Cargando...
El Mar Menor, emblema de Murcia y uno de los ecosistemas acuáticos más singulares y valiosos del país, sufre un grave deterioro en sus aguas provocado por la contaminación eutrofizante. Para salvar a la laguna salada más grande de Europa, un grupo de la Universidad de Murcia, liderado por la profesora Teresa Vicente Giménez, plantea una Iniciativa Legislativa Popular para que se reconozca la personalidad jurídica del Mar Menor. Es decir, que la laguna tenga derechos propios, como las personas, los bancos y las empresas. Si la ley se aprobara, un representante de la laguna podría ir directamente a un juzgado a reclamar sus derechos, sin tener que depender de las administraciones.
Dotar a un ecosistema de personalidad jurídica tiene precedentes en otros lugares del mundo, como es el caso del contaminado río Atrato, en Colombia. En España y Europa sería una novedad. La idea de dotar de derechos al Mar Menor proviene de la necesidad de protegerlo, después de que las Administraciones, tras varias leyes e, incluso, de imputaciones a las empresas contaminantes, no hayan podido impedir que la laguna esté al borde del colapso.
El Mar Menor sufre la construcción de infraestructuras en su entorno (playas artificiales, puertos deportivos) y la expansión de la agricultura intensiva del campo de Cartagena, que aplica de forma masiva fertilizantes para dar varias cosechas al año. Un exceso de nitratos y fosfatos que -bien por las aguas de escorrentía, bien por filtración desde el subsuelo- acaba llegando a la laguna salada, llenando de un exceso de nutrientes al Mar Menor y provocando la eutrofización: el crecimiento desmesurado de algas microscópicas, que oscurecen el agua. Privadas de la luz del sol, las plantas del fondo mueren y se pudren. La descomposición genera una anoxia (falta de oxígeno) masiva del agua que hace colapsar el ecosistema, provocando muertes masivas de peces y otros animales como en el agudo episodio de octubre de 2019.
La protección del Mar Menor se enfrenta a poderosos intereses por parte de grandes grupos monopolistas y empresariales, que llevan tiempo lucrándose de esta agricultura desaforada e intensiva. Hay en total 8.400 hectáreas de regadíos ilegales. Se propone reducir la superficie de regadío, una reconversión ambiental de las actividades agrarias y ampliar la superficie de humedales naturales en torno al Mar Menor, además de aplicar -de verdad- el principio de “quien contamina, paga”.
Pero hasta ahora, tanto el Partido Popular gobernante en la Región como sus aliados de la ultraderecha -ambos estrechamente ligados a estos intereses empresariales del Campo de Cartagena- han impedido cualquier iniciativa seria de protección de la laguna, cuyo estado agoniza desde el punto de vista ecológico.
Dotar de personalidad jurídica al Mar Menor dotaría de muchas más armas legales a sus defensores, y este es el objetivo de la ILP. Entrevistamos a una de las principales impulsoras de esta iniciativa: Teresa Vicente Giménez, profesora de Filosofía del Derecho en la Universidad de Murcia y directora del grupo de trabajo de Medio Ambiente de la Clínica Jurídica de la Universidad de Murcia.
¿Cómo surgió la idea de dotar de personalidad jurídica a la laguna?
El Mar Menor es un ecosistema de un gran valor ecológico que está en grave peligro. Dotarle de derechos en una nueva figura social y jurídica con un enorme auge en todo el planeta. La discusión jurídica sobre si los ecosistemas podían tener derechos empezó en los años 70, cuando se puso sobre la mesa que el planeta está enfermo por un responsable y una causa clara. El causante es el modelo de desarrollo que domina el mundo, el cual considera la naturaleza como un objeto y está basado en la explotación rápida de los recursos y en acumular más la riqueza cada vez en menos manos.
“Se trata de reconocer que la naturaleza tiene derechos por sí misma, por su propio valor”
En el último informa de la ONU, titulado “Armonía con la naturaleza” en el que nos cita al proyecto de la ILP del Mar Menor, dice: “El rumbo está equivocado mientras que sigamos reconociendo que los únicos que tienen derecho son los humanos y las entidades mercantiles y nos limitemos a poner medidas medioambientales”. Si la naturaleza, sin la cual no existe la vida ni puede sobrevivir ningún modelo económico, se sigue considerando un objeto y se contamina… El ser humano está unido a la naturaleza y depende ella, tenemos derecho al aire, a la alimentación, a la salud. No existe de momento límites al derecho de explotar la naturaleza, ya que los derechos acaban cuando empiezan los de la otra parte, la cual de momento no tiene derechos. Estamos en un paradigma antropocéntrico.
Los derechos de la naturaleza supone ese salto radical en el derecho para enfrentar la gran crisis que tenemos en nuestro planeta. Nuestro planeta se nos va. Ante esta realidad tan radical, que la humanidad ni se había planteado jamás, lo tenemos que afrontar con un modelo que esté a la altura del problema. Tenemos la base científica de que no podemos concebirnos separados de la naturaleza. Existe un artículo, del profesor Stone, titulado: “¿Pueden tener derechos los árboles?”. Esto se planteó, como otros avances en derechos, en oposición al orden establecido.
La figura de los derechos de la naturaleza utiliza la analogía de la personalidad jurídica de las empresas y de los bancos. ¿Por qué puede tener derechos un banco y no un ecosistema? Existe una oposición a esto porque no se quiere crear un nuevo modelo. Sí que hay una protección al medio natural, relacionada con la protección a los seres humanos, pero se trata de reconocer que la naturaleza tiene derechos por sí misma, por su propio valor, que todos los habitantes del hábitat de la biosfera tienen derecho a vivir como nosotros y tenemos que vivir en armonía con ellos. Gracias a la biosfera podemos vivir. Tenemos que reconocer derechos a todos los elementos del hábitat con los que compartimos la vida.
Con esta ley no se podría contaminar el Mar Menor, que es lo principal, ya que si seguimos así nos lo podemos cargar definitivamente. El Mar Menor está muy grave, en la UCI, pero los científicos aseguran que se puede recuperar.
Esto ya se ha hecho en casi todos los continentes, excepto Europa, nosotros seríamos el primer caso. En Ecuador fue la primera vez que se reconoció derechos propios a la naturaleza. En un litigio se sentó el representante de una empresa contaminante y por otro lado, un representante del río. Ganó el río frente a la empresa, por los daños causados en él. Es una figura reconocida y que avanza con rapidez.
¿Qué beneficios tendría para el Mar Menor ser dotado de personalidad jurídica?
Con esta ley no se podría contaminar el Mar Menor, que es lo principal, ya que si seguimos así nos lo podemos cargar definitivamente. El Mar Menor está muy grave, en la UCI, pero los científicos aseguran que se puede recuperar. Lo primero es parar la contaminación, y para ello hay que actuar sobre la laguna y la cuenca.
La ILP es una ley marco, no está muy desarrollada, pero sí que está el marco jurídico. En ella, primero se explica por qué planteamos esta ILP y después hay varios artículos donde se le da personalidad jurídica y se reconocen los derechos al Mar Menor, los cuales coinciden con los derechos de los ecosistemas que tiene personalidad jurídica. El Mar Menor tiene derecho a vivir según su propia estructura interna, según sus propias necesidades ecológicas y tiene derecho a la reparación si es dañado.
Necesitáis 500.000 firmas para poder sacar adelante la ILP. ¿Qué viene después?
Si conseguimos las 500.000 firmas se envían y la Mesa del Congreso decide si va a discutir la ILP. Si deciden discutirla, como en todas las iniciativas de ley, lo hacen entre los distintos grupos políticos y luego ya se aprueba la ley.
Los alcaldes ribereños empezaron a aprobar en sus parlamentos municipales mociones apoyando la ILP. Han sido tantos que ya suman más de la mitad de la población. Hay un grito de la ciudadanía. El plazo para entregar las firmas ya se ha ampliado al máximo, hasta octubre y si no conseguimos las firmas, también tenemos la batalla política abierta, vamos a negociar con el Gobierno nacional. Tenemos un abanico de posibilidades, no solo las firmas.