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El gobierno español es, dentro de la UE, el que más ha defendido al pueblo palestino y más se ha enfrentado al genocidio perpetrado por Netanyahu, con la imprescindible colaboración de EEUU.
Lo ha probado con hechos, no solo con palabras. El gobierno de coalición progresista ha reconocido al Estado palestino, se ha sumado a la causa abierta por Sudáfrica ante el Tribunal Penal Internacional contra Netanyahu y los líderes de Hamás por crímenes contra la humanidad. Ha denunciado claramente el genocidio ejecutado por el Estado israelí y los planes de Trump por transformar una Gaza destruida y deshabitada en un resort.
Desde aquí, es absolutamente inaceptable que el Ministerio del Interior acordara la compra de 15,3 millones de balas, por valor de 6 millones de euros, al fabricante militar israelí IMI Systems. Un conglomerado militar que proporciona al ejército israelí parte de las armas con las que está masacrando a la población en Gaza.
La rectificación del gobierno, cancelando el pedido, era imprescindible. Pero no es suficiente.
Desde el inicio de la agresión israelí en Gaza desde España se han formalizado 46 contratos por más de 1.000 millones con la industria militar israelí. Los han aprobado ministerios como Defensa, Interior y Transportes, pero también varios ayuntamientos.
Deben cancelarse inmediatamente. Muchos de ellos no se han formalizado, pero están en proceso. No se deben firmar. Y en los que se haya concluido el proceso hay que emplear la fórmula necesaria para dar marcha atrás, como se ha hecho en la reciente compra de balas.
Ni un euro de dinero público español debe ir a la industria militar israelí. Es una exigencia unánime de la sociedad española. Y este gobierno, que ha mantenido una posición de defensa de Palestina que se ha ganado un apoyo mayoritario, debe llevarla a término. No hay otra posición decente.