Cargando...En España no hay más de 900 adopciones nacionales al año. Pero son más de 14.000 los niños que viven tutelados por el Estado en Centros de Acogida o en familias. Según la Ley de Protección del Menor los chavales deben estar en familias, aunque también dice que la Administración, siempre que no sea posible la primera alternativa, puede optar por una residencia. La excepción es lo único que ocurre.
Esaña está a la cabeza del rankin de adopciones internacionales: 23.000 en los últimos cuatro años, y a falta de cerrar los datos del 2008. Hace dos años existían en España unos 33.000 jóvenes tutelados, de los cuales 14.000 estaban en residencias y 19.000 en hogares familiares. Pero cada año de cada cuatro son tres los que van a parar a residencias.La mayoría de países europeos está dotado de un sistema en el que la proporción es a la inversa; la red de acogida se basa, en lo fundamental, en familias. El primer escollo que marca la abrupta diferencia es como se distribuyen los recursos.Ya hemos abordado alguno de los puntos calientes, en otros artículos en esta misma sección, que son la médula de la red de centros de acogida españoles, puestos en evidencia y objetivo de denuncia del informe presentado por el Defensor del Pueblo; una red de beneficios al servicio de fundaciones privadas participadas por capital de diversas Cajas de Ahorro. Un lucrativo negocio para las castas burocráticas locales que se sirven del entramado autonómico y su fuente de subvenciones para engrosar sus cuentas – o para otro tipo de “fluidos monetarios” -.Sin embargo las estadística en la mayoría de estudios apuntan a la falta de familias que quieran acoger a este tipo de jóvenes; el 80% de los acogimientos familiares se dan en el entorno cercano de la familia del menor. Además tres de cada cuatro menores que pasan de una familia a un Centro de Acogida es porque “la familia acogedora así lo quiere”.No es complicado suponer que con chavales que vienen de condiciones ya de por sí difíciles de vida, el hecho de que no se reciba ni ayuda, ni orientación, ni sobre todo financiación es la base del problema. Después la justicia “trajina” con los niños sin ninguna garantía. El problema no es si los padres biológicos o los adoptivos/de acogida tienen prioridad, sino los criterios que mueven la resolución. Con una extensa red de familias de acogida y adopción- categorizados en tres niveles: permanente, temporal y urgencia – y con un sistema de formación, ayuda y financiación, la relación sería otra. Las disputas por un niño están sometidas al filtro que se aplica; puede sacarse lo mejor o lo peor de cada uno.Ahora el Senado va a reformar la Ley. Lo prioritario es el niño, la responsabilidad de la Administración.