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Más allá de matices y diferencias menores en cuanto a su cuantía, duración o aplicación concreta, la mayoría social española respalda medidas como las del nuevo plan anticrisis, que buscan paliar el daño y el empobrecimiento que la inflación está generando sobre amplias capas de la población.
Son -en general- medidas necesarias, son positivas, son bienvenidas.
Pero -porque hay varios ‘peros’-… ¿son suficientes? Y sobre todo ¿actúan sobre la raíz del problema o meramente mitigan los efectos, los síntomas, que sufre la población?
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Bajada del IVA de los alimentos
No pocas voces progresistas, entre ellas las de economistas de izquierdas, son críticos con varias de las medidas del plan anticrisis, entre ellas las de la bajada del IVA de los alimentos básicos.
«Bajar el IVA de los productos básicos solo incrementará aún más los abusivos beneficios de los grandes supermercados», dice Julen Bollaín, especializado en estudios sobre desarrollo y renta básica incondicional. Bollaín sostiene que, de manera análoga a como ocurrió con el IVA de la electricidad, los grandes monopolios (en este caso las grandes cadenas de alimentación) aprovecharán el margen de bajada que crea el gobierno… para subir poco a poco los precios, aumentando su margen de ganancias. «El paso adecuado sería negociar (con las grandes distribuidoras) una cesta básica de la compra y, si no están por la labor de arrimar el hombro, un impuesto especial», insiste Bollaín.
Es decir, lo que deberían tomarse son medidas para hacer recaer íntegramente sobre los grandes monopolios de distribución alimentaria -que venden los productos agropecuarios por 4, por 8 o por 10 veces su precio en origen, obteniendo un enorme margen de ganancias- los costes de la ola inflacionaria, vigilando, impidiendo y multando cualquier intento de repercutir esas subidas para el consumidor.
En cuanto al comercio minorista de alimentos (es decir, las tiendas de barrio), las medidas deben ser diametralmente opuestas, con exenciones fiscales, bonificaciones y ayudas directas que les permitan compensar el tope a los alimentos. Compensaciones que les permitan capear una situación donde tienen que ajustar al milímetro el precio de sus productos para no sucumbir en la competencia amañada con los gigantes monopolistas.
¿Y por qué no la carne y el pescado?
La eliminación del IVA para los alimentos de primera necesidad no cubre a la carne ni el pescado, dos alimentos clave para una alimentación sana. Tampoco hay otra medida alternativa que busque reducir la subida de su precio, cuando la carne se ha disparado por encima del 11-14%, y el pescado ha subido su precio una media de 9,7%, bajando su consumo un 14,5%.
Se debe imponer un precio máximo regulado, compensando si es necesario con ayudas o exenciones fiscales a ganaderos y pescadores, especialmente a las pequeñas y medianas explotaciones que tienen menos márgenes de beneficios.
Lo que deberían tomarse son medidas para hacer recaer íntegramente sobre los grandes monopolios de distribución alimentaria los costes de la ola inflacionaria
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¿¿De verdad que los desahucios están prohibidos??
El nuevo decreto anticrisis señala expresamente que se prorrogan seis meses más la suspensión de desahucios para hogares vulnerables. Se trata de una ampliación de una medida que viene del llamado «Escudo social», emitidos durante la pandemia.
Pero cualquier Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) o colectivo anti desahucios de cualquier parte de España sabe que -en los hechos- esta prohibición de desahuciar a personas vulnerables… es papel mojado.
Sí, los desahucios en España se han reducido, pero muy poco. Entre julio y septiembre de 2022 se realizaron 7.397 desahucios en toda España, 1.262 menos que en el mismo periodo de 2021. Es apenas un descenso del 14,6% si se compara con el mismo periodo de 2021 y un 31,6% respecto al segundo trimestre.
En la dura realidad, las personas y familias desahuciadas siguen siendo desahuciadas de sus hogares, por lo que este decreto ha recibido las críticas de la PAH. «PSOE y Unidas Podemos optan por recuperar las prórrogas obligatorias del alquiler y mantienen el mismo escudo social que ha permitido que más de 70.000 familias hayan sido desahuciadas desde 2021. En 2021 se practicaron un total de 41.359 desahucios, a los que hay que sumar 29.285 en los 9 primeros meses de 2022», denuncian desde la Plataforma.
Y no son casos de personas «no vulnerables». Hace pocos días muchos informativos se hacían eco del desahucio -en plenas fechas navideñas- de una anciana de 76 años en Vallecas.
El gobierno debe tomar medidas contundentes para impedir que -de forma real y efectiva, y no solo en el papel- no se produzca ni un solo lanzamiento más de personas vulnerables, al menos mientras dure la crisis.
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Precio de la luz: ¿Y por qué no acabar con la estafa de la subasta mayorista?
Una de las medidas anticrisis consiste en prorrogar durante seis meses de la rebaja a los impuestos de la electricidad y el gas, del 10% al 5%. Medidas que, junto a la «excepción ibérica» (el tope al precio del gas que rige en España y Portugal), han logrado que en nuestro país tengamos unos precios eléctricos comparativamente mucho más bajos a los que soportan, por ejemplo, en Francia o Alemania.
Topar el precio de la fuente más cara -el gas natural que queman las centrales de ciclo combinado- ha demostrado ser una medida eficaz para limitar el precio de la electricidad. Pero, siendo una medida positiva la “excepción ibérica”, nadie en el gobierno parece estar interesado en cuestionar el mecanismo por el que se fija el precio del Megavatio cada hora.
Algo que clama al cielo, porque es una auténtica estafa legal, por la cual los grandes monopolios de la electricidad pueden cobrarnos toda la energía eléctrica que nos venden muy, muy, muy por encima de su coste real de producción… siempre al precio de la más cara.
Nadie en el gobierno parece estar interesado en cuestionar el mecanismo por el que se fija el precio del Megavatio cada hora
Es un mecanismo tan escandaloso como perverso. Con este símil lo explicaba Aimar Bretos en Hora 25: «Imaginen que ustedes van a la carnicería a hacer la compra de la semana. Compran un poco de pollo, que es barato; un poco de cerdo, que también; y para un día especial compran un poco de solomillo de ternera. Cortada la carne, van ustedes a pagar y el carnicero les dice: te lo cobro todo al precio del solomillo». “-¿Cómo?», diría usted, pensando que se trata de una broma. «Se lo voy a cobrar todo al precio de la carne más cara. Es lo que marca la ley», le dice el carnicero.
«Pues exactamente esto es lo que pasa con nuestro sistema eléctrico», dice Bretos. Hay varios tipos de energía, con diferentes costes de producción, pero «el sistema está montado de tal manera que toda la electricidad que se compre para una hora, se paga siempre al precio de la más cara», aunque la porción que se haya adquirido de la más cara para completar la demanda sea mínima.
No, no basta con bajar el IVA de la electricidad. No sólo no basta, sino que -como en el caso de los alimentos- esa medida sólo deja más espacio para que las eléctricas puedan aumentar un poco más su ya escandaloso margen de beneficios.
Mientras no se cuestione a fondo mecanismos como éstos, que permiten a un oligopolio eléctrico perpetrar cada día un auténtico «robo legal» al conjunto de la población, estaremos en manos del atraco monopolista de las grandes energéticas del Ibex35.