dinero público que tendremos que pagar todos para que bancos y cajas puedan hacer frente a sus pérdidas y vencimientos de deuda.
El aviso del gobernador se añadía al anuncio hecho unos días antes or el ministro de Economía, Pedro Solbes, afirmando que el gobierno está preparado para intervenir cualquier banco o caja que entre en quiebra. A ellos se sumaba ayer mismo el consejero delegad de Banesto –filial del Santander de Botín– afirmando que “2009 será uno de los años más difíciles que ha vivido la banca española en décadas”. Vistos de conjunto, todos estos avisos y declaraciones encierran un mismo mensaje: preparar a la opinión pública para un más que probable e inminente nuevo plan de rescate, cuya cuantía, con toda seguridad, dejará pequeños los 250.000 millones de euros que los españoles hemos sido obligados a poner a disposición de la banca en forma de préstamos, garantías y avales. Durante meses nos hemos cansado de escuchar el mantra de que España tiene uno de los sistemas financieros “más sólidos del mundo”, pero los hechos son tozudos y la realidad de la profunda crisis financiera de la banca española avanza, aunque sea con retraso, a un ritmo inexorable. En la base de esta crisis dos factores entrelazados. En primer lugar la existencia de un numeroso contingente de hipotecas subprime “a la española”. Hipotecas concedidas desde los años 2004-2005 a familias mileuristas y con contratos eventuales (inmigrantes, parejas jóvenes,…) a los que la crisis son los primeros que ha enviado al paro. Y con valores de tasación de las viviendas cercanas al 100% de unos precios absolutamente hinchados y que ahora deben perder su valor al menos en un 30%. La combinación entre el aumento acelerado de la morosidad y la depreciación de los activos es la primera bomba de relojería que guarda en sus entrañas el sistema financiero español. Pero a ella, además, se suma una segunda. El enorme endeudamiento de bancos y cajas con el exterior. Ante la insuficiencia de depósitos, el sistema financiero español ha estado acudiendo de forma desmesurada a la banca extranjera, de donde obtenía los recursos de capital necesarios para poder seguir endeudando a las familias. Sólo que este doble movimiento (endeudarse con los de fuera ara endeudar a los de dentro) tiene una notable asincronía. Mientras que las familias se endeudan a largo plazo (25, 30, 40 e incluso 50 años), los bancos se endeudan –y por lo tanto tienen que devolver– a corto plazo (1, 2, 3 o 5 años). Sólo en el año 2009, la banca española tiene que hacer frente a unos vencimientos de deuda por valor de 72.533 millones de euros (más de 12 billones de las antiguas pesetas), un 6,9% del PIB español. De esos vencimientos, sólo el Santander tiene que hacer frente a 20.000 millones, aunque la agencia económica internacional Bloomberg eleva esta cifra hasta los 34.400. Le sigue el BBVA con 16.500 millones. Y, tras ellos, los bancos pequeños, Popular, Sabadell y Banesto, con cantidades que oscilan entre los 3.000 y 4.000 millones de euros. Mientras que, por su parte, un total de 26 cajas de ahorro se enfrentan este año a pagos por valor de 25.695 millones de euros. Con un mercado interbancario semiparalizado, con las posibilidades de refinanciar la deuda extremadamente debilitadas y con un mercado de venta de deuda en el que han entrado masivamente a competir los grandes Estados con su deuda pública (lo que a su vez provoca que haya que pagar más caro la colocación de deuda), el sistema financiero español se enfrenta en 2009 a una situación que va a estar preñada de graves turbulencias, algunas de las cuales veremos si no alcanzan el grado de colapso sistémico. A intentar apagar ese fuego, imponiendo una nueva y onerosa carga sobre los ciudadanos, es a lo que se dirigen todos los avisos del gobierno. Prepárense para lo peor.