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El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Juan José Güemes, ha calificado «inaceptables» las protestan contra el área única sanitaria, al tiempo que sostiene que «los sindicatos y la izquierda política se manifiestan no por la defensa de la Sanidad pública, no por la defensa de los pacientes o de los profesionales, sino simplemente por defender sus privilegios sindicales».
La Comunidad de Madrid, junto a la valenciana, es la ionera en la privatización de la sanidad.En la Comunidad de Madrid hay, según el Consejero madrileño, 1,4 millones de horas de liberación sindical sólo en la Sanidad pública que, explicó, "equivalen a casi a mil personas a tiempo completo que perciben su sueldo íntegro pero no tienen que cumplir con una jornada laboral y que cuestan 30 millones de euros a los contribuyentes, lo que significa que cada madrileño paga 5 euros cada año para mantener a un liberado sindical en la Sanidad pública". Y eso también es verdad.No se puede combatir la crisis privatizando la sanidad para disminuir costes, porque es inaceptable poner la obtención de beneficios económicos en el puesto de mando de la sanidad.Que hay que adaptarse a la crisis para que la sanidad elimine el despilfarro y los gastos innecesarios salta a la vista. Hay que empezar cuestionando los sueldos de los altos cargos, asesores y directivos y, como no, cuestionando las horas sindicales. Claro que sí.Claro que es una aberración que haya liberados sindicales "en un momento en el que muchas personas han perdido su empleo y que querrían cobrar, pero trabajando". En tanto los sindicatos no den ejemplo en cuanto a recortar los gastos innecesarios y en ahorrar para invertir en empleo productivo, las palabras de Güemes rentabilizarán en pos de la privatización de la sanidad una realidad subsanable. Es más, mientras se habla de los liberados no se habla de los sueldos de los altos cargos.Puede parecer que la relación de 1000 liberados en una plantilla de 84.000 trabajadores en la sanida pública madrileña no es tanto. Pero no es eso. Es el mismo hecho de que existan liberados en los sindicatos lo que, en tiempo de crisis, aleja a éstos de las necesidades e intereses de los trabajadores y el país. Porque para la mayoría está claro que Madrid es pionera en la privatización de la sanidad y en maquillar las listas de espera, por mucho que el gobierno de Esperanza Aguirre pretenda sacar pecho de haber construido con dinero público 8 nuevos hospitales y 56 centros de salud, de haber reordenado todos los servicios, modificado las urgencias y los sistemas de atención de lista de espera quirúrgica y de haber reducido los tiempos de respuesta asistencial, entre otras cosas.Con denunciar la privatización no es suficiente, hay que tomar medidas que contribuyan a que la sanidad garantice la elevación del nivel de salud de la población en tiempos de crisis. No valen las recetas de que el estado siga metiendo más y más dinero sin más en nombre de lo importante que es la sanidad pública. Por otro lado, UGT, CCOO, la Asociación en Defensa de la Sanidad Pública de Madrid y la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid han emitido un comunicado en el que manifiestan que el Anteproyecto de Ley sobre libre elección y área sanitaria única constituye un “proyecto de reforma sanitaria que supone un grave deterioro al sistema sanitario público, a costa de aumentar la desorganización del mismo, pudiéndose producir, entre otros efectos, una indeseable selección adversa de pacientes si no se desarrollan las medidas de control y organización necesarias…una mala organización y planificación derivadas de la propopuesta de implantación del área única puede tener repercusiones muy negativas en los derechos sanitarios de la ciudadanía , con efectos tanto en la planificación hospitalaria como especialmente en la Atención Primaria…Al fomentar la elección de profesionales sanitarios se favorecerá la acumulación de tarjetas sanitarias en determinados médicos y centros en detrimento de los restantes…los más elegidos tendrán más presión asistencial, en detrimento de la calidad de la asistencia y en los demás faltarán recursos y profesionales…es necesario advertir a la ciudadanía que la libre elección será, en todo caso, un derecho limitado como consecuencia del establecimiento de cupos de atención y d la aplicación de criterios de discrecionalidad en la especializada……el objetivo confesado por la presidente Esperanza Aguirre de incorporar elementos de competitividad basados en incentivos económicos, incorporando al modelo sanitario público una lógica perversa siguiendo el principio de que el dinero sigue al paciente, supondría una pérdida de calidad y cohesión para la mayor parte del sistema sanitario”.