Los documentos que revelan la auténtica hoja de ruta de las élites independentistas

Planificar el conflicto… y luego pedir diálogo

En los documentos incautados por la guardia civil en los domicilios y despachos de altos cuadros de la Generalitat, se define con claridad cual es la auténtica hoja de ruta de Puigdemont: “generar conflicto para forzar una desconexión”.

El govern de Puigdemont afirma “defender una sincera oferta de diálogo”, frente a “un Estado español que solo sabe ofrecer represión”.

Los hechos desmienten esta falsa imagen cultivada en la propaganda por las élites independentistas.

En los documentos incautados por la guardia civil en los domicilios y despachos de altos cuadros de la Generalitat, se define con claridad cual es la auténtica hoja de ruta de Puigdemont: “generar conflicto para forzar una desconexión”.

Se indignan ante “la respuesta represiva del Estado”, pero en su hoja de ruta -que en sus propias palabras “no debe hacerse pública”- planifican el conflicto para obtener de él réditos políticos que permitan avanzar hacia la independencia, forzando la voluntad de la sociedad catalana.

En el domicilio de Josep Maria Jové, secretario general de vicepresidencia, Economía y Hacienda, y mano derecha de Oriol Junqueras, líder de ERC y vicepresidente de la Generalitat, la guardia civil incautó un documento denominado “ Enfo CATs: Reenfocant el procés d’independència per un resultat exitós”.

En él se sintetiza la estrategia impulsada desde 2015 por Junts pel Sí para imponer la independencia, bajo un lema rotundo: “generar conflicto y desconexión forzosa”.

El documento señala que para conseguir la independencia es imprescindible “diseñar acciones que conduzcan a un conflicto democrático de amplio apoyo ciudadano, orientado a generar inestabilidad política y económica que fuerce al Estado a aceptar la negociación de la separación o un referéndum forzado”.

Estableciendo cual es el papel de la Declaración Unilateral de Independencia: “generar un conflicto que bien gestionado puede llevar a un Estado propio”.“En los documentos incautados se sintetiza la estrategia para imponer la independencia, bajo un lema rotundo: “generar conflicto y desconexión forzosa”.”

Y señalando como hay que elevar el listón del conflicto en beneficio propio: “el momento cuando haya una clara determinación ciudadana a darle apoyo y a implicarse activamente y con complicidad internacional, se ha de comenzar de una manera conservadora incrementando paulatinamente el nivel de conflictividad según la respuesta del Estado, bajo el liderazgo y con coordinación de todos los actores implicados y sin ningún genero de duda de acciones y calendarios”.

En esta “hoja de ruta”hacia el conflicto se establece la necesidad de “coordinar y dar apoyo a las entidades soberanistas” -ANC y Omnium Cultural- para que activen la movilización en la calle.

Y se divide a los ciudadanos catalanes en siete categorías, dependiendo de su actitud ante la independencia. Estableciendo como hay que tratar a los “convencidos del NO”: “activar a sus entornos independentistas más próximos”, como medida de presión, y “desincentivar su participación”, para evitar que puedan hacer valer su voz.

Los diseñadores de la “hoja de ruta” tienen muy claro que “ cada partido (independentista) no puede hacer por sí solo la independencia, pero la suma Puigdemont, Junqueras y Colau -o la confluencia de los espacios que representa- la hará inevitable”. Por eso establecen que “la estrategia pasa por una oferta de suma a Podemos y los comuns, y a partir de ahí tratar de negociar con el Estado”.

Los hechos demuestran que se ha avanzado en esta dirección. El pasado 27 de agosto, tras la manifestación en Barcelona contra los atentados terroristas en las Ramblas y en Cambrils, Pablo Iglesias, secretario general de Podemos, Xavier Domenech, cabeza junto a Ada Colau de Catalunya En Comú, y Oriol Junqueras, lider de ERC, cenaron en casa de Jaume Roures, empresario de la comunicación que organizó el centro de prensa el 1-O.

Tras esa reunión, la posición de Podemos y Catalunya En Comú ha variado hacia una dirección que, en los hechos, ofrece respaldo político a Puigdemont.

Pablo Iglesias, que en julio afirmaba: “si yo fuera catalán, no participaría en el referéndum del 1 de octubre”, pasó a alabar “la sensatez de Puigdemont” y criticar “la intransigencia de Rajoy”. Y Ada Colau ha respaldado “la medicación internacional”, colocando todo el foco contra el inmovilismo y la negativa al diálogo del gobierno del PP.

Del 1-O a los “escenarios de guerra”

Las cargas policiales contra los ciudadanos que se concentraban los colegios electorales provocaron numerosos heridos. Esa actuación policial -que solo afectó, según los datos de la Generalitat, al 10% de los colegios electorales- provocó una reacción de rechazo en buena parte de la sociedad catalana.

Pero las escenas de violencia el 1-O también formaban parte de la estrategia de las élites independentistas. En una conversación telefónica intervenida por orden judicial Joan Manel Gómez, responsable del voto electrónico afirma el 29 de septiembre que “el día de octubre se tiene que liar, se va a liar”, añadiendo que “ellos vienen con los tanques” y llamando a la necesidad de “movilizar a la tropa” -los sectores sociales encuadrados por ANC, Omninum Cultural y otras entidades independentistas-.

Las élites del independentismo también tenían planificados los efectos económicos de la independencia, y las medidas a tomar.

El secretario de Hisenda de la Generalitat, Lluis Gavaldó, poseía un documento en que se valoraban los posibles escenarios económicos tras declarar la independencia.

Uno de ellos calificado “de guerra”, en el que el govern catalán no podría garantizar ni siquiera el pago de las nóminas, y ante el que se plantean alternativas como los “bonos patrióticos”, dejar de pagar la deuda con el Estado o incluso trasladar las cuentas a París.

Y un escenario de “guerrillas” donde el govern catalán podría obtener fuentes de financiación hasta 2018.

Más reveladores son algunos de los epígrafes del documento en posesión de Josep Maria Jové. En él se establece un plan hasta 2022 para garantizar una independencia efectiva. “Para las élites independentistas el papel de una DUI es “generar un conflicto que bien gestionado puede llevar a un Estado propio”. “

Estableciendo un “gobierno provisional”, que garantizaría las bases de la independencia, y “un gobierno independentista” que la ejecutaría.

¿Cuándo se pronunciaría la sociedad catalana? Cuando ellos tuvieran garantizado el éxito. Por eso plantean que “el Gobierno de transición evaluará los riesgos y convocará elecciones cuando sepa que habrá un Parlamento independentista”.

Estableciendo con claridad que esta hoja de ruta debe ser secreta: “el objetivo es que la gente sepa que existe y que bien gestionada acabará comportando o el reconocimiento internacional o un referédum forzado con el Estado, pero no se ha de hacer pública con detalle”.

Un diseño antidemocrático

Tienen planes y los ejecutan, escondiendo sus verdaderas intenciones a la población.

Ofrecen diálogo pero en realidad planifican crear un conflicto que antes no existía, para forzar una reacción violenta del Estado y acumular razones para reclamar una intervención de los centros de poder internacionales que ampare sus pretensiones de ruptura.

Dicen defender al “pueblo catalán” pero para alcanzar sus objetivos provocan de forma planificada un enfrentamiento que tendrá desastrosas consecuencias para toda la sociedad catalana.

No lo decimos nosotros, lo dicen ellos, en los donde desvelan sus auténticas intenciones, pero que ocultan a la población.

Deberían responder de sus actos, no ya ante un juez, sino ante el conjunto de los ciudadanos catalanes.

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