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No hay peor ciego que el que no quiere ver. Los medios de comunicación afines al PSOE crearon la pasada semana un clima de opinión avasallador sobre el gran triunfo que Zapatero había cosechado frente a Rajoy en el debate sobre el estado de la nación. La razón que todos adujeron: la batería de medidas concretas e innovadoras para paliar los efectos de la crisis que el presidente del gobierno presentó. Apenas 7 días después, El País, en su editorial de hoy se ve obligado a reconocer que aquellas no fueron sino medidas improvisadas de imposible aplicación práctica. Como nosotros ya anunciamos en el mismo momento de ser dichas, puro humo.
Una de las medidas estrella fue el anuncio de una ayuda de 2.000 euros ara la compra de automóviles. Una semana después, ni los compradores, ni las concesionarias, ni los Gobiernos autónomos (ni siquiera el propio Gobierno de Zapatero, lo que ya es el colmo del despropósito) saben a ciencia cierta quién pondrá esos 2.000 euros, sobre qué marcas y modelos se aplicarán ni en qué plazo se abonará. Lo más parecido a una chapuza. Lo mismo ocurre, a juicio de El País, con el resto de medidas anunciadas, que no tienen “definido con precisión su itinerario de concreción y aplicación”, ni siquiera tienen asignado quién, cuándo y cómo correrá con los gastos que implican. Para concluir, el editorial de El País viene a llegar a las mismas conclusiones que ya adelantamos al finalizar el debate sobre el estado de la nación: “El momento no aconseja ni excesos retóricos ni grandes representaciones”. Es decir, aunque dicho de una manera más suave y diplomática, la actuación de Zapatero en el debate fue un amplio catálogo de mentiras y engaños. La mejor forma de seguir incrementando la “erosión de la confianza de los ciudadanos”. En Estrella Digital, F. González Urbaneja escribe a propósito de la inminente reconversión bancaria. Centrando su atención en las cajas de ahorro, el eslabón débil del sistema financiero. Y pone el dedo en la llega al situar el control de las castas burocráticas regionales como una de las grandes causas de sus males. La alternativa, para González Urbaneja, parece estar clara, quitarle a esas castas regionales el poder del que hoy disfrutan sobre la mitad del sistema financiero español. Existen muchas razones para ello, pero el argumento que usa en esta ocasión es tan sencillo como contundente: “los gobiernos autonómicos no son quienes responden cuando hay problemas. El principio es elemental: quien paga manda. ¿Pagan los gobiernos autonómicos cuando hay problemas?” Pues si no lo hacen, ni tienen la más mínima intención de hacerlo, entonces que dejen de mandar, que den “un paso atrás” y dejen “que la autoridad la ejerza quien pueda hacerla”, es decir, el gobierno central. Por último, en Público, J. Chinchón plantea una severa crítica a PSOE y PP por el contubernio que han montado entre ambos para vaciar de contenido las sentencias del Tribunal Constitucional que abrían la puerta a que la justicia española –en particular la Audiencia Nacional– pudiera partir y aplicar el principio de justicia universal contra crímenes especialmente odiosos contra la humanidad. Para el autor, mientras la Audiencia Nacional ha actuado contra dirigentes de países poco poderosos en el ámbito internacional (Chile, Guatemala, Argentina,…) no ha habido grandes problemas, pero en el momento en que la Audiencia Nacional ha elevado la categoría de sus investigaciones (contra Israel o contra EEUU), PSOE y PP se han puesto rápidamente de acuerdo para frenar e impedir el desarrollo de lo que ha sido unánimemente reconocido en todo el mundo como una de las mayores aportaciones de la justicia española al derecho internacional: la lucha contra la impunidad de genocidas y autores de crímenes contra la humanidad. Editorial. El País MEDIDAS IMPROVISADAS Una de las virtudes que con razón se le atribuyeron al debate sobre el estado de la nación (también en este periódico) fue el grado de concreción de las propuestas económicas del presidente del Gobierno. Tras un diagnóstico bastante acertado y un reconocimiento razonable de los errores de previsión, Rodríguez Zapatero anunció la rebaja paulatina de la desgravación fiscal por vivienda y la implantación de ayudas directas a la compra de automóviles para contrarrestar el brutal descenso de la demanda. Pero ambas propuestas perdieron fuerza en la tramitación parlamentaria, y en el caso de la medida estrella para reanimar el mercado automovilístico, se está desperdiciando por una gestión desafortunada con las comunidades autónomas. De forma que hoy los potenciales compradores, los concesionarios, los Gobiernos autónomos y el propio Gobierno central desconocen exactamente quién pondrá los 2.000 euros de subvención prometidos, y los modelos y plazos incluidos. El presidente propuso un cambio de "modelo productivo", que no significa cuestionar las relaciones de producción ni las instituciones básicas del sistema económico, sino conseguir un equilibrio mejor entre los factores del crecimiento económico, facilitando un mayor protagonismo de sectores intensivos en conocimiento y en trabajo cualificado. Un patrón económico más ordenado, en resumen. Es un propósito que identificó bien el programa electoral del PSOE en 2004, pero que ha sido olvidado en estos años. A ese propósito se dirigen algunas decisiones acertadas, como la supresión de la desgravación por compra de vivienda o la simplificación administrativa para la creación de empresas, incluida la extensión de las posibilidades de interlocución digital de los ciudadanos con el conjunto de las administraciones. La decepción ha venido luego, al saberse que gran parte de las medidas propuestas carecían de la mínima elaboración para aplicarse inmediatamente. A la improvisación del Ejecutivo se han añadido las dificultades para conseguir apoyos parlamentarios para alcanzar la aprobación de las decisiones. Las prisas por hacer anuncios, por buscar sólo el efecto de los enunciados, sin dotarlos de contenido, no es una buena forma de gobernar. Todo enunciado ha de tener definido con precisión su itinerario de concreción y aplicación. Y en mayor medida si ésta depende del concurso de otras administraciones y de sus presupuestos. El momento no aconseja ni excesos retóricos ni grandes representaciones. En mitad de una recesión, ciertas medidas en ámbitos como la fiscalidad, los estímulos de la demanda o la reforma del sistema bancario exigen amplios acuerdos. Y, desde luego, deben presentarse una vez bien estudiadas y con la viabilidad de su aplicación asegurada. Gobierno y PP necesitan fortalecer la seriedad de sus actuaciones y no contribuir más a la creciente erosión de la confianza de los ciudadanos. EL PAÍS. 23-5-2009 Opinión Estrella Digital EL SISTEMA FINANCIERO HACIA UNA “GRAN PARADA” F. González Urbaneja Los aviones precisan de revisiones periódicas exigentes y de lo que llaman "gran parada", que implica renovación total de equipo. De esta forma, los aparatos duran décadas y un costoso mantenimiento permite garantizar seguridad y eficacia. Algo semejante le ocurre al sistema financiero español, que está en puertas o quizá ya dentro de una "gran parada". De ser el mejor sistema financiero del mundo, el más solvente y eficiente, pasa ahora a la sala de pruebas y a una revisión a fondo. Las agencias de calificaciones advierten que van a proceder a revisar las notas e incluso a modificar los grados otorgados. La vicepresidenta de Economía reconoce ante la Comisión de Economía del Congreso que hay que reestructurar el sector. Y en el Banco de España mueven las piezas para la toma de decisiones que abra y cierre los problemas; que aporte soluciones al mismo tiempo que se reconocen las dificultades. El sistema bancario, que significa casi la mitad del sector, está razonablemente consolidado en torno a dos grandes bancos globales que suponen casi dos tercios del subsector. El otro tercio está dominado por cuatro bancos medianos, una docena de pequeños y varios bancos extranjeros con modesta implantación. Pocas novedades pueden producirse en ese ámbito con relevancia general. Pueden ganar más o menos, repartir más o menos dividendos y necesitar más o menos recursos propios, todo ello son problemas asumibles y asequibles. Otra cuestión es la que afecta a la otra mitad del sector, al casi medio centenar de cajas de ahorro que evidencian una solvencia deficiente y algunos problemas de modelo. Las cajas necesitan un proceso de consolidación en torno a media docena de entidades con capacidad, que deben asumir el control de la mitad de las existentes. El resto tendrá que ir consolidando posiciones con matrimonios sucesivos entre ellas. El problema fundamental es que quienes ejercen mayor control de las cajas, los gobiernos autonómicos, no son quienes responden cuando hay problemas. El principio es elemental: quien paga manda. ¿Pagan los gobiernos autonómicos cuando hay problemas? En el caso de Caja Castilla La Mancha han pagado el Banco de España y el Ministerio de Economía, de manera que ellos son los que deben mandar. Y la ecuación se aplica a todo lo demás. ¿Van a pagar los vidrios rotos los gobiernos de Andalucía, Galicia, Castilla y León, Valencia…, cuando sus cajas necesiten más recursos y algunos ajustes? Pues si no pagan no pueden aspirar a mandar, tendrán que dar un paso atrás y dejar que la autoridad la ejerza quien pueda hacerlo. La consolidación de cajas dentro de la propia comunidad aporta poco, puede ser un paso necesario pero no suficiente. Tendrán que ser cajas interregionales las que sostengan el sector. El sistema financiero está abocado a una reestructuración a fondo, como ocurrió a principios de los ochenta, aunque sea por otras razones. Entonces el sistema salió fuerte, ahora pude ocurrir otro tanto. O también puede salir mal si los protagonistas se empeñan en estropearlo. ESTRELLA DIGITAL. 22-5-2009 Opinión. Público GOLPE A LA JUSTICIA UNIVERSAL J. Chinchón Aunque mi oficio sea otro, propondría comenzar este artículo con aquellas cinco preguntas básicas del periodista. Empecemos por el “qué”, esto es, por concretar a qué nos referimos con el término jurisdicción universal: la persecución internacional que pretende imponer este principio se basa exclusivamente en las particulares características de los delitos sometidos a ella (genocidio, crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra, etc.), cuya lesividad trasciende la de las concretas víctimas y alcanza a la Comunidad Internacional en su conjunto. Consecuentemente, su persecución y sanción constituyen, no sólo un compromiso, sino también un interés compartido de todos los estados; cuya legitimidad no depende de ulteriores intereses particulares de cada uno de ellos. Aclararé que intencionadamente he recogido la definición no de radicales defensores de la jurisdicción universal, sino las palabras literales del Tribunal Constitucional. ¿Quién amenaza esta interpretación de nuestro Alto Tribunal? Inicialmente, el Partido Popular, pero tras él, muy significadamente, el Partido Socialista. ¿Cómo lo han hecho? Introduciendo una inopinada enmienda en el Proyecto de Ley de Reforma de la legislación procesal para la implantación de la Oficina Judicial, que pese a lo que se ha dicho, no limita el principio de jurisdicción universal, sino que lo dinamita. Y esto es así porque con lo que se pretende no estaríamos ya ante un principio ideado para la persecución de crímenes que, por sus características, afectan a toda la Comunidad Internacional, sino que se quiere establecer que nuestros tribunales sólo sean competentes frente a esos crímenes si se diera alguna de las siguientes condiciones. La primera, que el presunto responsable se encuentre España; esto es, como ya dijo el mismo Tribunal Constitucional, una restricción de hondo calado que resultaría contradictoria con el fundamento y los fines inherentes de la jurisdicción universal. Adicionalmente, que las víctimas sean españolas o concurra “algún vínculo de conexión relevante con España”; dicho en otros términos, por arte de magia se quiere sustituir el principio de jurisdicción universal por lo que se conocen como principio de personalidad pasiva y principio real o de protección. Sobre este particular, también el Tribunal Constitucional nos ha compartido que tal pretensión se muestra palmariamente contraria a la finalidad que inspira la institución, que resultaría alterada hasta hacer irreconocible el principio de jurisdicción universal. ¿Cuándo ha ocurrido todo esto? El 20 de mayo. ¿Dónde? Al socaire de las Resoluciones aprobadas tras el debate del estado de la nación; es decir, a la sombra de la discusión sobre las medidas para combatir la crisis económica. Ahora bien, ¿por qué lo han hecho? ¿Por qué se está intentando acabar con lo que muchos consideran una de las mayores aportaciones jurídicas de España al derecho internacional penal, a la lucha contra la impunidad, iniciada a partir del proceso abierto contra Pinochet? La respuesta temo que es más decepcionante aún que la propia propuesta de reforma. Para comprobarlo, echemos la vista atrás. La materialización del principio de jurisdicción universal, contenido en el, sin duda mejorable, artículo 23.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se inició en España en relación a gravísimos hechos cometidos en Chile, Argentina y Guatemala. En aquellos días, prácticamente nadie abogó por una reforma de esta disposición en el sentido que ahora se pretende; pese a las variopintas protestas de algunos representantes de aquellos estados. A estos procesos siguieron otros en que los acusados eran nacionales de Estados Unidos, China, Marruecos o Israel; actuaciones que tampoco fueron del gusto de algunas de sus autoridades. Pero fue a partir de aquí cuando el compromiso de las autoridades españolas con la lucha contra la impunidad de los presuntos responsables de los más graves crímenes parece que se fue diluyendo. Buen ejemplo de ello fue la promesa de comienzos de este año de nuestro ministro de Asuntos Exteriores a su homóloga israelí, ante las acciones judiciales iniciadas por la muerte de civiles en Gaza en 2002; esencia misma de la primacía de las “buenas relaciones bilaterales” (sic) por sobre la persecución de posibles criminales internacionales. Y es que, ya entonces, se barajó públicamente la pertinencia de realizar “ajustes” legislativos en cuanto a la jurisdicción universal. Ajustes que ahora se han tornado en eliminar de un plumazo este incómodo principio de nuestra legislación. Desde luego, no es la primera vez que observamos cómo las presiones de ciertos Estados doblegan la voluntad de otros en este ámbito. Esto ya ocurrió con la legislación belga y las amenazas de Estados Unidos allá por 2003, pero que estas miserias no sean excepcionales en las Relaciones Internacionales no debiera evitar nuestra censura y resistencia frente ellas. Es más, entiendo que especialmente las del actual Ejecutivo, que en su reciente Plan de Derechos Humanos se marcaba como objetivo prioritario “la lucha contra la impunidad”. Curiosa manera de combatirla sería justamente borrar del mapa uno de sus mecanismos más destacados, el principio de jurisdicción universal; pero si esto es lo que debemos discutir, al menos solicitar que el debate se presente en sus justos términos. Yo propondría los siguientes: ¿Deseamos mantener en nuestra legislación el compromiso por la justicia universal y la sanción de aquellos que atentan contra la esencia de los valores de la Comunidad Internacional, o preferimos olvidarnos de estas cuestiones y evitarnos los inconvenientes consabidos de tal actuar en el escenario de la Realpolitik? PÚBLICO. 22-5-2009