La pobreza energética en Cataluña aumenta un 77%

Pobreza energética, atraco relámpago

El Parlament de Catalunya aprobó a finales de julio pasado una ley de medidas urgentes para combatir los desahucios y la pobreza energética, ¡por unanimidad! Mientras tanto FACUA denuncia que la factura de la luz ha subido un 80% en los últimos 10 años, a manos de algunos de los que ahora firman, a pocos meses de las elecciones, por el rescate ciudadano.

Vaya por delante la más sincera enhorabuena a los miembros de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), el Observatorio DESC y la Alianza contra la Pobreza Energética, que han recogido en poco más de un año más de 140.000 firmas, casi el triple de lo exigido, para presentar una ILP en el Parlament de Catalunya que proteja a las familias con dificultades económicas ante los desahucios y la imposibilidad de hacer frente a los recibos de luz, agua o gas.

Esta iniciativa era la continuación de aquella ILP presentada por la PAH en el Congreso de los Diputados y que fue desdibujada y, por tanto, abortada, en su trámite parlamentario.

Esta vez, se ha diseñado una propuesta a medida de las competencias de la Generalitat, limando los puntos donde esta puede entrar en conflicto abierto con las fuerzas vivas del saqueo, la banca y los monopolios eléctricos. Apunta a los desahucios por impago de alquiler (suponen ya más de la mitad de los desalojos) y a la pobreza energética.

“Auditar el déficit de la tarifa es un paso imprescindible para recuperar el dinero expropiado”

La norma fuerza a los bancos a facilitar alquiler social durante tres años a quienes vayan a perder su casa bajo amenaza de multa. CiU, ERC, PSC, ICV-EUiA, C’s y CUP han aprobado un texto que blinda también el acceso al agua, gas y electricidad de las familias en situación de vulnerabilidad.

Es una victoria colectiva, como celebran los promotores de la iniciativa.

¿Y los verdugos qué?Sin embargo, ¿Por qué lo han aprobado fuerzas como Ciu, el PSC o, incluso el PP, que son los que han gestionado el atraco eléctrico en España?

Recordemos que fueron ellos los que han legitimado el “déficit tarifario”, una macroestafa de 45.000 millones de euros, por la diferencia entre el precio exigido por la patronal eléctrica y el fijado por el gobierno, que ha supuesto un auténtico rescate de las eléctricas a costa de nuestros bolsillos. Millones que, por cierto, las eléctricas ya han cobrado por partida doble, puesto que ya se apresuraron en colocar el déficit en el mercado financiero como emisiones de deuda avalada por el Estado.

Las eléctricas deben todavía a la banca miles de millones por las inversiones hechas en compras, como la de Unión Fenosa por parte de Gas Natural, o las de Iberdrola en Reino Unido (Scottish Power), Estados Unidos (Energy East) y Brasil (Elektro).

Hasto ahora el pago del déficit tarifario era en realidad un auténtico plan de rescate eléctrico para hacer frente a sus vencimientos.

Las sucesivas reformas del sector han transitado por el mismo camino, cumplir con las condiciones impuestas por la Troika para el rescate bancario en el llamado memorando de entendimiento. Cerrar la herida de las eléctricas para que no cuestione el pago de la deuda externa, pública y privada. Es decir, que las eléctricas cumplan sus vencimientos de deuda y acelerar la interconexión a las redes eléctricas francesas para la creación de la red eléctrica europea, uno de los grandes obstáculos de los gigantes europeos para profundizar su penetración en el mercado español.

Pagamos pues por dos vías, la factura y los impuestos, los planes y proyectos del gran capital financiero y los monopolios eléctricos, especialmente los extranjeros.

Facua y tu facturaLa asociación de consumidores FACUA ha denunciado que hoy pagamos un 80% más en la factura de la luz respecto a hace diez años.

La organización ha analizado más de 50.000 facturas de viviendas ocupadas en un estudio que refleja que el usuario medio en España consume 366 kilovatios-hora (kWh) mensuales y tiene una potencia contratada de 4,4 kilovatios (kW) y del que se desprende que el consumidor ha pagado en los últimos doce meses 400 euros más por su consumo eléctrico que lo que pagó en 2005.

Las cinco grandes eléctricas lideran el ranking de denuncias de los consumidores por fraude junto a las compañías de telecomunicaciones y la banca.

Tal grado de complicidad entre el estado y los gigantes monopolistas sólo se explica por la unión personal entre los miembros de sus Consejos de Administración y los miembros de puestos políticos clave del estado. En el campo de las eléctricas, el actual ministro de industria José Manuel Soria, sin ir más lejos, era consejero de Endesa hasta la misma víspera de jurar su cargo de ministro. Felipe González y Narcís Serra acabaron en Gas Natural; Aznar , Miquel Roca, Elena Salgado y Pedro Solbes en Enel-Endesa, etc.

Mientras el estado sirva exclusivamente a sus intereses para regularlos, ¿cómo vamos a pedir que intervenga el estado para someterlos a los de los ciudadanos? Es pedir peras al olmo.

Por tanto, lo que se corresponde es , por supuesto, una movilización ciudadana por una Ley antimonopolio que favorezca la competencia empresarial, elimine los abusos monopolistas y permita rebajar precios y tarifas de los servicios básicos (luz, gas, agua, gasolina, transportes,…).

Pero sobre todo una acción conjunta de los afectados en toda España para tumbar sus intereses. Las leyes de rescate ciudadano van a tener un seguimiento detallado por parte de los tenedores de la deuda pública y privada de nuestro país.

En tanto y cuanto el rescate ciudadano no vaya más allá de unas concesiones mínimas para evitar el estallido social que no pongan en cuestión el grueso de su negocio, no habrá problemas con los acreedores.

¿Cuáles son las concesiones que no entran en los márgenes de lo oficial? La expropiación de vivienda o el impago de los servicios por insolvencia del usuario. Si el estado se hace carga de una y/o otra cosa, ¿Por qué no?

En todo caso, habrá que ver donde quedan las ya “viejas promesas” de algunos, de hace 9 meses, de “auditar el déficit de la tarifa”, buscar un sistema “más justo para los ciudadanos” y, llegado al caso, “confiscar o nacionalizar los activos de las eléctricas”.

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