“No me imagino sin luchar por los derechos de los migrantes”

El pasado 23 de enero de 2021, las autoridades marroquíes expulsaban a la activista Helena Maleno de Tánger, donde residía con su familia desde hace 20 años. La policía marroquí le denegó la entrada y fue deportada en un vuelo a Barcelona. Una violenta situación que Maleno que no ha podido hacer pública hasta ahora, por seguridad para ella y su familia

La periodista almeriense Helena Maleno es una de las más reconocidas e importantes activistas por los derechos de los migrantes no ya de España, sino del mundo. Sus llamadas y las de su ONG, Caminando Fronteras, a Salvamento Marítimo -avisando de pateras a la deriva en el Estrecho- han salvado una cantidad incalculable de vidas, no menos de 100.000, de morir en el mar.

Su labor ha sido ampliamente reconocida por más de veinte premios dentro y fuera de nuestro país: por la ONU, por las principales organizaciones internacionales de derechos humanos, por las organizaciones de la abogacía. Ha sido nombrada Doctora Honoris Causa por la Universidad de Islas Baleares.

Y por ello, por salvar vidas en el Estrecho, se ha ganado la persecución, el hostigamiento y la criminalización constante del régimen marroquí y también de las cloacas del Estado español, concretamente de la Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (UCRIF) de la Policía Nacional.

En Marruecos, donde hace 20 años que reside, Helena ha sido objeto desde hace años de llamadas amenazantes, persecuciones, agresiones, y hasta un intento de asesinato, que buscan acabar con el trabajo que realiza a través de su organización. La Justicia marroquí la juzgó fundamentándose en cuatro dosieres falsos elaborados por la UCRIF del Cuerpo Nacional de Policía, sin ningún tipo de control judicial y vulnerando derechos fundamentales de Maleno.

No obstante, después de años de criminalización, de haber ganado procesos judiciales tanto en España como en Marruecos, las violencias contra ella y su familia no han cesado. A finales de enero, Helena Maleno fue deportada y expulsada de Marruecos cuando volvía de un breve viaje de trabajo en España. Una violenta y repentina deportación en la que la activista estuvo separada varias semanas de su hija menor de edad.

Desde estas páginas queremos dar voz a la imprescindible labor de Helena Maleno y de la ONG a la que pertenece, Caminando Fronteras. Y apoyar la campaña para exigir al Gobierno de España que defienda sus derechos ciudadanos frente al atropello de las autoridades marroquíes.

A continuación, reproducimos una entrevista que Maleno nos concedió hace apenas un mes.

“Se ponen más medios en el control migratorio que en defender la vida”

Lucía de la Torre

Antes de empezar, Helena nos agradece la entrevista. “Desde el periodismo hay una responsabilidad social en la defensa de derechos humanos, una responsabilidad de la buena comunicación ante tantos bulos que se difunden”.

El 2020 ha sido uno de los peores y más trágicos años en las rutas migratorias de acceso al Estado español. ¿A qué se debe?

Las tragedias en el mar se deben a varios factores. Hay dos rutas que se han abierto que son más peligrosas. Está la ruta argelina, de la que estuvieron saliendo embarcaciones durante todo el tiempo de la pandemia y tenemos muy pocos datos, hay muchas más víctimas de las que nosotras hemos podido contabilizar. Muchas veces las personas ni siquiera alertan de que están en el mar por miedo a no ser rescatadas y a ser deportadas después.

La otra ruta más peligrosa es la canaria, que implica a más países en el salvamento. Si ya es difícil que dos países se organicen y se coordinen para defender el derecho a la vida, y no sea control migratorio, imagina cuando entran más países en juego. Además, geográficamente es una zona mucho más complicada, más larga y muchas embarcaciones desaparecen en el mar. El trabajo que hacemos nosotras es saber las embarcaciones que están saliendo. Se ponen menos medios en defender la vida y más en el control migratorio, y esto afecta a rutas que son peligrosísimas.

El control migratorio está por encima del derecho a la vida. Los datos de este año son terribles, aterradores, sobre todo de las embarcaciones enteras de 50, 100 personas que desaparecen en el mar. Muchas de ellas vienen de los mismos pueblos de Malí o Mauritania y el impacto que tiene eso en el país de origen es terrible. Son poblaciones que se quedan sin sus jóvenes, los cuales desaparecen y no hay señales de vida.

¿Qué ocurre cuando un inmigrante llega a la costa? ¿Se activa antes un mecanismo represivo de control que de salvamento y acogida?

Hay dos partes que operan en el sistema de control de fronteras. Una es la criminalización y otra es la victimización. Desgraciadamente, el sistema de acogida pasa por esas pautas. Por ejemplo, lo de Arguineguín fue una violación clara de derechos humanos de las personas que llegaban. Está el caso de un joven que estaba en shock postraumático porque había visto morir a un montón de gente en su embarcación, y no le ayudaron. Porque en cuanto llegan, aunque sean náufragos, lo importante es aplicar la Ley de Extranjería. No se aplican protocolos que les alivien por ser víctimas de una tragedia, el enfoque siempre es buscar quién es el capitán de la embarcación, quién repartió el agua… porque se necesita meter gente en la cárcel. Opera un enfoque policial que además no es eficaz como debería ser, porque no termina con todas las industrias criminales que operan.

“Dejar morir o hacer morir a personas da dinero a determinados grupos empresariales”

El otro enfoque es el de la victimización. Tenemos una acogida que es débil, que no pone en el centro los derechos humanos, que separa a las madres de sus hijos, que está enmarcada por esas políticas de la compasión que tanto le gusta a la socialdemocracia. Esas políticas hacen que no sean personas, que no tengan derechos. En todo esto opera el marco de control migratorio y el Ministerio del Interior. Las decisiones que se toman respecto a las personas migrantes no lo hacen distintos ministerios, al final el centro está en el Ministerio del Interior, porque las personas, aunque estén en Canarias, no son consideradas sujetos de derecho. Lo hemos visto cuando se han abierto las parroquias para asistir a las personas y se identificaba a las mujeres que ayudaban. En cambio, cuando hablamos de ataques de personas racistas hay una laxitud respecto a la persecución que debería hacerse a esos delitos. El sistema está hecho para criminalizar y victimizar.

En Caminando Fronteras disponéis de un número de alerta las 24 horas, los 365 días del año, para todas las personas cuya vida peligra en el mar. ¿Estáis cubriendo una necesidad de la que debería encargarse el Estado?

Sí. Nosotras tenemos ese teléfono de alertas, pero defendemos que quien tiene que seguir operando es Salvamento Marítimo. En el Estado Español hay aún la suerte de tener un servicio civil, público, que defiende el derecho a la vida. En la ruta libia hacia Italia han desaparecido los servicios de rescate público y han tenido que ir las organizaciones sociales. No hay la misma eficacia, ni la misma efectividad, y, además, la responsabilidad de defender el derecho a la vida en el mar por las Convenciones Internacionales firmadas es de los Estados. En Libia se ha ido el Estado completamente. En España aún tenemos a los trabajadores de salvamento marítimo a través del sindicato mayoritario, CGT, quienes defienden seguir haciendo ese trabajo, piden refuerzos y que se les deje defender la vida. Nosotras apoyamos, pero no deberíamos existir, no queremos sustituir al Estado. Nosotras, por cercanía con las familias, con las personas que están en los tránsitos, muchas de las veces nos avisan. No solo trabajamos con Salvamento Marítimo español, también alertamos a Salvamento Marítimo de Marruecos, Argelia, Mauritania. A veces nos encontramos pasando información de un país a otro porque entre ellos tarda.

Mencionáis que la industria del control del movimiento de personas se ha convertido en un negocio brutal que beneficia a las empresas de armamento y a las industrias criminales. ¿A quiénes podemos señalar como responsables de esta tragedia? ¿Cómo se benefician?

Sobre todo, se benefician empresas del lobby de venta de armamentos. Son empresas que han visto en el control del movimiento de las personas uno de los negocios más importantes del siglo XXI. Por ejemplo, a causa del conflicto sirio, la gente se marcha porque no puede quedarse en su territorio, y, paradójicamente, las empresas que se enriquecen vendiendo las armas y han causado el conflicto, son las mismas que les frenan en su huida en el mar, las que ponen en marcha Frontex y todo ese entramado militar. La misma que se ha beneficiado del conflicto libio, opera en controles militarizados.

“Los que han causado el conflicto sirio son los que frenan a la población en su huida”

Esto no lo decimos nosotras, hay muchos informes que lo demuestran, yo recomiendo leer los informes del Translation Institute, quienes trabajan mucho con el centro Delás por la paz. Este centro, que siempre había investigado la industria armamentística, se ha encontrado haciendo informes sobre el control del movimiento porque todas esas empresas están interviniendo. Son empresas que hacen lobby político en el Parlamento Europeo para conseguir que Frontex sea el monstruo que es hoy en día, una policía de control de fronteras sin ningún tipo de control por parte del Parlamento y cuyo presupuesto europeo ha aumentado en los últimos años, el cual los europeos no sabemos qué hacen con él.

En tu libro “Mujer de frontera” hablas de la gran investigación que iniciaron contra ti desde el Estado Español como si fueras una criminal. ¿Crees que hay un intento de meter miedo a las organizaciones sociales y activistas por los inmigrantes?

Sí. En Europa, en los últimos años, el relator anterior de la ONU, Michel Forst, hizo un informe donde ponía en el punto de mira la persecución a las personas que defendían los derechos de las personas migrantes y denunciaba que esta persecución había aumentado de forma sistemática en todos los países europeos. Es lo que se llama también la persecución del “delito de solidaridad”. Se constatan en los últimos años más de 250 casos judicializados de personas que dejaron dormir en una casa a una persona migrante, dieron asistencia médica, rescataron a personas en el mar o hicieron llamadas a Salvamento Marítimo, como es mi caso. Efectivamente, querían que mi caso sirviera para meter miedo a los compañeros que están trabajando en la frontera occidental euroafricana. Me intentaron abrir un proceso judicial en el Estado Español, la Audiencia Nacional dijo que no había delito en mis actividades y lo pasaron a Marruecos, donde yo resido. A partir de ahí, lo que pedía la policía española a Marruecos es que me condenaran a cadena perpetua. Imagina el impacto que hubiera tenido en los demás compañeros activistas una condena a cadena perpetua.

«No me imagino estar en un lugar y no formar parte del tejido social que intente mejorar la situación que viven las personas de ese sitio«

Lo que quiero destacar aquí es que las primeras defensoras de derechos son las personas migrantes. Defienden el derecho a la vida y también el derecho a inscribir a sus niños en el Registro Civil, el derecho a su salud y a la salud sexual y reproductiva de las mujeres. Las mujeres migrantes son unas de las principales defensoras de derechos, cuando están en los territorios de llegada muchas son sometidas a situaciones de esclavitud, donde no hay tantos controles.

¿Qué fue lo que te hizo decidirte a dedicar tu vida al activismo, a la defensa de la vida?

Yo creo que la vida te pone en ciertas situaciones y tenemos una responsabilidad de luchar por una mayor justicia social en el lugar donde estamos. Yo vengo de una familia humilde, jornalera, que nunca olvidó que la respuesta a su situación también venía de la solidaridad con el colectivo jornalero, con los vecinos del barrio. Éramos una familia humilde en la que la educación en derechos y en valores estaba muy clara. No me imagino estar en un lugar y no formar parte del tejido social que intente mejorar la situación que viven las personas de ese sitio.

Soy periodista y empecé a investigar temas sociales de frontera, por eso me fui a Marruecos. Estando allí he formado parte, no es algo que decides, es algo orgánico. No decides tener un proyecto, es como nuestro teléfono de alertas, de repente te llegan llamadas porque estás en el lugar. Nos gusta decir que no trabajamos en un proyecto, sino que las sociedades son procesos y construimos, acompañamos y formamos parte de la construcción de procesos sociales. Hay una serie de riesgos, pero creo que todos los riesgos merecen la pena porque no entendería una vida que no fuese de formar parte del lugar en el que estás, al que perteneces, y tejer redes de mayor justicia social.