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El Govern de Quim Torra ha iniciado los trámites para reclamar judicialmente al Estado 1.317 millones de euros de la financiación autonómica no transferidos a causa de la interinidad del gobierno central.
Tomémosles la palabra. Saquemos las cuentas. ¿Quién nos debe dinero a los catalanes y a cuánto asciende el robo? ¿Contra quién deberíamos querellarnos?
Los 1.317 millones que la Generalitat reclama corresponden a las entregas que el sistema de financiación autonómica adjudicaba para 2019, y a un ajuste del IVA de 2017 pendiente. No es un problema exclusivo de Cataluña, sino que afecta a todas las autonomías. La razón que no se haya liquidado son las limitaciones de un gobierno central todavía en funciones.
Si lo partidos catalanes independentistas no hubieran sumado en febrero sus votos a los del PP para tumbar los presupuestos, precipitando la convocatoria electoral, todas las autonomías habrían recibido los 6.000 millones ya comprometidos.
Si el govern catalán quiere querellarse contra quien ha atentado contra el patrimonio público, podría empezar por el clan mafioso de los Pujol.
Un reciente estudio de la UDEF cifra en 290 millones la fortuna de los Pujol. Está escondida en paraísos fiscales como Andorra, Suíza o Luxemburgo. La católica familia de los Pujol, que contaba los millones como “missales”, no tiene reparos en ocultar parte de su dinero negro en Abu Dabi.
En un voluminoso informe de 222 folios, la UDEF afirma que los Pujol “funcionaban como un grupo criminal organizado”, utilizando “prácticas corruptas” para “acumular un patrimonio desmedido aprovechando su posición privilegiada de ascendencia en la vida política, social y económica catalana”. Y situando al primogénito, Jordi Pujol Ferrusola, como el “tesorero de facto de Convergencia”, que cobraba las mordidas del 3%.
¿Por qué el govern de Torra, tan aparentemente preocupado por el presupuesto de la Generalitat, no se ha querellado todavía contra los Pujol, ladrones del dinero público?
Pero en realidad, contra quien deberíamos querellarnos los catalanes es contra el govern de la Generaltat.
El total de recortes ejecutados en políticas sociales por los gobiernos de Mas y Puigdemont ascienden a 5.438 millones de euros, más de 722 euros por habitante. Casi la mitad de esos recortes han sido en sanidad y educación públicas.
Nos deben 5.438 millones. Nos lo han quitado a nuestra salud, a la educación de nuestros hijos y nietos, a pensiones o ayudas sociales… Y lo han destinado a incrementar su gigantesco entramado burocrático, a través del cual imponen su dominio sobre la sociedad catalana.
Estas son las cuentas que nos interesan. Las que afectan directamente a nuestras vidas. A los dos tercios de pensionistas catalanes que ni siquiera son mileuristas, a las familias catalanas que deben dedicar la mitad de su sueldo a pagar un alquiler disparado, a los barceloneses de los barrios populares que viven 11 años menos que los habitantes de los barrios más ricos…
Que no nos engañen. Los Torra, Puigdemont o Junqueras no son las víctimas que puedan reclamar, son quienes nos deben a todos los catalanes lo que la oleada de recortes que ellos ejecutaron nos ha quitado.