Cargando...
Portugal se dispone a abrir una nueva etapa histórica empujada por las fuerzas políticas de izquierdas que fueron desalojadas del poder una vez abortada la última revolución romántica europea. Esa izquierda internacionalista defiende las conexiones ferroviarias con España, las políticas públicas y el iberismo.
Un iberismo que surgió con fuerza a los dos lados de la raya hace siglo y medio recisamente como respuesta a los intentos de desconectar por vía ferroviaria a ambos países; un iberismo que fue sobre todo cultural y que, como decían entonces los Giner de los Ríos, acabaría imponiéndose porque “lo que los intereses morales, sociales y políticos no consiguieron, van a ir lográndolo poco a poco los intereses mercantiles”. ABC.- La confianza de los ciudadanos en los políticos es lo que mide su responsabilidad como gestores de los bienes públicos, al margen de si se ha cometido o no delito, porque si no fuera así, deberían ser los jueces los que controlaran la actividad política. En este caso, es relevante saber si los hechos son o no ciertos. Y para atajar este acoso que vive desde hace meses, el PP tiene varias opciones, pero la más eficaz en democracia siempre es abordar de frente y con decisión los problemas, para evitar que las soluciones le vengan a uno impuestas desde fuera y sin control de los tiempos. ELPAÍS.- El informe policial conocido el jueves (y del que este periódico publica hoy más detalles) sobre las relaciones entre la cúpula del PP de Valencia y la rama en esa comunidad de la trama Gürtel contiene los elementos clásicos de los escándalos de corrupción relacionados con la financiación ilegal de los partidos: doble contabilidad, facturas ficticias y lenguaje codificado para despistar al posible escucha no deseado Opinión. Público Portugal ibérica Germán Ojeda Portugal, el Estado nacional más antiguo de Europa, sigue después de siglos debatiendo su vinculación con España, buscando su identidad, sin atreverse –como decía Pessoa– a dar un nuevo impulso a “la madre Iberia”. Lo hemos vuelto a ver estas semanas en la confrontación electoral y en la última encuesta sobre las relaciones entre ambos países, donde un 40% de portugueses se muestra partidario de la integración con España. Lo vimos también hace dos años, cuando José Saramago lanzó de nuevo la idea de un Estado común –Iberia–, expresión política de la pluralidad cultural e identitaria de las distintas nacionalidades peninsulares. Una integración siempre planteada por los grandes iberistas de ambos pueblos desde el siglo XIX, pero nunca impulsada por las fuerzas políticas y económicas, porque los portugueses siempre han mirado con recelo a España, a la vez que los españoles han ignorado, a la manera castellana –esa que, como decía Machado, “desprecia cuanto ignora”–, a Portugal. Recelos históricos, desconfianza mutua. A finales de aquel siglo escribían los hermanos Giner de los Ríos después de visitar Portugal que “esa desconfianza había llegado a tal punto que la generalidad de los mapas de las escuelas sólo representaba a Portugal y nunca a la Península Ibérica”. Y poco después otro gran iberista, Miguel de Unamuno, contaba la anécdota de que en la Universidad de Coimbra los médicos estudiaban los libros de Ramón y Cajal en francés para no hacerlo en español. Y algo parecido puede decirse de España, que ha mirado desde la soberbia histórica a Portugal, ignorando, por ejemplo, que el idioma portugués se habla en los grandes continentes; que España dejó de ser una potencia imperial en el XIX mientras que ellos conservaron sus colonias en África y Asia hasta bien entrado el XX; que desde hace ahora un siglo –en 1910– Portugal es una república, pero nosotros vivimos en una monarquía; que, en fin, hace ahora 35 años brotó la revolución de los claveles, donde los militares del país vecino derrotaron pacíficamente la dictadura del profesor Oliveira Salazar y proclamaron una democracia social mientras en España las fuerzas armadas sostenían a la dictadura franquista. Pues bien, si nosotros hemos ignorado que Portugal ha anticipado muchas veces los tiempos del futuro, en la vida portuguesa sigue presente el antiespañolismo, como ha quedado demostrado en la campaña electoral para las elecciones legislativas de mañana, donde la candidata del partido conservador PSD, Manuela Ferreira, hizo bandera electoral del rechazo a la construcción del Tren de Gran Velocidad (TGV) que debe comunicar Lisboa con Madrid en el año 2013 sosteniendo que el TGV sólo beneficiaba a España. Además, echó más leña al fuego al declarar que “no le gustan los españoles mezclados con los portugueses” y que Portugal “no es una provincia española”. La derecha del país vecino ha vuelto a destapar los fantasmas del rancio nacionalismo antiespañol, y apoya que esos recursos para la alta velocidad vayan a las empresas lusas, critica las tímidas políticas sociales del líder socialista, José Sócrates, y propone más seguridad y menos impuestos. Mientras, el PS plantea avanzar en la conexión ibérica y profundizar en la modernización en un país donde de la brecha entre ricos y pobres es de las más altas de la UE y los salarios son más bajos, donde los fondos provenientes de Europa han sustituido a los antiguos flujos coloniales, las privatizaciones han arrasado con el sector público y la internacionalización económica ha permitido a España convertirse en el primer socio comercial y en el primer inversor, con 1.200 empresas instaladas en el país vecino que suponen el 50% de la inversión extranjera, mientras más del 30% del comercio exterior portugués se realiza con España. Pese a la llegada de fondos europeos, esa lacerante brecha social, los bajos salarios –que, junto con la emigración, permiten mantener controlada la tasa de desempleo–, las privatizaciones y los ajustes estructurales llevados a cabo por sucesivos gobiernos socialistas y conservadores no han sacado al país del atraso desde que en 1974 se produjo la revolución de los claveles. Estas son las razones por las que en Portugal una izquierda nueva y vieja –el Bloque y el PC portugués– se ha convertido –y es la excepción europea– en una fuerza muy importante que según las encuestas, va a tener más del 20% de representación y, por tanto, va a poder decidir la orientación del futuro Gobierno. Portugal se dispone a abrir una nueva etapa histórica empujada por las fuerzas políticas de izquierdas que fueron desalojadas del poder una vez abortada la última revolución romántica europea. Esa izquierda internacionalista defiende las conexiones ferroviarias con España, las políticas públicas y el iberismo. Un iberismo que surgió con fuerza a los dos lados de la raya hace siglo y medio precisamente como respuesta a los intentos de desconectar por vía ferroviaria a ambos países; un iberismo que fue sobre todo cultural y que, como decían entonces los Giner de los Ríos, acabaría imponiéndose porque “lo que los intereses morales, sociales y políticos no consiguieron, van a ir lográndolo poco a poco los intereses mercantiles”. En efecto, Portugal es hoy definitivamente ibérica por razones económicas desde su entrada junto a España en Europa. Es un país cosmopolita, el alma ultramarina de España. Falta sin embargo, como decía Clarín, “que los pueblos hermanos y vecinos se conozcan mejor y por consiguiente se estimen más que hasta ahora”, lo que va a depender de que el nuevo Gobierno portugués y el español pongan juntos en marcha comunicaciones, instituciones culturales, académicas y empresariales para hacer avanzar “la madre Iberia”. PÚBLICO. 26-9-2009 Editorial. ABC Lo que se espera del PP LA revelación de un nuevo informe policial sobre una presunta red de financiación irregular del Partido Popular en la Comunidad Valenciana provocó la reacción inmediata de diversos dirigentes autonómicos y nacionales de este partido para negar las graves acusaciones contenidas en el documento. Incluso llegaron a calificar el informe de «falso», responsabilizando al Ministerio del Interior de hacer un «montaje». Este nuevo episodio de la supuesta trama de corrupción creada en torno al PP reactiva la tesis de esta formación de que el Gobierno está empeñado en destruirlo como oposición, no dudando en utilizar a instituciones del Estado, como la Policía o el Ministerio Fiscal, en contra de los principios de legalidad e imparcialidad. El PP tiene motivos para quejarse de que, en efecto, así está sucediendo desde hace años, con una manifiesta desproporción en ciertas actuaciones -ejecutadas de forma infamante, tales como detenciones preventivas injustificadas- que han sido instadas contra cargos electos que luego han sido exonerados incluso sin necesidad de juicio oral. Hasta aquí el PP tiene razón en denunciar la degradación de los instrumentos que el Estado pone a disposición de la Justicia para investigar y castigar el crimen, no para acosar a la oposición, ni para invadir arbitrariamente las esferas privadas protegidas por los derechos y las garantías constitucionales. Pero políticamente el PP está emplazado a tomar la iniciativa, más allá de nuevas denuncias judiciales y de protestas contra el Gobierno, y a transmitir, con hechos concretos, la imagen de un partido que confía en sí mismo y que sabe auditarse con transparencia y valentía. El cierre de filas de un partido está justificado cuando se pretenden abatir como sea la dignidad y la trayectoria de un buen dirigente, pero aparenta un enrocamiento cuando es la respuesta a unas revelaciones que deben ser rebatidas, sin son falsas, o tomadas en cuenta para actuar en consecuencia, si son ciertas. La presunción de inocencia también juega en política, pero con intensidad y efectos distintos a los que tiene en un proceso penal. La confianza de los ciudadanos en los políticos es lo que mide su responsabilidad como gestores de los bienes públicos, al margen de si se ha cometido o no delito, porque si no fuera así, deberían ser los jueces los que controlaran la actividad política. En este caso, es relevante saber si los hechos son o no ciertos. Y para atajar este acoso que vive desde hace meses, el PP tiene varias opciones, pero la más eficaz en democracia siempre es abordar de frente y con decisión los problemas, para evitar que las soluciones le vengan a uno impuestas desde fuera y sin control de los tiempos. ABC. 26-9-2009 Editorial. El País Caso abierto El informe policial conocido el jueves (y del que este periódico publica hoy más detalles) sobre las relaciones entre la cúpula del PP de Valencia y la rama en esa comunidad de la trama Gürtel contiene los elementos clásicos de los escándalos de corrupción relacionados con la financiación ilegal de los partidos: doble contabilidad, facturas ficticias y lenguaje codificado para despistar al posible escucha no deseado. Las reacciones también han sido las características: negativa rotunda ("un montaje"), seguida de intentos de culpar a los demás. Quien fue ayer más lejos en esa dirección fue el secretario general del PP valenciano, Ricardo Costa, uno de los más comprometidos por el informe, que acusó al ministro de Interior de haberlo instigado una vez que los jueces "no le dieron la razón" (al archivar la causa en el caso de los trajes). Argumento absurdo, puesto que el informe es anterior a ese archivo. Sostiene el PP que ni jueces ni fiscales habían pedido ese informe, y que ésa fue la razón de que el Tribunal Superior de Valencia lo rechazara alegando que no lo había solicitado. Es una interpretación que retuerce interesadamente los hechos. La investigación policial fue iniciada en el marco de las diligencias judiciales abiertas por el juez Garzón a raíz de la denuncia de un ex concejal del PP. Y en el auto de inhibición de ese juez, en marzo pasado, en favor de los tribunales superiores de Madrid y Valencia, el propio Garzón ya señalaba algunos indicios de financiación ilegal: sobre todo, ingresos que apuntaban a posibles pagos a cambio de adjudicaciones y otros procedentes de la trama. Había, pues, indicios, con huecos pendientes de investigación. Cuando ésta se completó, en julio, fue enviada al Superior de Valencia (competente para investigar la parte valenciana del caso); éste, sin embargo, no la tomó en consideración, alegando que no tenía relación con el cohecho impropio que se dilucidaba en ese momento. Del contenido del informe se deduce que fue aquélla una decisión como mínimo precipitada. La resolución de archivo reconocía que no había pruebas del pago de los trajes por parte de Camps, pero tampoco de que fueran regalos a cambio de algo. El conocimiento de la forma como actuaba la trama permite afinar más: el PP valenciano pagaba servicios de la trama con contratos a dedo, e ingresaba por mediación de la trama cantidades procedentes de empresas de la construcción beneficiadas por concesiones administrativas. Pero hace falta esforzarse mucho para no preguntar el origen del dinero que pagaba eventos varios y para no encontrar sospechosos los regalos. Rajoy ha dicho que da por cerrado el casoen su vertiente valenciana. Pero eso sólo ocurrirá si la fiscalía y los jueces competentes imitan al más que amigo de Camps que cerró los ojos para no ver y renuncian a investigar los fuertes indicios de financiación ilegal del informe. De acabar éste en el limbo, sin juez (imparcial) que lo investigue, el escándalo sería mayúsculo y el descrédito al sistema judicial en España, irreparable. EL PAÍS. 26-9-2009