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Pensiones, reforma indispensable

EL nuevo año inició su andadura con la entrada en vigor de la reforma de las pensiones que aprobó el anterior Ejecutivo socialista en 2011. Por un lado, la norma retrasa de forma progresiva la edad de jubilación hasta los 67 años. Así, para cobrar la pensión completa, los trabajadores que no hayan cotizado 38 años y medio tendrán que alargar su vida laboral un mes por año hasta 2018 y dos meses por año desde esa fecha hasta 2027. Por otro, se ampliará gradualmente de 15 a 25 años el período que sirve de base para calcular las pensiones. De este modo, los españoles se jubilarán más tarde y, en general, percibirán una pensión algo inferior, en línea con las reformas introducidas en numerosos países europeos para tratar de garantizar la viabilidad del sistema público de pensiones. La justificación de estos cambios deriva de dos factores. En primer lugar, la crisis económica, ya que han desaparecido 2,5 millones de ocupados respecto a diciembre de 2007, de modo que hoy apenas existen dos trabajadores por pensionista. No por casualidad, la Seguridad Social entró en déficit estructural en 2010/2011, acumulando un agujero superior a 7.000 millones de euros. Esto significa que los ingresos por cotizaciones sociales no alcanzan para cubrir el gasto total en pensiones. De ahí que el Gobierno haya tenido que emplear por primera vez el Fondo de Reserva de la Seguridad Social para afrontar el pago de las prestaciones.En segundo lugar, una crisis demográfica, caracterizada por el aumento de la esperanza de vida y una baja tasa de natalidad, que convertirá a España en uno de los países más envejecidos del mundo en 2050 -casi cuatro de cada diez personas tendrá más de 60 años, según la ONU-. La población española está adoptando una forma similar a la de una pirámide invertida, ya que el número de pensionistas crece mientras que el de trabajadores disminuye. Así pues, más allá del retraso de la edad de jubilación a los 67 años, el sistema seguirá precisando de nuevas mejoras para mantenerse en pie. Por el momento, el Gobierno ya ha aprobado que las pensiones no contributivas sean sufragadas vía Presupuestos Generales del Estado y, además, pretende acercar la edad de retiro efectiva al límite legal corrigiendo los abusos que se cometen en materia de prejubilaciones y jubilaciones anticipadas. Sin embargo, también será necesario definir un factor de sostenibilidad permanente, como estipula la reforma de 2011, para poder revisar de forma periódica la edad de jubilación, los años de cotización o el importe de las prestaciones en función del envejecimiento poblacional o la evolución económica, tal y como sucede en otros países de la UE. Alemania y Suecia, por ejemplo, revalorizan anualmente las pensiones según cómo evolucione el empleo, el PIB o la ratio cotizantes/pensionistas, mientras que Italia, Grecia, Dinamarca y Holanda revisan la edad de jubilación conforme a la esperanza de vida. El sistema público de reparto necesita una constante revisión para garantizar su continuidad en el tiempo.

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