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Juan José Ibarretxe, lehendakari del PNV, junto con sus aliados de Eusko Alkartasuna (EA) y Esker Batua (EB), representados por los consejeros Joseba Azkarraga y Javier Madrazo, se despidió ayer, al término de la última reunión del Ejecutivo autonómico vasco. Se mostró «orgulloso» de sus fallidas intentonas independentistas, las llamadas «plan de libre asociación con España» de 2004 y la «consulta» de 2008, llegando a calificarlas de «hitos democráticos». Ibarretxe muestra, hasta el final, recalcitrante y contumaz, su faz y su lenguaje étnico. Insistió en que es «una decisión judicial» (refiriéndose a la ilegalización de Batasuna), «y no la voluntad de la sociedad vasca», lo que ha permitido desalojar del Gobierno a una «mayoría abertzale». Mentira. Ha sido el fuerte viento popular que se ha levantado en toda España contra las políticas disgregadoras.
Las alabras y los gestos de Ibarretxe esconden taimadamente la cruda realidad. Que la camarilla de Ibarretxe y Arzallus ha usado el gobierno autonómico para construir un auténtico y completo régimen que va desde la educación y las televisiones públicas, hasta las sociedades gastronómicas o clubes deportivos y que han ido extendiendo durante años sus tentáculos sobre el conjunto de la sociedad vasca. Un régimen impuesto mediante el terror, el miedo y el silencio. Pero la verdadera catadura de Ibarretxe se mostró al afirmar cínicamente, ante la amenaza de ETA al futuro y nuevo Gobierno del PSE presidido por Patxi López, declarándolo “objetivo prioritario”, que “la amenaza no es nueva, pesa también sobre este Gobierno y sobre todos”. Mentira. Está claro que ETA iba a hacer todo lo posible para atentar contra el primer Ejecutivo no nacionalista en Euskadi. Ya lo había anunciado. Sin embargo, existe una siniestra coincidencia. Ibarretxe amenazó con gobernar “sea desde donde sea”. Ortuzar afirmó que su partido “no admitirá retrocesos” en el camino hacia la “patria vasca”. Y Anasagasti escribió: “pero que no se olvide: quien ríe el último ríe mejor”. De la rabia y del odio, a las amenazas. La camarilla de Ibarretxe, Arzallus y compañía prepara sus “ejércitos”, en el seno del poder autonómico, en sus aledaños y en sus vericuetos. Y ha señalado el objetivo. Para que toda la hueste sepa cuál es el blanco. Para impedir la pérdida del “cortijo”. El meollo del gobierno de Ibarretxe ha sido la continua imposición del programa disgregador del nacionalismo étnico, aprovechando todas las oportunidades. Así, en el terreno legal, el nacionalismo excluyente siempre ha practicado el juego sucio, la doble norma. Por un lado, se han aprovechado de la legislación existente para beneficiarse y conseguir sus privilegios, como el Cupo o exceso que recibe en la financiación autonómica. Por el otro lado, han boicoteado la aplicación de las leyes cuando les impedía llevar adelante sus planes de destrucción de la cohesión social en el País Vasco, y cuando obstaculizaban sus ataques a la unidad con el resto de España y a la fortaleza de su Estado. Han hecho del euskera la “expresión concentrada de la nación” y han reivindicado un Estado propio al estilo del nacionalismo alemán, haciendo aparecer a los vascos que no hablan euskera como enemigos del País Vasco. Cuando, en realidad, tanto el euskera como el castellano son riqueza lingüística de España. La EiTB ha inoculado el virus étnico, y ha promocionado permanentemente a los portavoces de ETA y sus organizaciones. La policía autonómica vasca ha sido bloqueada para que no dedicara lo mejor de sus fuerzas a acabar con ETA. El dinero público ha servido para crear una red clientelar de lealtades, servidumbres y sumisiones, y para financiar a las organizaciones vinculadas con ETA y sus actividades. Es el momento de aprovechar la mayoría política constitucionalista en el parlamento vasco para quitar a la camarilla nacionalista étnica todos los resortes del poder autonómico, que inevitablemente tratarán de utilizar para obstruir y boicotear la labor del nuevo gobierno, creándole toda clase de dificultades. El cambio político hacia la libertad exige enviarla a la oposición en todos los terrenos, político, policial, administrativo, educativo, cultural, etc. Y expulsarla de todos los organismos públicos y entidades dependientes.