La hucha de las pensiones se agotará en 2018 y la pensión pública sólo cubrirá el 50% del último salario

Ofensiva contra las pensiones

No pasa un sólo dí­a sin que aparezca una nueva noticia “alertando” sobre la “insostenibilidad” del sistema público de pensiones y la necesidad de “reformarlo” y recurrir a los planes privados de pensiones. Ahora es la Autoridad Fiscal anunciando que el fondo de reserva se agotará en 2018. Y la Unión Europea alertando que en 2060 la pensión pública sólo cubrirá el 50% del último salario, “animando” a cubrirla con planes privados de pensiones.

Cada vez hay menos dinero en el Fondo de Reserva de la Seguridad Social, la “hucha de las pensiones”. Tras la última saca de 7.700 millones para pagar la extra de Navidad la hucha se ha quedado temblando, reducida a 32.481 millones de euros, la mitad de lo que había en 2011.

Al ritmo actual la hucha de las pensiones se quedará vacía en 2018, mucho antes de lo previsto, alerta la Autoridad Fiscal Independiente (AIReF), el organismo público que vigila las cuentas del Estado. Sí hay dinero. Bastaría con tomar las medidas necesarias de Redistribución de la Riqueza para garantizar pensiones dignas, ninguna por debajo de los 1.000 euros al mes”

Según el informe de la AIReF la base está en el el déficit estructural de 25.000 millones de euros provocado por el brutal crecimiento de la deuda pública en los últimos años. La deuda roza el 100% del PIB, 65 puntos más que antes del estallido de la crisis, 650.000 millones de euros más gracias a las recetas del FMI y Bruselas (recortes salariales y sociales, rescates bancarios…) aplicadas por los gobiernos de Zapatero y Rajoy.

Desde Bruselas, otro informe de la Unión Europea alerta de que la cuantía de las pensiones públicas se reducirá drástica y progresivamente hasta situarse en 2060 por debajo del 50% del último salario, consecuencia directa de las reformas de Zapatero en 2011 y las de Rajoy en 2013.

Pasaremos de una tasa de cobertura de la pensión media del 81,2% antes de las reformas a una tasa de cobertura por debajo del 50%. Un recorte de las pensiones de más del 31,5%, el mayor de toda la UE.

Es decir, el Estado sólo garantizará a los futuros pensionistas españoles pensiones mínimas por debajo de la mitad de su último sueldo. Menos de 500 euros para más de 14 millones de trabajadores, activos o en paro, que no llegan ni a 1.000 euros al mes.

Con su informe la Comisión Europea receta más reformas del sistema de pensiones que profundicen la precariedad y, sobre todo, “anima” a aplicar la gran receta con la que sueñan bancos, fondos extranjeros y aseguradoras: impulsar los fondos privados de pensiones.

Sí hay dinero, hay que redistribuirlo de otra maneraEs mentira que no haya recursos para mantener un sistema público con pensiones dignas. El problema es que los recursos públicos del Estado están hipotecados por la deuda y puestos al servicio de los intereses de la banca (más de 250.000 millones de euros al servicio de los rescates bancarios). Y que el desempleo, los bajos salarios y, sobre todo, el sistema de privilegios fiscales y de cotizaciones sociales a las grandes corporaciones que acumulan la riqueza que se genera minan los recursos de la Seguridad Social.

Bastaría con tomar las medidas necesarias de Redistribución de la Riqueza para garantizar pensiones dignas, ninguna por debajo de los 1.000 euros al mes.

Auditar la deuda y renegociar el pago de los intereses (34.000 millones anuales) hasta que la economía crezca de forma sostenida por encima del 3% y el paro baje del 10%. Recuperar el dinero de los rescates bancarios (125.000 millones sólo en efectivo) y a las eléctricas (otros 30.000 millones). Aplicar una Reforma Fiscal Progresiva para que paguen más y coticen más a la Seguridad Social los que más riqueza y beneficios acumulan (12.700 millones mínimo) . Acabar con los recortes de salarios (ninguno por debajo de 1.000 euros al mes). Medidas que por sí solas permitirían al Estado disponer de recursos suficientes para garantizar el sistema público de pensiones.

Y garantizarlas para el futuro blindándolas en la Constitución, como propone la Mesa Estatal por el Referéndum de las Pensiones (MERP), para que “ni se recorten ni privaticen”.

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