Cargando...Tras negar rotundamente en el Senado «que la policía haga redadas indiscriminadas porque son ilegales», Alfredo Pérez Rubalcaba, ministro del Interior se vio obligado a admitir que se ha dictado cupos obligatorios de detención de sin papeles en las comisarías españolas. Rubalcaba reconoció que «puede haber habido malentendidos en torno a la aplicación de la Ley de Extranjería (…) habrá que explicarlo bien para que no se produzcan». No, señor ministro. No se trata de ningún malentendido. Las redadas masivas -incluso en colegios y paradas de metro- para detener a un número fijo mensual de inmigrantes eran una política oficial dictada por las más altas instancias del ministerio del Interior. Con el objetivo de sembrar el miedo indiscriminado entre todos los inmigrantes, incrementando así -en un momento de crisis donde todos prevén «explosiones de descontento social»- el control social sobre una importante sector de los trabajadores.
Así lo han denunciado al unísono sindicatos oliciales y asociaciones de inmigrantes. Los principales sindicatos policiales -SUP, CEP, UFP y SPP- ya dirigieron el pasado mes de enero un escrito al Defensor del Pueblo, en el que denunciaban la práctica de identificaciones masivas e indiscriminadas en la vía pública o en locales de ocio, que "se desarrollan siempre en cumplimiento de órdenes superiores".Todos los sindicatos policiales coinciden en señalar al ministerio que encabeza Alfredo Pérez Rubalcaba como el principal origen de las polémicas instrucciones de la policía para detener a inmigrantes. Para la CEP, el Gobierno ha protagonizado "un cambio radical desde aquel famoso ‘papeles par todos’ de 2005 hasta el establecimiento de la actual política de dureza". Según ha denunciado la UFP, "se está presionando a los agentes para que se haga un cupo determinado de extranjeros", destacando que "incluso se dan días libres por hacer este cupo".Las denuncias de las asociaciones de inmigrantes y de defensa de los derechos humanos conforman ya un aluvión de indignación. La Asociación de Trabajadores e Inmigrantes Marroquíes en España (ATIME) ha expresado su repulsa por las detenciones arbitrarias y ha pedido que el Ministerio de Interior dé explicaciones y depure responsabilidades por estas "actuaciones intolerables en un Estado de Derecho como es el español". Movimiento contra la Intolerancia ha expresado que “la democracia no puede dar carta de legalidad a la cacería de sin papeles”. Y Amnistía Internacional denuncia que “este tipo de prácticas establece una relación directa entre personas de determinadas nacionalidades y la inseguridad o la delincuencia en España, lo que puede llevar a reforzar actitudes xenófobas”.Pero ya sabemos, desde que el Ku Klux Klan aterrorizaba a los obreros negros, que las políticas xenófobas cumplen siempre un papel de control social. En un momento donde la extensión de las consecuencias de la crisis, y la indignación creciente ante los multimillonarios planes de rescate a la banca, va a provocar inevitablemente explosiones de violencia social, están ya incrementando, por la vía del temor y la represión, el control sobre los inmigrantes, una parte cada vez más significativa del pueblo trabajador español.