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Algún día, la oligarquía bancaria pagará por lo que le está haciendo al país. Hasta el propio gobernador del Banco de España -máximo valedor de los intereses bancarios frente a los ciudadanos- se ha visto obligado a intervenir. En su ansia por mantener los beneficios y evitar las pérdidas, la banca española está contribuyendo a agravar de forma abrupta y prolongada la crisis entre nosotros.
Durante años, esa misma banca ha sido la máxima resonsable de inflar la burbuja inmobiliaria, concediendo créditos a cualquiera dispuesto a levantar una promoción y otorgando hipotecas a mansalva con el reclamo de los bajos tipos de interés. Obteniendo así un doble beneficio al operar tanto al inicio como al final del ciclo de construcción de viviendas. Ahora, cuando el estallido de la burbuja inmobiliaria exigiría bajar de una forma sustancial su precio, de acuerdo con la lógica de un mercado sobresaturado en el que se hacinan más de un millón de viviendas sin vender, la banca, que ha cobrado en “especies” (es decir, en pisos) una parte no despreciable de la deuda de constructores y promotores insolventes se niega a sacarlos al mercado para que sus activos no se desvaloricen y tenga que provisionar esa pérdida de valor con la consiguiente mengua de beneficios. El daño que esta política y esta oligarquía bancaria parasitaria están causando a la economía nacional es de consecuencias incalculables. Y de persistir en ella, el siguiente estallido ya no va a venir del sector inmobiliario, sino del mismo sistema financiero, arrastrando en su caída, todavía más, al conjunto de la economía. Es una auténtica vergüenza nacional que mientras el 60% de las familias tiene dificultades para llegar a fin de mes, mientras el número de parados reales debe sobrepasar ya los 5 millones, mientras la producción industrial se hunde y el consumo se estanca, los bancos españoles sigan presentando imperturbables, como si con ellos no fuera la cosa, un nivel de beneficios muy similar al de la época de bonanza. En el primer semestre del año, el Santander de Botín declara unos beneficios de 4.519 millones de euros, el BBVA de 2.799, La Caixa de 1.048. Y suma y sigue…. Pero no es esta oligarquía parasitaria la única especializada en consumir desaforadamente los recursos de la nación y esquilmar a la población. En los últimos meses, otra especie de repulsivos depredadores se han adueñado de la vida política del país. Prácticamente no hay día en que no nos desayunemos con la noticia de un nuevo caso de corrupción destapado. Gürtel, El Ejido, caso Palau, Palma Arena, Santa Coloma,… En todos los casos, el argumento es el mismo. Detrás de cada uno de ellos hay una auténtica trama de pillaje, cuyos nódulos no son los Bigotes o Correas de turno, meros testaferros ejecutores, sino “venerables” empresas y prohombres políticos, hermanados para vaciar las arcas públicas, para robar –con una impunidad que traspasa la raya de la indecencia– el pan de todos. Tres vértices unidos por un mismo vector –la corrupción, el pillaje y el saqueo del dinero público– que amalgaman a un selecto club de grandes empresas “corruptoras” que pagan millonarias mordidas, una trama de “canalizadores” y “ejecutores” y una partitocracia que se nutre y financia de las comisiones. Una cadena trófica de depredadores, auténticas sanguijuelas, dedicados a robar a manos llenas el dinero de todos. Librarse de todos estos parásitos y sanguijuelas, acabar con su poder en apariencia omnímodo empieza a ser una necesidad vital para el país y para sus ciudadanos.