Ley de muerte digna

Morir dignamente… y por obligación

Bajo la misma bandera de la muerte digna se aprobaron en noviembre de 2008, en dos paí­ses vecinos, Méjico y EEUU, dos iniciativas aparentemente dispares. Por un lado, el senado mejicano aprobó, con 84 votos y una abstención, reformas a la Ley General de Salud en materia de cuidados paliativos con un contenido casi idéntico a la ley recientemente aprobada por el Parlamento de Andalucí­a. Por aquellas mismas fechas, el estado de Washington (EEUU) aprobó que los pacientes terminales con menos de seis meses de vida pudieran pedirles a sus médicos que les receten medicamentos letales según la nueva ley de «muerte con dignidad». Era el segundo estado, después de Oregón, en aprobar una medida así­. Desde 2006, y por sentencia de la Corte Suprema de EEUU, son los estados los que regulan el ejercicio médico, incluida la eutanasia asistida. Legislar la muerte digna es abrir una puerta al eutasesinato (matar bajo la bandera de morir bien). Todo el problema está en cuánto tiempo se tarda en llegar a él.

Por aquel entonces, en setiembre de 2008, el primer anteproyecto de la Ley de Derechos y Garantías de la Dignidad de las Personas en el Proceso de la Muerte, elaborado por la Junta de Andalucía, levantó las protestas de la Organización Médica Colegial (OMC), que se opuso afirmando que la muerte digna está ya suficientemente regulada en la normativa estatal, que el ensañamiento terapéutico está ya tipificado como mala praxis y prohibido por el Código de Ética Médica, y que lo que hacen falta es ampliar la oferta de cuidados paliativos. En definitiva, la ley inducía a confusión y revelaba “desconocimiento de la realidad asistencial”. Los argumentos eran exactamente los mismos que la ley mexicana. Reconoce al paciente el derecho a declarar su voluntad vital anticipada, a recibir información clínica sobre su diagnóstico y tratamiento para tomar decisiones, a rechazar terapias o intervenciones que considere ya inútiles, a recibir tratamiento del dolor y cuidados paliativos. A los médicos les impone evitar cualquier ensañamiento terapéutico y a respetar “los valores, creencias y preferencias”del enfermo. Y, eso sí, tiene como "inspiración" casos como el de las sedaciones del Hospital Severo Ochoa de Leganés (Madrid) o el de la enferma granadina Inmaculada Echevarría, quien pidió ser desconectada del respirador artificial. Pero los casos extremos no generan leyes socialmente justas, sino que suelen ser presentados y utilizados para lo contrario. Aunque es verdad que a veces se habla de la sedación farmacológica de forma errónea, como si fuera un método para abreviar intencionadamente la vida del enfermo, tiende a ocultarse la práctica contraria.Se he enfatizado mucho el punto del texto andaluz que habla del derecho a recibir sedación paliativa: “El paciente en situación terminal o de agonía, tiene derecho a recibir sedación paliativa, cuando lo precise”. Dicen que se basa en el polémico caso de las sedaciones del hospital Severo Ochoa de Leganés. A pesar de que el Docto Montes fuera absuelto por falta de certeza absoluta entre las sedaciones y las muertes, un informe pericial encargado al Colegio de Médicos por el Juzgado de Instrucción estableció treinta y cuatro casos de mala praxis. También los expertos en cuidados paliativos dijeron que la praxis del Severo Ochoa era ajena a este tipo de cuidados, que no se prestan en los servicios de Urgencias. El desmantelamiento progresista del estado del bienestar.Los mismos que levantaron los estados del bienestar proponen hoy su desmantelamiento ordenado y “progresista”. Los que levantaron las muros de protección social frente el peligro de la revolución y la influencia soviética en Europa, hoy pretenden acelerar, por efectos de la crisis, el desmantelamiento de los gastos en sus partes más vulnerables. En Dinamarca se levantó una polémica cuando en el año 2000 el estado anunció que los enfermos terminales no recibirían atención para ahorrar gastos. En España no pueden decirlo así de abiertamente. Se debe hacer una campaña de desvalorización social (una vida que no vale la pena vivir) del sector más vulnerable, se debe difundir casos extremos que sirvan de enganche, se debe levantar la bandera de la libertad individual a decidir cómo morir y la obligación del estado (en la figura del médico) a atender a esa libertad, criminalizando al que se niegue a ejecutar el acortamiento compasivo del sufrimiento y de una vida sin sentido (“enseñamiento terapéutico”).Es una campaña orquestada y planificada, en España e internacionalmente. Un tam tam que viene golpeando las sociedades nuestras en las últimas dos décadas. La crisis no hace más que acelerar el desmantelamiento de los estados del bienestar que se inició tras la caída del Muro de Berlín. El tam tam que pretende inocular a la sociedad las soluciones de los gestores del capital monopolista ante la creciente necesidad de acumulación y concentración de éste que choca de forma antagónica con las necesidades de una población más longeva y sometida a enfermedades crónicas a las que hay que dedicar mayor atención. Mientras la sociedad considera progresista la desaparición de la pena de muerte se pretende que considere progresista la despenalización de la eutanasia, por mucho que quiera revestirla de "suicidio asistido" y acto de piedad hacia el enfermo.La “ley de muerte digna” es un paso. En España hay 400 unidades de cuidados paliativos para 200.000 enfermos terminales Una cosa es que el estado ponga a disposición de los médicos, los enfermos, las familias, los medios necesarios para paliar el sufrimiento de forma eficaz, otra es que legisle las buenas formas de morir. Bajo la bandera de la muerte digna, de la cual la Organización Médica Colegial ya ha dicho que no hace falta legislar algo que ya ocurre en la práctica, nos están deslizando por la senda de Dinamarca. En lugar de potenciar los servicios de Cuidados Intensivos y Paliativos, de fortalecer la atención domiciliaria para quien la quiera, en lugar de formar a los médicos para que sepan acompañar a sus enfermos terminales jugando un papel de puntal, de confianza… se están poniendo piedras para un camino que conduce a Holanda, donde la gente no quiere ir al hospital porque teme no salir vivo de él.No está legislando un clamor popular. Están tratando de crear un clima de opinión favorable a recortar los gastos en los sectores improductivos. Hay que aferrarse a la vida. Y más, en tiempos revueltos.

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