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¿Es tolerable que cerca de 4,5 millones de pensionistas en nuestro país estén obligados a malvivir con pensiones que no llegan, o rebasan mínimamente, los 500 euros mensuales? ¿Cómo es posible que mientras unos cuantos banqueros y grandes ejecutivos acumulan fondos personales de pensiones por encima de los 50, los 60 o los 80 millones de euros, haya por contra millones de pensionistas condenados a poco más que la indigencia con miserables pensiones de 300 o 400 euros mensuales?
Frente a la congelación de las ensiones actuales y el recorte de las futuras que prepara Zapatero, la Huelga General del próximo 29 de septiembre debe levantar como una de sus banderas innegociables la exigencia de pensiones dignas. Es decir, un plan progresivo de revalorización de las pensiones cuyo objetivo, en el plazo de 5 años, debería ser que no haya ninguna pensión por debajo de los mil euros mensuales. Y cuya primera etapa, para este mismo año, sería una elevación de las pensiones más bajas hasta un mínimo de 650 euros al mes. Lo que significa, para muchos de nuestros mayores, una revalorización de un 50, un 70 o incluso un 100% de sus actuales pensiones. ¿Es esto posible? ¿No dicen que hay que recortarlas porque son un gasto insostenible? Los números demuestran exactamente lo contrario. Elevar hasta los 650 euros mensuales a los cuatro millones y medios de pensionistas que cobran por debajo de esta cantidad, supondría un gasto anual total de 6.286 millones de euros. ¿De verdad nos quieren hacer creer que esto es un gasto inasumible para el Estado? A principios de año, un grupo de expertos contratados por UPyD llegaron a la conclusión, tras hacer un exhaustivo estudio de los gastos de todas las Comunidades Autónomas españolas, de que si los 17 gobiernos autonómicos gestionaran sus recursos en gastos de personal y gastos corrientes como lo hacen los 3 más eficaces, el ahorro anual para las cuentas del Estado sería superior a 26.000 millones de euros. ¡Con menos de una cuarta parte de ese ahorro daría para que ya mismo los 4,5 millones de pensionistas que menos cobran pasaran a tener una pensión mensual de 650 euros! Y estamos hablando sólo de eficacia en la gestión de los recursos. Ni siquiera, todavía, del despilfarro que recorre de arriba abajo la administración del Estado: los sueldos de los políticos y las decenas de miles de asesores y cargos de confianza que acumulan, las subvenciones de todo tipo a partidos, sindicatos, fundaciones y organizaciones vinculadas a ellos, a medios de comunicación deficitarios e improductivas empresas públicas, a los coches oficiales, las comidas, gastos de representación, dietas, tarjetas a cargo del contribuyente y toda la maraña de dispendios, derroche y suntuosidad del que se rodean las castas políticas a todos los niveles. Si fuera posible hacer un inventario detallado de todo este despilfarro y gasto superfluo, camuflado en partidas presupuestarias de las que es imposible conocer su destino final, nos llevaríamos la sorpresa de comprobar como con su sola eliminación da para bastante más que elevar las pensiones mínimas, en este mismo año, a 650 euros mensuales. Elevación que debe ir incrementándose en 100 euros, año tras año, hasta conseguir en 2014 que no haya ninguna pensión por debajo de los 1.000 euros. Pero además de perfectamente posible, la elevación progresiva de las pensiones es una exigencia de justicia y un factor de dinamización de la economía nacional. Una demanda de justicia porque es justo que quienes han dedicado toda su vida a trabajar para hacer progresar el país, reciban ahora del país, al final de sus vidas, una retribución digna y adecuada a sus necesidades. Es de justicia que se redistribuya el enriquecimiento de las grandes empresas que hoy se ufanan de estar entre las mayores del mundo entre aquellos que han echado toda una vida de trabajo, sin el cual hubiera sido impensable su engrandecimiento y expansión. Porque es una cuestión de justicia que el bienestar y la riqueza acumulada gracias a su trabajo no sea despilfarrada por unas castas parasitarias, sino redistribuida entre quienes contribuyeron a crearla con su esfuerzo y su sacrificio. Un factor de dinamización de la economía nacional, porque en manos de nuestros mayores ese incremento en sus pensiones se convierte inmediatamente en consumo y ahorro, no en gastos improductivos, despilfarros y derroche. Revitalizando así mediante el consumo la demanda interna, factor clave para la recuperación de la pequeña y mediana empresa, y por lo tanto para la creación de empleo y disminución del paro. Y reduciendo, mediante el ahorro, el gigantesco endeudamiento al que Zapatero y Botín nos han conducido.