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Si robas millones de euros puedes llegar a convertirte en un héroe, en un personaje por el que las cadenas se disputan a golpe de talonario tu presencia en televisión. Si robas un bolso eres un delincuente cuyo único destino es pudrirte en la cárcel durante 3, 4 o 5 años. La corrupción desangra las cuentas públicas del país, pero el tratamiento penal a los corruptos es prácticamente de guante de seda. ¿Por qué?
En la década de los 90, Roldán robó miles de millones. Desde hace más de 5 años está en semi-libertad, aseándose por los platós y sin haber devuelto un duro. Mario Conde se enriqueció personalmente hundiendo al segundo banco del país. Hoy concede entrevistas sobre cómo resolver la crisis. Julián Muñoz, quien desde su puesto en la alcaldía de Marbella propició uno de los mayores casos de estafa y robo que se recuerdan, es hoy tratado por muchos medios como un personaje popular del que interesa conocer todo sobre sus desventuras y amoríos. Los Albertos, segundos máximos accionistas de la mayor constructora del país, fueron condenados por estafa a sus socios en la multimillonaria venta de unos terrenos. Al final del proceso, el delito había prescrito y no llegaron ni a pisar la cárcel. Si hiciéramos un listado con todos los casos de corrupción descubiertos en nuestro país en la última década, nos asombraríamos, al verlos todos juntos, de la cantidad de miles y miles de millones de euros de saqueo de las arcas públicas que han supuesto. Y nos asombraríamos todavía más al comprobar como la inmensa mayoría de los acusados están ya en la calle o nunca dejaron de estarlo. Si a esto pudiéramos sumarle los muchos más que sin duda existen pero no han sido descubiertos las cifras alcanzarían sumas de escándalo. Y no estamos hablando, además, de un tipo de delito cualquiera, en los que por lo general resultan perjudicados personas o patrimonios individuales. Sino de un tipo de delito que afecta a la colectividad, al dinero de todos, al patrimonio público, al robo de horas de vida y de trabajo de todos nosotros. Y cuyas consecuencias se miden también en horas de vida de todos nosotros. ¿Cuántos centros de salud, cuántos hospitales, cuántas infraestructuras de seguridad vial, cuánta asistencia social a mayores y discapacitados no habrán desparecido engullidas por las tramas de corrupción organizadas en el seno de los distintos poderes del Estado? La corrupción es uno de los peores cánceres que corroen la vida pública española. Su metástasis está extendida por toda la administración del Estado, desde los ministerios centrales hasta las concejalías del pueblo más diminuto, pasando por las consejerías autonómicas. Y sin embargo, el tratamiento legal que se le aplica es el equivalente a unas pocas aspirinas. Ha llegado el momento de cambiar de raíz tanto el diagnóstico como el tratamiento. No existe corrupción sin una trama organizada de corruptos. Sin la existencia de una asociación de malhechores que se organizan con el propósito definido de delinquir no sería posible la comisión del delito de corrupción. No es una acto aislado, no nos enfrentamos a la acción individual de pequeños grupos de delincuentes, sino ante una nueva ramificación, una nueva forma que ha adquirido el crimen organizado. El modus operandi es en todas partes idéntico. No importa si hablamos de un pequeño pueblo de 5.000 habitantes o de una gran ciudad. Da lo mismo si se trata de millones de euros o de miles de millones. Estructuralmente reviste las mismas características allí donde actúa: una jerarquía perfectamente establecida, una distribución de funciones claramente delimitada, una vocación de continuidad en el tiempo, un sistema de funcionamiento de tipo empresarial que, como tal, posee medios, especialización, coordinación y seguridad dirigida hacia un único móvil: obtener múltiples beneficios económicos a través de su actividad delictiva. En contraposición con la delincuencia tradicional, habitual u ocasional, las tramas de corrupción, como cualquier otra trama del crimen organizado, son una "empresa" jerarquizada cuyo móvil delictivo es económico, pero no sólo para el que ejerce el mayor cargo en la organización. Cada escalón tiene en común respecto a los superiores e inferiores, el mismo móvil criminal de apoderarse de una parte del dinero público, en distintas proporciones. El mismo Código Penal (y además en el capítulo consagrado nada más y nada menos que a los delitos relativos al ejercicio de los derechos fundamentales y las libertades públicas) es explícito al tratar del crimen organizado: "Son punibles las asociaciones ilícitas, teniendo tal consideración las que tengan por objeto cometer algún delito o, después de constituidas, promuevan su comisión, así como las que tengan por objeto cometer o promover la comisión de faltas de forma organizada, coordinada y reiterada". De acuerdo con esta definición, ya existe en nuestro país una más que suficiente base legal para dar a la corrupción en el seno del Estado el tratamiento propio que se le da al crimen organizado (bandas mafiosas, cárteles del narcotráfico, lavado y blanqueo de dinero ilegal,…) En sucesivas sentencias, el Tribunal Supremo ha ido concretando y especificando en que consisten estas “asociaciones ilícitas” definiendo el concepto organización, y puntualizando que "debe incluir cualquier red estructurada que agrupe a una pluralidad de personas con una jerarquización y reparto de tareas o funciones entre ellas y que posea una vocación de permanencia en el tiempo. Para su apreciación debe existir una jerarquía, con reparto de papeles o funciones, estable o permanente, que disponga de medios adecuados". Para la justicia de nuestro país hay que considerar que existe crimen organizado si se dan los requisitos siguientes: 1.- Que el grupo lo formen más de tres personas 2.- Que el delito que cometan sea grave. 3.- Que actúen durante un tiempo prolongado 4.- Que obtengan beneficios, poder o influencia de su actividad delictiva ¿No entran sobradamente en esta categoría, no cumplen uno por uno todos estos requisitos todas y cada una de las tramas de corrupción que se han descubierto en España en los últimos años? ¿Por qué no se les aplica entonces el mismo tratamiento que a las bandas mafiosas, a los cárteles del narcotráfico, a las traficantes de inmigrantes, a las mafias de la prostitución,…? Hacerlo, como veremos mañana, tendría múltiples consecuencias –y todas beneficiosas– para la salud democrática, económica, social e incluso ética del país.