Inocencia Galpasoro, alcaldesa de Mondragón, no condena a ETA

No a la impunidad, no pasar ni una

Ante la moción presentada en la Junta de Portavoces del Ayuntamiento y que fue aprobada ayer, con los votos del PSE, el PNV y el PP, condenando el atentado de ETA en el que murió el inspector de policí­a Eduardo Puelles, los siete ediles que gobiernan el municipio, incluyendo a la alcaldesa Inocencia Galpasoro, «no adscritos» tras la ilegalización de ANV, votaron en contra. Se condenaba el asesinato del inspector de policí­a asesinado en Arrigorriaga y el ataque contra el coche de un trabajador de nacionalidad búlgara de las obras del Tren de Alta Velocidad en el municipio. No puede seguir existiendo la impunidad ni un dí­a más. Se acabó. No hay que pasar ni una.

Asociaciones cívicas como el Foro Ermua han vuelto a edir que se llegue un acuerdo entre los partidos políticos democráticos para que ANV no siga gobernando ayuntamientos, al menos donde lo hace en minoría, como en Mondragón. La diputada y portavoz de Unión Progreso y Democracia (UPyD), Rosa Díez, exigió ayer al Gobierno vasco la disolución de los ayuntamientos gobernados por la ilegalizada ANV, ya que “es el momento para que algunos se retraten en su compromiso político y utilicen todos los instrumentos de derecho en la lucha contra el terrorismo”. Rosa Díez insistió, en un comunicado, que “nuestro deber, el de los políticos ahora, es garantizar la seguridad de los ciudadanos y de quienes combaten a ETA” y evitar que los “acólitos” de la banda terrorista gobiernen en ayuntamientos del País Vasco. Consecuentemente, el parlamentario vasco de UPyD, Gorka Maneiro, pedirá en el Parlamento Vasco, durante su próximo pleno, que se solicite al Gobierno de la nación la disolución de los ayuntamientos gobernados en el País Vasco por ANV de acuerdo con el artículo 61.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local. Aplicando esa norma, se puede proceder a la inmediata disolución de aquellos ayuntamientos que son “cómplices o acólitos de los terroristas”, porque “no cabe ninguna duda de que en el País Vasco existen ayuntamientos que jamás han condenado ni los asesinatos, ni las amenazas, ni los chantajes de la banda terrorista ETA, mientras se dedican a jalearla con homenajes, le dan oxígeno con ayudas económicas a los presos y humillan a las víctimas con sus actos”. Por ello, para poder avanzar en la regeneración democrática es imprescindible, junto con el desmantelamiento del régimen étnico, llevar adelante el proceso de disolución de esos ayuntamientos para que pasen a estar gobernados por las fuerzas políticas democráticas que respetan el Estado de Derecho y las libertades de todos los ciudadanos.

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