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Jose Miguel Fernández Sastrón se presenta como candidato a las próximas elecciones del 30 de junio de la SGAE. Esta oposición ya ha demostrado no querer poner las cosas fáciles, sobretodo por el desacuerdo manifiesto con la actual gestión de la entidad, dirigida por Eduardo Batista. Y principalmente en lo que se refiere a «identificar a los pequeños autores y repartir entre ellos el dinero que les corresponde por la explotación de sus obras». Pese a que el candidato reclame un reparto eficaz también con los «pequeños» autores, lo que sigue sin cuestionarse es la recaudación.
El desacuerdo de Fernández Sastrón emieza con ARTERIA, el proyecto de Batista que busca levantar o rehabilitar casi una docena de espacios escénicos en España e Iberoamérica. «ARTERIA constituye hoy un preocupante riesgo para nuestra entidad y para todos los socios. Fundamentalmente por su nivel de endeudamiento insostenible, avalado en una parte importante por la propia SGAE, es decir, por todos nosotros, y financiado con recursos que van más allá, en contra de lo que se nos dice, de los fondos culturales no susceptibles de repartirse entre los socios» Pero nada se dice de cuál es el modelo de gestión, que ya hace muchos años que camina hacia la extinción de los pequeños teatros o de la gestión privada o particular, abriendo cada vez más las puertas al monopolio de entidades ajenas al mundo del arte. Otro de los elementos de disputa en la campaña es el de la imagen del socio de la SGAE. Según Fernández Sastrón, el problema es que la entidad no ha sabido vender la imagen del socio. Pero tampoco se cuestiona que la mala imagen sea debido precisamente a la política de cobro que le ha enfrentado prácticamente a todos los sectores populares que son la base sobre la que viven los artistas… su público. La preocupación principal de la campaña de la oposición gira en torno a la prescripción de derechos por no identificación de los autores, que puede llegar a suponer un 10% de la recaudación, es decir, 30 millones de euros. De todas formas en todo el proceso electoral de la entidad hay un elemento que no debería pasar inadvertido: solo un 20% de los socios participarán en la elección de la presidencia. Lo que quiere decir que más de dos terceras partes de los miembros de la SGAE no participa de las decisiones ni por democracia representativa, y que tampoco hay ninguna voluntad de que lo hagan. í‰sta, que sí es una preocupación del nuevo candidato (lógicamente presupone que una mayor participación le beneficiaría frente a su oponente, Caco Senante, más cercano a la línea de Batista) no sirve para alguien concluya que tan bajo porcentaje de participación algo tiene que ver con la actual gestión o incluso con la propia línea de la oposición. Habría pues que suponer que una línea justa provocaría una mayor participación en un contexto en el que no ha habido alternativa ninguna desde 1983. Así los resultados deben servir para cuestionarse el propio contenido de lo que se propone, de forma que en algún momento pueda abordarse el cuestionamiento, no de quién percibe los beneficios, que es importante, sino de la línea de primar el cobro de rentas como fuente principal de ingresos. En este sentido no está de más recordar el papel que jugó la SGAE, sacado a la luz por WikiLeaks, en la imposición por parte de EEUU de la Ley Sinde en España: (De la web www.tuexperto.com) «Parásitos sociales buscadores de rentas». Esta es la imagen que se tiene en España de la SGAE y otras sociedades encargadas de luchar por los derechos de autor. No lo decimos nosotros. Lo dice la Embajada de Estados Unidos en España, según publica El País. La Embajada. Los mismos de los cables de WikiLeaks. Parece que con la renovada afición por la conspiración, las tortas le están cayendo a todos por igual, y seguramente, antes del proceso Sinde pocos pensaban que la SGAE también tendría su cuota de protagonismo en la trama internacional de «espionaje» diplomático. Lo que más llama la atención de la forma en que WikiLeaks también salpica a nuestra SGAE es que hay luces y sombras en la relación entre la sociedad de autores y la Embajada de Estados Unidos en Madrid. Por un lado, ambas figuran habrían mantenido colaboraciones enfocadas a bienes comunes. SGAE habría cogido de la manita a la diplomacia estadounidense para enseñarse cuáles son los principales enemigos de los derechos de autor, tutelando además acerca de las herramientas óptimas para pararles los pies. Pero, por otro lado, desde la Embajada daban cuenta a la Metrópoli (Washington) sobre la negativísima imagen de la SGAE en España, así como de los varapalos que se estaba llevando ante la justicia (recordándose el caso de espionaje en una boda de Sevilla, en la infiltró un «topo»). No obstante, regresando al punto anterior, resulta muy llamativo que SGAE ayudara a Estados Unidos a espiar a varias webs de enlaces y descargas, con objeto de que la Embajada analizase las fórmulas para impedir la proliferación de estos sitios empleando, entre otras cosas, sanciones y restricciones a los usuarios. De hecho, en un determinado momento, la Embajada sugiere que la solución podría pasar por suprimir los servicios de conexión a Internet a los usuarios que participen activamente en el suministro o descarga de contenidos definidos como ilegales por parte del Gobierno de Estados Unidos. Sugieren en un cable que la identificación de la IP sin relacionarla con la identidad del usuario podría definirse como una fórmula efectiva sin vulnerar la legislación española, que protege la privacidad del cliente. No obstante, las intenciones de los conspiradores podrían haberse topado con el muro de la justicia nacional, ya que según comunicaron desde la Embajada, los tribunales españoles no ven actividad delictiva en el tráfico de datos en redes P2P, siempre y cuando no exista ánimo de lucro entre los implicados. Y todo esto lo sabemos tras el rechazo de la Ley Sinde en el Congreso, y un día después de que El País demostrara a través de nuevos cables de WikiLeaks la implicación de Estados Unidos en el padrinazgo de la malograda disposición segunda, así como en las presiones a las que habría sido requerido el país norteamericano para arrancar de la oposición el apoyo necesario para que la Ley de Economía Sostenible saliera adelante con el remiendo que habría dado cerrojazo a las webs de enlaces.»