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Mientras que en Oriente Medio la lista de crímenes de guerra y violaciones de los derechos humanos por parte de Israel no deja de crecer, en el resto del planeta avanza de manera inexorable la lucha contra la impunidad contra el genocidio en Gaza.
Ahora es Noruega. Según informa Middle East Eye, la Fiscalía de este país ha presentado una denuncia penal contra varios políticos noruegos de alto rango, incluido el primer ministro del país, Jonas Gahr Store, por su presunta complicidad en el genocidio israelí en Gaza. Entre los denunciados están también los ministros noruegos de Finanzas y Exteriores, y el ex secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg.
La denuncia -presentada por Abuelas Contra el Genocidio (GRAG), un grupo activista noruego, junto con otra denuncia del Comité Palestino de Noruega- alega que los funcionarios responsables del fondo soberano de Noruega violaron las leyes noruegas que incorporan las disposiciones del Estatuto de Roma contra el genocidio al mantener inversiones en Israel con un evidente y alto riesgo de contribuir a crímenes de guerra y al genocidio en Gaza, como acciones en empresas de armas que exportan a Israel. Por ello, también se acusa al director ejecutivo del fondo y a la gobernadora del banco central noruego.
El fondo soberano de Noruega, valorado en 2,2 billones de dólares, es el mayor inversor individual del mundo. Aunque en 2025, alegando «violaciones de su política de inversión ética», retiró sus inversiones de 35 empresas israelíes, mantuvo su dinero en otras 29 corporaciones de este país, obedeciendo a las fuertes presiones que llegaban desde el Departamento de Estado de EEUU. Entre esas empresas donde el Fondo Noruego mantiene su financiación hay gigantes armamentísticas como Leonardo y ThyssenKrupp, que abastecen directamente al ejército israelí, responsable de la muerte de más de 72.000 palestinos en Gaza desde octubre de 2023.
En junio del año pasado, una propuesta para la desinversión generalizada en empresas implicadas en crímenes de guerra israelíes fue rechazada por el parlamento noruego, tras no conseguir el apoyo del gobernante Partido Laborista, que votó junto a las formaciones de derechas.
Pero las organizaciones sociales noruegas no se dieron por vencidas, y siguieron adelante con su demanda. Kirsti Maehle, cofundadora de Abuelas Contra el Genocidio, ha declarado que el enjuiciamiento de los funcionarios responsables del fondo noruego, es un correctivo «muy necesario para nuestros representantes electos, que hacen caso omiso del sufrimiento de las víctimas». «Se sientan en nuestro parlamento, el Storting, y votan a favor de las inversiones. Eso equivale a votar a favor de contribuir a crímenes de lesa humanidad, lo cual es absolutamente indignante», dijo.
«Los líderes del gobierno noruego probablemente estaban al tanto de los principales delitos y de las contribuciones reales de varias de las empresas participadas parcialmente por el fondo», dice Terje Einarsen, profesor de derecho en la Universidad de Bergen, que ha asesorado a las organizaciones civiles en la denuncia.