90.000 millones (más) para la banca

Tres noticias se han publicado estos días en diferentes medios. Simplificando, su sustancia es esta: en plena pandemia se van a movilizar hasta 90.000 millones de dinero público para proteger las multimillonarias ganancias de los grandes bancos españoles.

Son hechos conocidos, pero no han generado escándalo alguno, y han sido convenientemente acallados. Hagamos los números, y planteemos la pregunta clave: ¿por qué esa enorme cantidad de dinero público se destina a defender los ultra privados beneficios de unos pocos, y no a hacer frente a la pandemia sanitaria, económica y social que afecta a la mayoría?

Primer hecho: los grandes bancos negocian una “comisión” de entre 3.000 y 4.000 millones por canalizar los fondos europeos.

La distribución de los 140.000 millones que corresponden a España de los fondos europeos de recuperación “Next Generation EU” se realizará a través de los grandes bancos privados. Ellos tendrán el control operativo de su gestión, una enorme palanca de poder, al servicio de que estos fondos acaben en aquellos proyectos que interesan a los grandes centros nacionales e internacionales.

Pero además, quieren hacer negocio de ello. España es el país más bancarizado de Europa. Todo debe pasar por los bancos, y estos se cobran una “comisión” por cada operación, impuesta por su control monopolista sobre las operaciones financieras. La de su gestión de los fondos europeos puede llegar hasta los 4.000 millones, más de la mitad de las ayudas públicas concedidas a todas las pymes y autónomos.

Segundo hecho: Bruselas obliga a computar como deuda pública los 35.000 millones de posibles pérdidas de la Sareb.

La Sareb forma parte de la factura que seguimos pagando del “rescate” a la banca ejecutado en 2012. Se le traspasaron todos los activos tóxicos inmobiliarios en manos de la banca privada. El negocio fue redondo: los bancos privados se libraban de unos inmuebles cuya venta, a un precio rebajado por el estallido del crack inmobiliario, les hubiera provocado enormes pérdidas; y el Estado se hacía cargo de los costes. Se sobrevaloró el precio de los inmuebles, para ampliar la protección de los bancos, y se emitió deuda pública para garantizar los activos tóxicos adquiridos. Es decir, si había pérdidas, pagaba el Estado.

Tres hechos que esconden cada uno de ellos un atraco a las arcas públicas en beneficio de la gran banca

Ahora esa factura se ha cuantificado. La UE ha obligado a contar como deuda pública los 35.000 millones de deuda que todavía acumula la Sareb, y que descansan sobre inmuebles cuya venta va a provocar pérdidas que pueden ascender a 20.000 millones de euros.

Esos inmuebles propiedad de la Sareb no se destinan, mayoritariamente, a vivienda social. Se guardan para que su venta no afecte a los beneficios de la banca.

Los bancos exprimieron el boom inmobiliario, y cuando estalló se encargaron de pasarnos a todos las cuentas, que seguimos pagando.

Tercer hecho: el control de la banca de la gestión de los créditos ICO les ha permitido traspasar al Estado hasta 50.000 millones de créditos dudosos.

Las líneas de crédito avaladas por el ICO, que formaban parte del “colchón social” frente a los efectos de la pandemia, fueron canalizadas en exclusiva por los grandes bancos. Y transformaron una medida justa en un negocio privado.

Imponiendo que una buena parte de estos créditos fueran empleados, no en lo que cada empresa necesitaba, sino en refinanciar los préstamos que tenían con los bancos. De esta forma, los posibles impagos serían asumidos por el Estado, y no por los bancos. Gracias a ese mecanismo, la banca ha disminuido su exposición a créditos dudosos en 50.000 millones, cuyas posibles pérdidas deberá asumir el Estado.

Tres hechos, conocidos, que esconden cada uno de ellos un atraco a las arcas públicas en beneficio de la gran banca.