¡No al endurecimiento del Código Penal!

La dimensión del ataque a las libertades del nuevo Código Penal de Rajoy es equiparable al sablazo económico a la población y su correspondiente contestación en la calle. No se recuerda tamaño retroceso desde la Ley Corcuera, la de «la patada en la puerta», del gobierno de Felipe González; aunque su filosofí­a encaja más con «la guerra preventiva» de Bush: el delito empieza por las conductas incí­vicas.

Nunca está de más recordar que el vandalismo organizado en las movilizaciones ciudadanas suele ser obra de elementos ajenos; que la “kale-borroka” pro-etarra nunca ha sido propio de ningún método popular de lucha sino de oscuros intereses. Baste recordar las denuncias del sindicato de la Ertzantza contra los protocolos y las indicaciones del gobierno de Ibarretxe que facilitaban la huida de los pro-etarras; o que el 15-M desenmascaró a policías infiltrados sospechosos de promover la violencia en sus manifestaciones. «Ya comienzan a utilizar el recorte de libertades contra las movilizaciones populares»Dicho esto, todos los demócratas debemos oponernos a la reforma del Código Penal. Es un retroceso histórico que difumina la línea roja entre la resistencia, la desobediencia y el delito de atentado a la autoridad, creando una sombra de miedo sobre la participación en las movilizaciones claramente dirigida a romper la columna vertebral del movimiento obrero y ciudadano y paralizar a los sectores más vulnerables como pensionistas o madres y padres. Convierten el convocar y participar en una huelga o una movilización en un auténtico “deporte de riesgo”.Entre los aspectos más destacables, la reforma amenaza con considerar atentado a la autoridad la resistencia pacífica como son las sentadas que realizan muchas organizaciones como el 15-M. Amenaza con hacer responsables a las organizaciones convocantes de los disturbios que se produzcan, pudiendo aplicar multas, penas de cárcel de dos años o la disolución de las mismas. La reforma se esgrime ya contra la posibilidad de que el 15-M acampe en la Puerta del Sol para celebrar su primer aniversario y la utilizan contra los miembros de “yo no pago” que paralizaron trece convoyes del metro de Madrid para protestar contra la subida de tarifas, a los que se pide cinco años de cárcel.