Cargando...Se trata de un juez federal, pero podía poner en un brete al gobierno de los EEUU. El magistrado Thomas Hogan ha ordenado -legalmente puede hacerlo- al gobierno norteamericano que permita la difusión pública de los documentos y pruebas que justifican el confinamiento del centenar de presos de la base de Guantánamo. El auto del juez afirma que «el acceso público a las acusaciones contra estos detenidos… garantiza una mayor supervisión de las detenciones y de los procesos», y sostiene que, a menos que el conocimiento público perjudique a los intereses de los litigantes o a la seguridad nacional, «el tribunal cree que el público tiene el derecho legal a conocerlas».
Se trata de una demanda reclamada reetidas veces no sólo por los abogados o las organizaciones de derechos humanos, sino por poderosos medios de comunicación como el New Tork Times o USA Today, que han llegado a hablar de vioación del derecho a la información. Los letrados de los reos han denunciado también en varias ocasiones que la falta de información detallada acerca de los motivos por los que sus representados están en la prisión cubana les ha impedido defenderlos adecuadamente.Los presos de Guantánamo conservan todavía el status de “combatiente enemigo” que les colocó George W. Bush, y hasta ahora el gobierno sólo había dado a conocer versiones no confidenciales de los documentos que justifican su confinamiento. Los documentos “bajo sello” sólo podían ser examinados por jueces, abogados y autoridades oficiales, pero en ningún caso podían ser reveladas a la prensa, a las organizaciones humanitarias o al público en general.El mandato del juez está siendo revisado por el Departamento de Justicia. Aunque el magistrado Hogan es explícito al poner como límite a la revelación de los documentos el que no pongan en riesgo a la seguridad nacional –excusa a la que podía acogerse el Gobierno-, el auto podría poner en un aprieto a la Casa Blanca. Después de haber anunciado el cierre de la prisión y haber prometido transparencia en lo relacionado con los casos de tortura, el presidente norteamericano ha tenido que recular y desdecirse, presionado por los aparatos de Estado de Washington. La tortura ha sido prohibida, pero los torturadores de la CIA y del Ejército han sido protegidos bajo una especie de “ley de punto final y obediencia debida”. El anuncio de la publicación de las imágenes de las torturas en cárceles como Guantánamo, Abu Ghraib y otros muchos “agujeros negros” han sido vetadas por el presidente Obama, siguiendo recomendaciones del Pentágono, aduciendo que su publicación podría desatar una ola de “antiamericanismo” en el mundo, y en especial en los países islámicos. De la misma manera, la publicación de las razones de la detención y confinamiento de 100 de los 240 presos de Guantánamo podría poner en entredicho las mismas, y significar otro golpe a la maltrecha reputación de la superpotencia. Justo el efecto contrario en la opinión pública que la administración Obama pretendía cuando inició la “cruzada contra la tortura” y por el cierre de la prisión. Veremos si la Casa Blanca permita que el juez Hogan le de ordenes.