Uruguay: ocho militares condenados a 25 años de cárcel

Ocho «cóndores» menos

La justicia uruguaya acaba de condenar a penas de entre 20 y 25 años de prisión a ocho ex militares por los crí­menes cometidos durante las dictaduras de Uruguay y Argentina. Acusados de autores «responsables de 28 delitos de homicidio muy especialmente agravados, en reiteración real» afirma la sentencia. Los ex militares hoy condenados formaban parte del «Plan Cóndor», de dictaduras y guerra sucia de Washington en la región.

Se trata de una sentencia histórica de en la lucha contra la imunidad de crímenes contra la humanidad. A través del Plan Cóndor, simultáneamente, las dictaduras de Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile o Brasil, se coordinaban compartiendo información, intercambiando prisioneros o apoyándose en estrategias de intervención en terceros países. Un Plan diseñado por Washington -siendo Henrry Kissinger secretario de Estado en el gobierno de Richard Nixon- no sólo sembró de gobiernos dictatoriales a la región, sino que promovió su “mutuo” apoyo. En Uruguay, desde el inicio del gobierno de Tabaré Vázquez hace cuatro años, se está dando la batalla contra la impunidad instalada desde el fin de la dictadura. Desde hace dos años también se celebra el importante juicio contra el ex dictador Gregorio Álvarez, el “Pinochet de Uruguay”. Acusado de la desaparición de unas 200 personas durante su régimen (1973-1985). En su mayoría Tupamaros, alzados contra el régimen y que hoy forman parte de las fuerzas del Frente Amplio que gobierna el país desde 2005. La mayoría de los desaparecidos fueron secuestrados en Argentina en operaciones “conjuntas” propias del Plan Cóndor y coordinados desde Washington. En mayo del año pasado, 80 militares retirados tuvieron que declarar ante la justicia uruguaya como testigos en una causa contra el dictador. Para llevar estos juicios adelante, el Parlamento uruguayo ha tenido que declarar inconstitucional la Ley de Caducidad, aprobada en 1986 garantizó la impunidad a los responsables de crímenes y violaciones de derechos humanos durante la dictadura. Este avance en la lucha contra la impunidad en Uruguay debe permitir llegar hasta los últimos y auténticos responsables. No basta con juzgar a los ejecutores del macabro Plan Cóndor, hay que denunciar a sus artífices, organizadores y financiadotes de la Casa Blanca. La guerra sucia o golpes de Estado promovidos por Washington no son cosa del “pasado” de Iberoamérica, sino del presente. Ajustar cuentas a los responsables del Plan Cóndor es denunciar la naturaleza y el origen de los actuales intentos de desestabilización en la región.

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