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La perdida de más de 750 hectáreas durante 50 horas de incendio en uno de los más valiosos parques naturales pone en evidencia una doble y criminal realidad. Por una parte la de los intereses del máximo beneficio sobre nuestro patrimonio, y por otra la de las consecuencias de los recortes.
Más de 20 millones de euros ha recortado la Xunta en materia de prevención y extinción de incendios. Como otras comunidades – Castilla La Mancha ha reducido en 400 sus efectivos y Cataluña en 20 millones su presupuesto – Galicia ha aplicado un recorte que está actuando ya de bomba incendiaria.
A esto hay que unir las denuncias por parte de los grupos ecologistas de la sospechosa actuación de la Xunta. Desde hace más de un año grupos ecologistas vienen denunciando el proyecto minero de Picobello Andalucita S.L., una empresa coruñesa constituida en el año 2000 con financiación sudafricana y británica. Su objetivo sería el de extraer 26 millones de toneladas de andalucita en los próximos 50 años. Éste es un mineral resistente a altas temperaturas que se utiliza, entre otras cosas, en la construcción de hornos industriales para la química, siderúrgica o metalúrgica.
La política de la Xunta permite todo tipo de explotaciones en los alrededores de los bosques y parques naturales sin las más mínimas medidas de seguridad. Política que no solo es un delito medioambiental, sino también, conocido el proyecto, una muestra más de una línea basada en la venta de nuestro patrimonio al capital extranjero y el abandono de cualquier vía de desarrollo independiente.
Esto sumado a los recortes supone una auténtica bomba incendiaria y una política criminal que juega, también, con la vida de los profesionales del cuerpo de bomberos.
A principios de marzo miembro de la plataforma para la defensa de las Fragas do Eume presentaron un decálogo que exigencias en el Parlamento Gallego.
Plataforma para la Defensa de las Fragas do EumeLa plataforma para la protección de los bosques de las Fragas do Eume requiere la aplicación de las siguientes medidas por parte de la Junta:1.- La exhaustiva investigación de las causas que llevaron al incendio, las actuaciones llevadas a cabo y la falta de prevención para depurar responsabilidades políticas.2.- La adopción de medidas inmediatas y acciones que conduzcan a la minimización y mitigación de los posibles efectos del fuego en el ecosistema del Parque Natural (montaña, río y estuario).a).- Evaluación de los impactos ambientales y económicos causados, por el fuego y la erosión subsiguiente.b) Iniciar el proceso de regeneración de la zona afectada.3.- La adopción de políticas y medidas administrativas para que nadie se beneficia directamente o las consecuencias indirectas del incendio.4.- El aumento de los recursos humanos y materiales (beneficiando tanto como sea posible a los propietarios y los vecinos del parque) para la prevención y extinción de incendios en los bosques del Eume. Recuperación de la vigilancia posterior en el Parque.5.- La preparación de un plan inmediato y urgente de Administración Usos y Gestión del Parque, como de uno forestal con a dotación económica correspondiente, de acuerdo con propietarios, organizaciones ambientalistas y otros grupos.6.- La realización de las medidas necesarias para poner fin al conflicto entre los propietarios y la Junta desde la creación del parque.7.- Garantizar en todo momento el flujo de los sistemas ecológicos del río Eume y sus afluentes.8. Dotaciones económicas específicas de los fondos de a Xunta para la protección y el mejoramiento de las áreas protegidas del Parque Natural de las Fragas do Eume.9.- Retirada de la Ley Forestal en procedimiento parlamentario por centrarse en la diversificación de los usos del bosque y no en la entrega del mismo a los monopolios, la promoción de la madera y el monocultivo (en su mayoría de eucalipto).10.- Modificación de la política del fuego más centrada en la prevención y menos en la extinción.